Abogados querellantes, miembros de la organización de derechos humanos, Cristosal, y de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHE) pidieron al Órgano Judicial que resuelva pronto dos incidentes que han sido presentados en el desarrollo del proceso judicial en el caso de la masacre de El Mozote, para no dilatar más el acceso a la justicia de familiares de víctimas de la masacre en este caso.
En conferencia de prensa realizada este día en un hotel capitalino, los abogados de Cristosal afirmaron que las peticiones hechas por dos abogados defensores no reúnen los requisitos técnicos de ley para recusar (pedir que lo aparten) a un magistrado de Cámara y dos magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Según David Morales, de Cristosal, la recusación contra el magistrado de cámara, presentada por un defensor, debe conocerla la Sala de lo Penal, pero a su vez, otro de los defensores ha pedido la recusación de una magistrada y un magistrado de la Sala de lo Penal. Esta última debe conocerla el pleno de la Corte.
De acuerdo con Morales, como ha actuado el sistema de justicia en otros casos, temen que las dos peticiones no sean resueltas pronto, lo cual retrasaría aún más el deseo de justicia que por años se les ha negado a los familiares de las víctimas.
La petición en concreto, tanto de Cristosal como de APDHE, es que los dos incidentes sean resueltos lo más pronto posible y de esa manera llegar a la vista pública (o juicio) en el menor tiempo posible.
En este caso, a principios de marzo se conoció que los fiscales asignados, presentaron una recusación contra el juez que instruye el proceso, Jorge Guzmán, alegando que en una tesis de graduación, había adelantado criterio sobre ese hecho. Sin embargo, días después, la misma Fiscalía desistió de la recusación, para no retrasar más el proceso.
Tanto abogados como familiares de las víctimas expresaron que si bien la Fiscalía dio marcha atrás en esa pretensión, abrió posibilidades para la defensa, quienes han recurrido al mismo recurso.
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No es la primera vez que los defensores de los militares acusados intentaron bloquear el proceso judicial.
Anteriormente, dos abogados intentaron que al juez Jorge Guzmán se le abriera un antejuicio por el delito de prevaricato, pero la Corte Suprema de Justicia desestimó tal solicitud.