“La Constitución protege la libertad de expresión, incluyendo la de prensa, pero por momentos el Gobierno no respetó este derecho”.
Esa es la conclusión que arroja el informe reciente de derechos humanos en El Salvador, redactado por el Departamento de Estado, la institución rectora de la política exterior de los Estados Unidos.
En el apartado de respeto a garantías fundamentales de su reporte, el gobierno estadounidense dacuenta de cómo periodistas de múltiples medios de comunicación “acusaron públicamente al presidente (Nayib) Bukele, su administración y sus seguidores de un patrón de acoso designado a limitar a los medios de comunicación”.
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En sus menos de dos años en el gobierno, uno de los legados de la administración Bukele es precisamente haber dado numerosos golpes a la libertad de prensa y, por ende, al derecho de la ciudadanía a recibir información independiente sobre cómo se administran los impuestos y la cosa pública.
De hecho, en mayo de 2020 y cuando Donald Trump todavía era presidente estadounidense, el mismo Departamento de Estado advirtió que el gobierno de Bukele hacía esfuerzos por silenciar a los medios y periodistas críticos.
Pese a esta advertencia, la administración Trump siguió mostrando un respaldo casi incondicional a Bukele, a cambio de que este se plegara casi por completo a las cuestionables medidas migratorias de ese gobierno estadounidense.
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En su informe reciente, el Departamento de Estado consigna que “en declaraciones públicas y en testimonios a la Asamblea Legislativa, periodistas afirman que Bukele y sus funcionarios les han acosado en Twitter, amenazado con daños físicos” y lanzado investigaciones fiscales de forma irregular.
El reporte da cuenta de cómo el periódico digital El Faro señaló al Ministerio de Hacienda de realizar “prácticas agresivas de auditoría” para castigarles por sus reportes críticos, especialmente uno que mostraba negociaciones entre el gobierno y la pandilla MS-13.
En conferencia de prensa, Bukele incluso dijo que les investigaban por lavado de dinero, algo de lo que El Faro no había recibido ninguna notificación previa. El medio denunció que Hacienda les pedía información que poco tenía que ver con lo tributario y que abría la puerta a censuras.
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Asimismo, EE. UU. consigna que el gobierno de Bukele ha cerrado la puerta a periodistas para que participen en conferencias de prensa. En septiembre de 2019, cuando se presentó a la CICIES, agentes de la seguridad presidencial impidieron el acceso de periodistas de los medios digitales El Faro y Factum.
Cuando El Diario de Hoy denunció esta afronta a la prensa, el gobierno canceló toda la pauta publicitaria en este medio, instrumentalizando este tipo de anuncios que ahora sirven como forma de premio o castigo a medios de comunicación. Este abuso también es consignado por el Departamento de Estado en su reporte.
“Según reportes de los medios de comunicación, la administración Bukele canceló punitivamente toda la pauta gubernamental en el periódico El Diario de Hoy después de que este reportó el bloqueo a algunos periodistas de participar en conferencias de prensa del presidente”.
Finalmente, EE. UU. da cuenta del lanzamiento de una red de medios oficialistas y cita a un funcionarios de la Asociación de Periodistas de El Salvador que los considera “propaganda gubernamental disfrazada de periodismo” que, además, es financiada con recursos públicos.