Un grupo de 40 fiscales de la Unidad contra la Corrupción e Impunidad de la Fiscalía General de la República (FGR) allanó ayer las instalaciones de la Asamblea Legislativa como parte de una investigación por la presunta existencia de plazas irregulares, según informó el Ministerio Público.
La investigación fiscal se desarrolla debido a la supuesta existencia de plazas que aparecen como empleadas de ese Órgano de Estado, pero que solo llegan a cobrar salarios, y también se extiende a las personas que habrían autorizado esas plazas, según la Fiscalía.
El jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, German Arriaza, explicó que el allanamiento abarca a la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia Administrativa Financiera. El registro se hizo con una orden del juzgado Quinto de Paz de San Salvador, quien los autorizó a realizar la diligencia.
“Tenemos diversidad de elementos probatorios que nos permiten en esta etapa solicitarle al juez de paz correspondiente la autorización para realizar ese registro, hay ciertas diligencias de carácter documental y testimonial que se han incorporado y que nos han permitido que el mismo sea autorizado y por eso lo estamos llevando a cabo”, expuso Arriaza.
Con el allanamiento pretenden decomisar documentación y equipo informático que le permita a la FGR obtener elementos de prueba en la investigación realizada, dijo Arriaza.
Con la orden judicial, los fiscales tienen 3 días para poder decomisar documentación que consideren importante para la investigación de las denominadas “plazas fantasma”.
“Estamos en la etapa inicial y vamos a recolectar toda la información que nos permita establecer efectivamente si hay personas que están contratadas en esta institución y que no están desempeñando sus actividades laborales como la ley obliga”, manifestó Arriaza.
La investigación fiscal se extiende a establecer la “posible existencia de delito y también determinar con la misma investigación quién o quiénes participaron en distintas calidades en ese hecho y por ende, establecer algún tipo de responsabilidades”, indicó el jefe de la unidad Anticorrupción de la Fiscalía.
Con el allanamiento, la Fiscalía investiga si los responsables de haber autorizado las supuestas plazas irregulares habrían cometido los delitos de peculado (apropiarse de recursos del Estado) y de actos arbitrarios.
Informó que además de los fiscales, también hay técnicos informáticos que están participando en el registro en las dos áreas donde se verifican las contrataciones del personal que labora en las diferentes dependencias.
La orden de la Fiscalía se da luego de que el sindicato de trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) denunciara la existencia de más de 1,200 plazas fantasma en el Órgano Legislativo.
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El lunes, el fiscal general Raúl Melara dijo que ya se había iniciado una investigación por la posible existencia de las plazas irregulares en la Asamblea Legislativa, y añadió que “se toman muy en serio” todo lo que afecta al Estado.
“Desde el momento en que hemos tenido conocimiento de que hay posibles irregularidades en el otorgamiento de plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa hemos abierto el expediente correspondiente, ya hay una investigación en curso. Y no solo tenemos eso que ha aparecido en redes sociales, sino que también tenemos declaraciones de miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa afirmando de alguna manera que eso ha existido, por lo cual nosotros ya estamos investigando y realizaremos las diligencias que consideremos necesarias para poder encontrar la verdad”, dijo Melara.
Arriaza explicó que "vamos a recolectar toda la información que nos permita establecer si hay personas que están contratadas efectivamente en esta institución y que no están desempeñando sus actividades laborales como la ley obliga".
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La investigación fiscal se extiende a establecer la "posible existencia de delito y también determinar con la misma investigación quién o quienes pudieron haber participado en distintas calidades en ese hecho y por ende, establecer algún tipo de responsabilidades", dijo Arriaza.
Por el momento, la Fiscalía General investiga si los responsables de haber autorizado las supuestas "plazas fantasma" habrían cometido los delitos de peculado (apropiarse de recursos del Estado) y de actos arbitrarios.
Ponce denuncia intereses que le impidieron “limpiar la casa”
Tras las denuncias del sindicato la semana pasada, el presidente del Congreso, Mario Ponce, explicó que al asumir la administración de la Asamblea se encontró con que muchas plazas ya habían sido contratadas en gestiones anteriores. También mencionó que trató de “ordenar la casa”, pero no pudo por “intereses de otros partidos”.
Comentó que habría puesto en marcha un decreto de retiro voluntario en el que ofreció hasta $35,000 de compensación para que “se fueran todos aquellos que no trabajan en la institución o que están de más en la institución ¿Cuántos creen que aplicaron en ese decreto? Solo 14 personas, no se quisieron ir”, señaló. Además dijo que al asumir el cargo, el expresidente de la Asamblea, Norman Quijano de ARENA, le dejó “una situación complicada”.
En la Asamblea Legislativa hay 2,400 plazas, de las que cerca de 1,100 están asignadas a partidos políticos.
El pasado 12 de marzo, Ponce dijo que cuando asumió la presidencia de la Asamblea, al igual que al iniciar la presidencia de Norman Quijano, ambos se encontraron con una cantidad alta de plazas trasladadas de contratos a Ley de Salarios.
El presidente de la Asamblea se refirió específicamente al período en que el diputado Guillermo Gallegos, de GANA, fungió como titular del Legislativo, durante el último año y medio de la legislatura de 2015 al 2018.
Mario Ponce asumió el cargo en la Asamblea en la segunda mitad de la actual legislatura. El primer año y medio, el Congreso lo presidió el diputado Norman Quijano, de ARENA, quien recibió la titularidad del Parlamento del diputado Gallegos, quien finalizó su gestión en abril del 2018.