El Salvador tiene desde 1998 un sistema de pensiones de capitalización individual, administrado por empresas privadas, en el que cada trabajador tiene una cuenta de ahorro a su nombre y acumula dinero para su futura jubilación.
En ese tiempo las expectativas de un sistema privado eran muy prometedoras pues se esperaba que los cotizantes aumentaran año con año y que las condiciones económicas elevaran la pensión para los salvadoreños.
Este año, la nueva Asamblea Legislativa que asumirá sus funciones el 1 de mayo, y en la que la mayoría de diputados pertenecen al partido oficialista de Nayib Bukele, se aprestan a discutir una nueva reforma de pensiones.
Pero el sistema ha sufrido una transformación significativa como producto de las constantes reformas que se han hecho a lo largo de los años.
Desde que las reservas técnicas del Gobierno para pagar a los jubilados del sector público se agotaron entre 2000 y 2001, el Gobierno comenzó a proponer cambios legales para encontrar financiamiento en el sistema de pensiones privado que apenas tenía tres años de haberse creado.
La creación de Certificados de Traspaso (CT) fue una de las primeras medidas obligatorias que se hicieron para que el Gobierno siguiera pagando pensiones públicas con dinero de los cotizantes privados.
Pero de todas ellas, la más significativa ha sido la de 2006, cuando durante el gobierno de Antonio Saca, la Asamblea Legislativa aprobó la creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) con el que obligó a las AFP (y en definitiva a los trabajadores) a prestarle dinero para que el Gobierno pudiera pagar la pensión de los jubilados del sector público.
Con esta reforma de ley el Gobierno logró meter mano en el ahorro privado de los trabajadores, pagándoles una tasa de interés muy baja, lo que a la fecha ha implicado un daño irreversible para la rentabilidad de los cotizantes.
René Novellino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) explica que entre 2001 y 2016 han habido al menos 5 reformas que han tenido un carácter obligatorio y que lejos de mejorar las condiciones del ahorro de los trabajadores lo ha empeorado.
“La inversión obligatoria en CIP establecida en 2006 y las sucesivas reformas para aumentar el límite de compra han significado que los afiliados han dejado de percibir un estimado de más de $3,000 millones en rentabilidad, que es la diferencia estimada de lo que hubiera generado la inversión en otros instrumentos a tasas de mercado”, afirmó.
En 2006 también hubo una reforma significativa que distorsionó el sistema y siguió agregando cambios que a la fecha suelen ser incomprendidos incluso por los mismos cotizantes, pues desconocen las diferencias entre ellos.
Uno de los cambios que genera más confusión entre los cotizantes es la división sobre los jubilados que hizo el Decreto 100.
Ese decreto, propuesto siempre por el gobierno de Antonio Saca, otorgó una pensión mínima vitalicia a quienes se jubilaran después del 23 de septiembre de ese año.
Este cambio, hecho durante la misma aprobación del FOP, no solo dividió a los jubilados en dos grupos: los Pre-FOP y los FOP, con cuestionadas desigualdades entre ellos, sino que además no contaba con un financiamiento seguro.
A la fecha el Gobierno sigue obligado a pagar pensión mínima a cientos de trabajadores (del grupo FOP), cuyos ahorros no eran suficientes para mantener una pensión vitalicia. Esto ha representado una carga de gastos para el Estado.
Al 28 de febrero 2021, el Gobierno tiene una deuda con el sistema de pensiones de $5,619.1 millones solo a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
Este dinero pertenece a los trabajadores y el Gobierno debe reponerlo cada mes con amortizaciones de capital e intereses para que sume a la cuenta individual de cada trabajador.
En 2012 otra reforma obligó a las AFP a que le prestaran al Gobierno el 45 % de sus fondos y no un 35% como estaba estipulado antes. Esto permitió al Gobierno tener más dinero de las cuentas individuales de los trabajadores en sus manos.
¿Cómo le impacta a su pensión si retira parte de su ahorro?
Mayor rentabilidad
Pero no todas las reformas han sido negativas.En 2014, la presión de trabajadores agremiados en el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Contradefop) logró que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal la baja tasa de interés que el Gobierno estaba pagando a los cotizantes por tomar prestado su dinero a través del FOP.
Ese año marcó una fecha importante para los trabajadores, pues a partir de ahí lograron pelear por una mejor tasa de interés para sus ahorros.
El 24 de diciembre de ese año la Corte declaró inconstitucional varios artículos de la Ley FOP y ordenó a la Asamblea Legislativa que decidiera sobre una mejor tasa de interés en beneficio de los trabajadores.
Además fue la punta de lanza para que en 2017 se hicieran una serie de reformas que derivaron en más beneficios para los cotizantes.
La creación de una Cuenta de Garantía Solidaria, un mejor recálculo de las pensiones y beneficios a corto plazo, como el anticipo del 25% del saldo del ahorro pero cumpliendo requisitios de edad, fueron de los cambios más notorios.
También hubo otros como la creación de dos comités (de riesgo y de inversiones) que les dieron la autoridad de evaluar el sistema de pensiones y futuros cambios.
Las más recientes reformas que la Asamblea aprobó fueron en 2020 que aumentaron la pensión mínima de $207 a $304 y también logró que los cotizantes puedan obtener el 25% de su saldo de pensión sin tener que cumplir años de jubilación.
Ahorros de los trabajadores en la mira del Gobierno
Cambios pendientes
Pero pese a que el sistema ha tenido diferentes cambios a lo largo de los años, sigue sin resolver problemas estructurales para los que no ha habido ninguna reforma o propuesta de ley. Por ejemplo, una mayor cobertura y más diversidad de opciones de inversión de los ahorros siguen estancadas.
De los 3,682,438 salvadoreños afiliados a las dos principales AFP, solo 724,176 cotizan regularmente, es decir, solo un 19% tiene garantizada una pensión para el futuro.
La alta informalidad en la que trabajan los salvadoreños es el mayor obstáculo que ha impedido que más personas tengan la posibilidad de una pensión cuando ya no sean productivas.
“Mientras no se resuelva el problema de fondo de la informalidad, nuestro país siempre afrontará problemas de baja cobertura”, afirmó Novellino.
Además, tras 23 años, las AFP siguen limitadas de invertir dinero de los ahorrantes en diversas áreas que podrían multiplicar aún más el dinero y, contrario a lograrlo, se han reducido esas opciones en detrimento de los trabajadores.
Las AFP son hoy por hoy las empresas más reguladas por la Superintendencia del Sistema Financiero y sus comisiones por el manejo de los ahorros de los trabajadores se han reducido gradualmente, a través de las reformas de ley.
Para Novellino, lo importante de cualquier reforma que pueda plantearse esta vez es que se centre siempre en los afiliados y que, sobre todo, haya una amplia discusión basada en datos técnicos.
Alcanzar una mayor cobertura, como fue uno de los objetivos iniciales, y mejorar las pensiones para los jubilados siguen siendo los grandes objetivos a alcanzar.
