Desde hace unas semanas han llegado las esperadas vacunas contra la COVID-19 al país. Por ahora –y pinta que para largo rato-– están siendo distribuidas exclusivamente por el Estado, con una metodología que no se ha dado a conocer al público en general.
Es lógico preguntarse por qué esa exclusividad, pues el sentido común dicta que cuando se presenta un problema de urgente solución, es siempre mejor optar por la colaboración y el involucramiento de muchos actores, en lugar de depender de un solo agente.
El desarrollo mismo de la vacuna es una muestra de lo dicho: imaginemos por un momento que la OMS, o cualquier institución de ámbito mundial, se hubiera adjudicado la exclusividad en el desarrollo de la vacuna… Gracias a Dios no fue así: lo que hubo fue una carrera, una sana competencia, entre farmacéuticas de todo el mundo para desarrollar el antídoto. Y se logró: ahora se cuenta con varias ofertas y diferentes opciones para inmunizarse contra la enfermedad.
Cuando hay posibilidades, es natural optar por las soluciones menos malas o, al menos, no impedir que se pongan en marcha alternativas más rápidas, eficientes, y reales.
De hecho, al menos hasta ahora, todo parece indicar que la estrategia por la que apuesta la burocracia: un solo comprador, un solo distribuidor, un solo actor –a juzgar por las noticias que nos llegan desde otros países- no ha hecho más que entorpecer y hacer más lenta la vacunación.
Si además se suma que dicha estrategia se implementa en el marco del trío politización-burocratización-propaganda, no es necesario tener mucha imaginación para figurarse cómo van a terminar las cosas.
Alguno que me lee podría decir que si Estados Unidos ha optado por esta fórmula: la distribución estatal de la vacuna, quizá no sea tan mala como podría parecer a primera vista. Sin embargo; aparte de que ese país no es un modelo único, pues hay más posibilidades de las cuales aprender; a la hora de estudiar cómo lo están haciendo, habrá que tomar en cuenta que –al menos– hay más de cincuenta formas de distribuirla, tantas como Estados de la Unión, y esto ha dado muy buenos resultados (que han sido replicados) y malas soluciones (que van siendo desechadas).
De hecho, habría que citar cómo en los Estados de la unión americana donde se ha seguido al pie de la letra el plan gubernamental muchas dosis han terminado en los basureros, sencillamente por vencimiento del producto. Mientras en otros, en los que se puede uno vacunar en la farmacia de un supermercado, por ejemplo, la aplicación no solo se ha completado según los planes, sino que, además, hay personas que se han beneficiado recibiendo la dosis de alguien que no se presentó a la cita correspondiente.
A fin de cuentas, no se trataría de escoger entre una distribución liderada por el sector público y otra por el Estado, sino de alcanzar lo mejor de ambos mundos, pues son cauces de acción (como en la educación, la salud y la seguridad) que pueden coexistir, y conseguir el mayor número de personas vacunadas en el menor tiempo posible.
Pensando bien las cosas, y tomando en cuenta que muchas empresas estarían dispuestas a pagar para que sus empleados fueran vacunados, que buena parte del personal de salud (y de educación) que trabaja en el sector privado no dudaría en aplicársela si estuviera disponible, que si el Estado permitiera la acción privada los escasos recursos públicos podrían enfocarse en los más vulnerables, etc., queda un poco más claro que permitir la distribución privada presagia muchos mejores resultados que no hacerlo.
Para muestra un botón: veamos la gran diferencia en eficacia, disponibilidad, oferta de pruebas PCR-RT que se tuvo cuando el gobierno dejó de ser el único proveedor… todos salimos ganando. Entonces, en el caso de la vacuna ¿por qué no?
Ingeniero/@carlosmayorare