Para el experto en política exterior, Napoleón Campos, no hay duda. Señala que el anuncio de la congresista estadounidense Norma Torres de publicar esta semana la lista de corruptos de Centroamérica significa un campanazo más de alerta sobre a lo que se expone el gobierno del presidente Nayib Bukele en cuanto a sanciones severas de parte de Estados Unidos, si continúa profundizando las violaciones a los derechos humanos y al Estado de Derecho.
“Aquí el presidente Bukele no tiene opción B, solo hay opción A y la opción es rectificar. Esta es una llamada gravísima de atención para el presidente Bukele a rectificar, él no tiene opción B, solo una opción que se llama rectificación democrática”, apuntó Campos.
Torres, congresista del estado de California, anunció por medio de un comunicado oficial que esta semana se publicará la lista de corruptos de la región. El aviso se da después de que la funcionaria fue atacada por Bukele en Twitter, tras las críticas de Torres hacia las políticas migratorias impulsadas por los gobiernos centroamericanos.
Según Campos, los Departamentos de Estado de EEUU le están respondiendo con este informe a los congresistas que así se lo pidieron al presidente estadounidense Joe Biden el pasado 25 de enero.
Y que también puede ocurrir que el anuncio de Torres se enmarque dentro de las posibilidades que integren tanto las sanciones que da la “Ley Global Magnitsky” con la lista Engel contenida en el "Omnibus Bill" del 26 de diciembre de 2020.
La Ley Global Magnitsky, aprobada en Estados Unidos en 2012, persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos y autoriza a los gobiernos a sancionar a los infractores, mediante el congelamiento de activos extranjeros, también prohíbe a los sancionados el ingreso al país firmante.
En opinión de Campos estas sanciones no nacen de la noche a la mañana, para el caso de El Salvador están directamente relacionadas con el deterioro democrático gradual que ha tenido el país desde la incursión militar del 9 de febrero de 2020 a la Asamblea Legislativa. Añade que son “producto de años de corrupción endémica” que ha sufrido la Nación.
Según Campos, la aplicación de la Ley Global Magnitsky sería un hito en la historia de El Salvador y, a su manera de ver, implica un importante giro de timón en las relaciones de Centroamérica con Estados Unidos, especialmente de El Salvador con el país norteamericano.
“Ese golpe de timón nos tiene que llevar a la rectificación democrática, sería lo peor que nos llevara a una agudización de las sanciones, porque Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá también han aplicado en el pasado a tiranos, déspotas y autócratas sanciones de más nivel, sanciones económicas; entonces sería lo peor, porque quien pierde es el país y aquí los responsables de esto son los llamados a rectificar”, ahondó Campos.
El experto presume que con el reporte de Prácticas de Derechos Humanos 2020, emitido el martes pasado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y en el que se mencionan a funcionarios y aliados del gobierno de Bukele, se puede intuir que las sanciones podrían estar dirigidas también a instituciones gubernamentales.
“Ya aparecen miembros de su gabinete como personas de interés del informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de la semana pasada. Esto nos hace pensar, a los que conocemos de estos casos, ya que al ser mencionados y puestos en relieve individuos como Walter Araujo, mencionado en el informe, como el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya y otros miembros del gabinete del presidente, está mencionado el director de la PNC, el ministro de la Defensa y el mismo presidente de la República, porque señalan los sucesos del 9 de febrero, donde se instrumentaliza a las Fuerzas Armadas y a la PNC para intervenir la Asamblea Legislativa”, esgrimió Campos.