Más de un año después que la alcaldía de San Salvador dirigida por Ernesto Muyshondt firmara un contrato con la empresa mexicana Eye Tech Solutions (ETS), para el proyecto de videovigilancia en la capital llamado Smart City, salen a la luz detalles de ese documento que mantuvo en reserva la municipalidad.
Uno de los puntos clave del contrato es la cláusula séptima sobre las obligaciones de la empresa contratada por la comuna, la cual implementará los desarrollos tecnológicos asociados a Smart City para, entre otros usos, el “reconocimiento facial” de los ciudadanos en el marco de la videovigilancia.
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De acuerdo al contrato, la empresa deberá “presupuestar, ejecutar integralmente y cumplir a cabalidad con las actividades de desarrollo tecnológico asociado al Smart City que se planifiquen en conjunto con la Alcaldía Municipal de San Salvador, en virtud de la destinación presupuestal asignada en el modelo financiero aceptado por la Alcaldía Municipal de San Salvador”.
También indica que hay “valores agregados” que solo se implementarán una vez, ya que no serán parte del plan de “renovación” en el que se incluye: reconocimiento facial (Anyvisión), pantallas en Arcos, video sinopsis (herramienta de Briefcam), sala de prensa, entre otros.
ESPERA DE CASI UN AÑO POR LA INFORMACIÓN
El Diario de Hoy solicitó en marzo 2020 la copia del contrato, así como documentos sobre la evaluación de las ofertas que recibió la alcaldía para el proyecto de videovigilancia, pero la comuna negó la información alegando que tenía reserva porque, entre otros argumentos, se ponía en riesgo la seguridad nacional. Ante ello, se apeló al Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP).
INSTITUTO ORDENÓ LA ENTREGA DE DATOS
Finalmente, el Instituto resolvió en septiembre 2020 que la alcaldía desclasificara la información y la entregara a los peticionarios y fue así que el 23 de septiembre el año pasado, mediante un memorando, la municipalidad capitalina revirtió la reserva de documentos sobre el proceso de contratación con la empresa mexicana ETS y se entregó la información solicitada.
Según el análisis jurídico que hace el abogado José Marinero sobre las implicaciones del contenido del contrato, esa cláusula en la que se deja en manos de una empresa extranjera, en este caso ETS, los datos biométricos de los ciudadanos, representa un “riesgo a la privacidad y datos personales”, pues además de la tecnología de grabación de video y audio, en el contrato se menciona expresamente el uso de tecnologías para el “reconocimiento facial” como parte del nuevo servicio de Smart City.
“Tanto la videovigilancia (con video y audio) como el reconocimiento facial podría ser utilizado para fines de seguridad ciudadana y prevención del delito. Sin embargo, también es cierto que en la experiencia comparada la recolección de datos biométricos por cámaras y sensores gubernamentales ha supuesto riesgos a los derechos ciudadanos y, dado que el contrato no contiene información alguna sobre el tema, plantea serias dudas”, afirma el abogado.
Durante entrevista con El Diario de Hoy, Muyshondt defendió el contrato millonario que firmó con ETS para proveer el servicio de videovigilancia por 15 años (ver entrevista en edición de martes).
También ha destacado en declaraciones que Smart City no solo tiene el componente de seguridad y no se limita a las cámaras, sino que “también va a darle más herramientas a la PNC para poder combatir el crimen, a darle elementos a la Fiscalía General de la República para que pueda judicializar y lograr condenas de aquellos que cometan actos criminales en la ciudad”.
El artículo 6 de la ordenanza municipal de la Alcaldía de San Salvador también hace referencia al reconocimiento facial como parte de los servicios de Smart City.
“Es el brindado por el Municipio, a través de la plataforma integral de elementos tecnológicos instalados y distribuidos en la ciudad de San Salvador, por medio de un anillo de fibra óptica, conexiones inalámbricas u otro tipo de red, con la finalidad de permitir la interconectividad y supervisión local y/o remota de imágenes y audio en beneficio de los ciudadanos, así como el tratamiento digital de las imágenes, para aplicaciones como el reconocimiento de la placa vehicular (matrícula) o reconocimiento facial, entre otras, todo lo cual será administrado desde un moderno centro de operaciones a cargo del municipio”, dice en la ordenanza.
Para el abogado, esto genera varias dudas, como por ejemplo: ¿para qué finalidades se utilizará la vigilancia mediante video y audio y, particularmente, el reconocimiento facial?; ¿cómo se garantizará el tratamiento de datos personales, incluyendo los biométricos?, entre otras.
Marinero remarca que el país aún no cuenta con una ley actualizada para la protección de datos personales, aunque menciona que sí hay jurisprudencia constitucional y un capítulo de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) al respecto, pero a su juicio “la falta de regulación podría propiciar abusos en la recolección y tratamiento de estos datos personales”.
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“La falta de normas y la falta de datos específicos en el contrato además deberían ser una alarma sobre el potencial que tienen estas herramientas tecnológicas, que permiten identificar ciudadanos específicos, determinar su ubicación específica en tiempo real, seguir sus desplazamientos, registrar sus interacciones y rutinas, etc., para utilizarse con fines de intimidación y represión de personas u organizaciones que resulten incómodas al gobierno que las utiliza. Este me parece un riesgo mayúsculo en las actuales condiciones hostiles para el espacio cívico en El Salvador”, asevera el abogado.
El gerente de tecnología de la alcaldía de San Salvador, Giovanny Faggioly, confirmó durante entrevista a El Diario de Hoy junto al alcalde capitalino, que serán 1,195 cámaras distribuidas en 427 puntos del municipio, las cuales tendrán capacidad de leer placas de vehículos.
“Así que esa es la razón por la cual son 427 puntos de videovigilancia, 30 puntos wifi, también tenemos 25 puntos para la alarma de pánico y 7 arcos, dependiendo del arco van a incluir aproximadamente 4 a 6 cámaras de lectura de placas”, detalla Faggioly.
El abogado Marinero añade que con ese tipo de tecnología “ya no haría falta que la Policía envié a sus fotógrafos a documentar las manifestaciones y marchas contra el gobierno, una práctica de por sí contraria a los derechos a la libre expresión y asociación, pues bastaría con utilizar el sistema de video vigilancia, que integrado con el reconocimiento facial, podría evidenciar quiénes asisten a determinada marcha y todo en tiempo real. Creo que la alcaldía nos debe respuestas a los ciudadanos de cómo utilizará esta tecnología y bajo qué garantías”, concluye.