El ministerio de Hacienda deberá abstenerse temporalmente de requerir documentación clave de Trípode, Sociedad Anónima de Capital Variable (Trípode, S.A. de C.V.), propietaria del periódico digital El Faro, mientras se resuelve en definitiva un proceso de amparo a petición de la firma y se determina si esto más bien compromete la libertad de expresión y prensa y los derechos de los periodistas, ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En una resolución emitida este viernes, el máximo tribunal ordena que “se suspenda inmediata y provisionalmente” el requerimiento de los libros de actas de la Junta Directiva de la sociedad, los informes o reportes finales que se entregan a los cooperantes internacionales y los detalles sobre los suscriptores que realizan aportaciones periódicas
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La decisión de la Sala responde a un juicio de amparo promovido por El Faro contra la Dirección General, la Subdirección General y el Departamento de Investigación Penal y Normativa Tributaria, autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda, que iniciaron procedimientos en los que se ha estado investigando el comportamiento tributario de su representada con relación a los ejercicios impositivos de los años 2014, 2016, 2017 y 2018.
A juicio de los abogados de Trípode, existe el riesgo de que se vulneren los derechos a la libertad de expresión, libertad de información y a la autodeterminación informativa de los periodistas que ejercen –o han ejercido dentro de los periodos relevantes– sus labores en el medio de comunicación, particulares que aportan al mismo y de la sociedad actora.
“La revelación de la información cuestionada permitiría al Órgano Ejecutivo conocer aspectos propios de la línea editorial y de investigación del medio, así como secretos periodísticos relacionados a la metodología, fuentes y colaboradores del medio El Faro”, dicen los alegatos de los abogados.
Aunado a ello, se argumenta que la información privada de los suscriptores del referido medio carece de relevancia tributaria y debe ser protegida por tratarse de datos personales de carácter sensible.
La Sala aclara que esta resolución “no constituye –en forma alguna– una obstaculización a la facultad de fiscalización de la administración pública tributaria”, pues el objeto de este proceso no es controlar los procedimientos de fiscalización en sí mismos, ni definir –meramente– si la documentación e información cuestionada tiene relevancia tributaria, sino establecer si –como consecuencia de la eventual entrega de lo requerido– estarían en riesgo los derechos fundamentales a la libertad de expresión, libertad de información y a la autodeterminación informativa.
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A inicios de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió La CIDH emitió medidas de protección legal en favor del periódico digital El Faro y sus periodistas frente a las amenazas, hostigamientos, intimidaciones, así como de criminalización y estigmatización por parte del gobierno de Nayib Bukele.
La CIDH, uno de los órganos principales de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la promoción y defensa de los derechos humanos, ha ordenado las medidas cautelares al Estado de El Salvador considerando la “gravedad, urgencia e irreparabilidad” de los hechos, que van desde amenazas, discriminación, desacreditación a través de medios estatales y otras hostilidades.
Ante esto, le exige al gobierno de Nayib Bukele que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de 34 personas que forman parte de El Faro, así como para que “puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos”.