Se retrasa fallo de juicio contra "Chepe Diablo" por lavado de dinero

El tribunal Segundo de Sentencia reprogramará el fallo hasta una Cámara de lo Penal resuelva dos peticiones hechas por la defensa de los acusados al inicio del juicio.

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La defensa asegura que Salazar Umaña ya fue juzgado por evasión de impuestos en el orden de los $500,000 por los mismos hechos. Foto: EDH / Archivo

Por David Marroquín

2021-04-06 4:11:39

El tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador suspendió ayer la lectura del veredicto del juicio contra José Adán Salazar Umaña conocido “Chepe Diablo”; el exalcalde de Metapán, Juan Samayoa Umaña, y cuatro familiares, acusados de lavar $132 millones.

El referido tribunal reprogramará el fallo hasta que la Cámara Segunda de lo Penal resuelva dos peticiones hechas por la defensa de los acusados al inicio del juicio.

“El tribunal se abstiene por el momento de dar el fallo y va a convocar nueva fecha cuando tenga la resolución de la Cámara respectiva”, dijo una de las fiscales.

Los defensores alegan que no hay delito que perseguir y también argumentan que existe un doble juzgamiento, debido a que Salazar Umaña ya fue juzgado por evadir más de $500,000 en impuestos.

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En ese proceso, “Chepe Diablo” fue exonerado de los cargos, luego de haber pagado la referida cantidad monetaria al Ministerio de Hacienda.

“Esas exenciones ya fueron resueltas por la Cámara Primera de lo Penal. La defensa siguió interponiendo las mismas exenciones, son cosas que están resueltas por otra Cámara”, alegó la fiscal.

Salazar Umaña se limitó a decir a la prensa que él siempre ha estado a disposición de la justicia porque se considera inocente de los cargos que la Fiscalía le imputa.

Fiscalía General pidió entre 15 y 20 años de prisión para José Adán Salazar Umaña, el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, y sus familiares Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Nohemy Salazar de Cruz y Romelia Guerra Argueta.

El período investigado abarca de 2013 a 2017, en el que se presume que adquirieron unas 32 empresas que sirvieron como fachadas para lavar dinero, según la Fiscalía.

A inicios de febrero, la defensa de “Chepe Diablo”, el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa y tres de sus parientes, cuestionaron en el juicio que se les sigue por lavado de dinero, que la Fiscalía no ha logrado comprobar que los cinco acusados hayan conformado una “estructura criminal” dedicada al lavado de dinero.

“¿De dónde sacan que son una estructura criminal?”, preguntó el defensor, Enrique Araujo en ese momento. Enseguida dijo que “para esto deben probar dominio, funciones de los hechos… ¿dónde están los medios de prueba para establecer los hechos?”, volvió a cuestionar Araujo.

Salazar Umaña se limitó a decir a la prensa que él está a disposición de la justicia porque se considera inocente de los cargos que la Fiscalía le imputa. Foto: EDH / Archivo

Luego cuestionó los informes financieros en los que se sustentan el supuesto lavado de dinero realizados por los peritos financieros presentados por la Fiscalía General.

“La pericia financiera tiene muchos errores. Ellos (peritos) hicieron la pericia con lo que se les puso a su disposición”, alegó Araujo.

El pasado 12 de marzo, el tribunal Segundo de Sentencia había programado el fallo para hoy. Ese mismo día, la Cámara Primera de lo Penal revocó la libertad condicional que el juez interino Cuarto de Instrucción de San Salvador le otorgó a José Adán Salazar Martínez, hijo de José Adán Salazar Umaña.

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“Revócase lo resuelto por el Juez Cuarto de Instrucción Interino, en que se decretó el cese de la detención provisional del imputado José Adán Salazar Martínez, y le impuso medidas sustitutivas, subsistiendo, por lo tanto, su detención provisional”, señaló la Cámara en su resolución.

La Fiscalía General pidió entre 15 y 20 años de prisión para los cinco imputados: José Adán Salazar Umaña, “Chepe Diablo”; al exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa; y sus familiares Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Nohemy Salazar de Cruz, y Romelia Guerra Argueta, a quienes se les atribuye haber lavado $132 millones, de acuerdo a la pericia presentada por el Ministerio Público.