Bloquear información de vacunas es ilegal e impide a la gente saber dónde y cuándo será vacunada, dicen expertos

Expertos en transparencia y derechos humanos no ven ninguna razón por la que el gobierno pueda ocultar datos que atañen la salud y la vida de los salvadoreños.

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Según expertos en transparencia, la reserva declarada por Salud al plan de vacunación afecta el derecho de la gente a estar informada sobre cuestiones relacionadas a su salud y su vida. Foto: EFE

Por Ricardo Avelar

2021-03-24 6:52:59

Ante la declaratoria de reserva de información que hizo el gobierno sobre datos relativos a la adquisición de vacunas y el proceso de suministro de las mismas, expertos en transparencia afirman que esto afecta el derecho de la gente a estar informada sobre cuestiones relacionadas a su salud y su vida.

“Esta información no tiene fundamento legal alguno para estar clasificada como reservada”, dijo a El Diario de Hoy Wilson Sandoval, coordinador del centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac-Funde).

A su juicio, no aplica la justificación que da el Gobierno, que busca ampararse en el artículo 19, literal d de la Ley de Acceso a la Información (LAIP) para ocultar estos datos.

VER: Salud pone bajo reserva durante 5 años información sobre procesos de adquisición de vacunas contra COVID-19

Ese artículo dice: “Es información reservada (...) d. La que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.

A su juicio, la consideración que ha dado el Gobierno no aplica para mantener estos datos ocultos por cinco años, en el caso de la adquisición de las vacunas, y tres años para datos sobre las cabinas de inoculación y el plan de despliegue de las dosis.

Según el coordinador de Alac-Funde, no basta con citar el artículo 19 de la LAIP. El gobierno tiene que justificarlo y eso debe respetar la legalidad, cumplir con razonabilidad (demostrar que la reserva realmente protege los derechos que alega proteger) y temporalidad (explicar por qué los salvadoreños están más seguros al no poder revelar esta información por el periodo determinado).

Ninguna de esas características está presente en esta declaratoria de reserva, señala.

Información de salud, constantemente escondida, opinan expertos

Y más allá de la aparente ilegalidad de dicha declaración, Sandoval critica que hay “un patrón del Ministerio de Salud de reservar cualquier cuestión que tenga que ver con la misma salud”.

Dentro de esto, ilustra, han reservado el Plan Nacional de Salud, información sobre las pruebas del COVID-19, de decesos y en su momento, de los centros donde retenían a los presuntos violadores de la cuarentena domiciliar.

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“Nunca explican a cuenta de qué esa información se reserva en razón de preservar un interés mayor”, dice, y cuestiona: “¿Cómo me afecta a mí saber el precio de las vacunas o el despliegue? Al contrario, me beneficia saber dónde puedo vacunarme y cuándo”.

Xenia Hernández, directora de la Fundación DTJ, condenó esta reserva y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un llamado a que la información relativa al COVID-19, pruebas y vacunas sea pública e incluso oficiosa. Es decir, que esté disponible aun si no ha sido solicitada por la ciudadanía.

“Deberían estar informando proactivamente porque son datos de alta relevancia para que el manejo de la pandemia tenga mayor impacto y resultado”, dijo.

A su juicio, es necesario saber cuál será el despliegue de vacunas, cuál es la inversión detrás de este, a quiénes priorizarán y bajo qué criterios, y qué tipo de vacunas se colocará a cada quién. “Esto dará mayor credibilidad al proceso”, indica la experta en transparencia.

Reserva es violatoria a los derechos humanos fundamentales

Un defensor reconocido de derechos humanos, quien pidió no ser citado, dijo que este bloqueo “afecta el derecho de la gente a estar informada sobre cuestiones vitales sobre su salud individual, salud pública y la vida de todos los habitantes”.

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Agregó que toda la gente tiene el derecho a saber sobre la cobertura que habrá de la vacunación. “No hay justificación alguna que habilite razonablemente la negación de este tipo de información vital”, añade.

Lejos de representar un riesgo a la seguridad de cualquier persona, manifiesta que el Estado está obligado a brindar esta información a quien lo solicite.

Además, este defensor de derechos humanos manifiesta: "En el fondo de este caso está el derecho a la verdad del pueblo salvadoreño, es decir, el derecho a saber sobre algo fundamental que le atañe directamente, como lo es el acceso a información sobre la vacunación en el país, para hacer frente a una de las pandemias más graves que ha enfrentado la humanidad, y así poder salvar vidas humanas y preservar la salud pública y privada de los salvadoreños, sin discriminación ni privilegios".