El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este martes 23 de marzo una nueva resolución contra Nicaragua en la que se condena la represión en el país, el acoso a activistas y cooperantes con la ONU, y se pide al Gobierno de Daniel Ortega que permita las protestas pacíficas contra el régimen.
La resolución, presentada a propuesta de ocho países americanos, se aprobó con 20 votos a favor, 18 abstenciones y ocho en contra, entre estos últimos los de Venezuela, Cuba, Bolivia, Rusia y China.
La delegación colombiana, en representación de los promotores de la resolución (Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, la propia Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú), destacó que el texto busca "contribuir a la solución de la delicada situación en Nicaragua", que "se ha exacerbado por la pandemia y los desastres naturales".
A la vista de la resolución e informes previos del Consejo que han sido críticos con Nicaragua, Colombia urgió al Gobierno nicaragüense a que "coopere con las organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos y acepte sin dilaciones la asistencia humanitaria".
La delegación austríaca, en nombre de los países de la Unión Europea que mostraron su apoyo a la resolución, denunció la continuidad de los "actos de intimidación, acoso, detenciones y vigilancia arbitrarias a opositores políticos, periodistas y sociedad civil en Nicaragua".
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Una situación que en opinión de los países europeos ha empeorado con recientes reformas del código penal nicaragüense y otras instancias legales, como señaló también el texto de la resolución.
Esta muestra "grave preocupación por las continuas noticias de violaciones de derechos humanos, abusos e impunidad desde abril de 2018, con persistente prohibición de manifestaciones públicas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas, y actos de violencia de grupos armados".
El texto denuncia las restricciones al espacio cívico, con intimidación, acoso y vigilancia ilegal de defensores de derechos humanos, "también en el contexto de la pandemia de COVID-19".
Por ello, la resolución urge al Gobierno nicaragüense a "abandonar inmediatamente las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación como método para reprimir la crítica", y le pide "liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente".
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Por parte nicaragüense intervino en el Consejo de Derechos Humanos el asesor presidencial Paul Oquist, uno de los individuos sancionados por Estados Unidos a raíz de la actual crisis política, quien tachó la propuesta de "politizada y basada en grandes mentiras que reflejan las posiciones de golpistas".
"Constituye una agresión contra el pueblo de Nicaragua", añadió el también secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia, quien aseguró que el país centroamericano sufrió en 2018 un intento de golpe de Estado que como otros siete ocurridos este siglo en la región intentó derrocar gobiernos de izquierda.
En apoyo de Nicaragua, la delegación venezolana tachó de "inaceptable" que el Consejo de Derechos Humanos "siga la agenda de algunas potencias y sus aliados regionales, interesados en desestabilizar naciones soberanas".
El representante cubano ante el Consejo añadió que esta instancia "vive en una burbuja, alejado de la realidad y el más elemental sentido común".
México, pese a votar a favor de la resolución, lamentó que no reflejara la colaboración que Nicaragua ha tenido con agencias de la ONU para luchar contra la COVID-19 y atender a los afectados por los huracanes que afectaron a Centroamérica el pasado año.