De acuerdo con un informe presentado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), durante el año 2020 El Salvador retrocedió en los procesos democráticos que se habían impulsado en el país desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
El informe titulado Evaluación de los Derechos Humanos en El Salvador Durante el año 2020 establece que este retroceso comenzó a hacerse más notable a partir de junio de 2019, fecha en que asumió como presidente de la República Nayib Bukele.
Según la institución, Bukele ha modificado drásticamente la realidad salvadoreña al tomar decisiones desde el Ejecutivo que afectan directamente a otros órganos del Estado.
Según la institución, los hechos ocurridos el 9 de febrero del año pasado marcaron el inicio de un continuo y reiterado irrespeto a la Constitución de la República por parte del mandatario y sus funcionarios del gabinete.
Este irrespeto se suma al discurso de odio impulsado desde las altas esferas del gobierno, mismas que, según el informe, se han dedicado a atacar y a invalidar a todos los sectores que no se alineen a su pensamiento.
FESPAD establece que esas acciones han invadido, incluso, la conciencia y el discurso de la población. “El Salvador está profundamente permeado de intolerancia, matonería e irrespeto en general”, se puede leer en el informe.
La pandemia por Covid-19 impulsó la violación de DDHH
En el documento, FESPAD reconoce que el inicio de la emergencia mundial por Covid-19 impulsó en gran medida las acciones que violentaron los Derechos Humanos en el país.
Por ejemplo, una de las principales medidas adoptadas por el gobierno a inicios de la pandemia, fue la creación de centros de contención que significaban un riesgo para las personas que eran remitidas hacia esos lugares, sobre todo porque no contaban con las condiciones básicas para garantizar un trato digno para los confinados.
La institución hace un recuento de los diferentes decretos que el Presidente emitió en el marco de la cuarentena estricta, a la vez que recordó que en tema de suspensión de garantías constitucionales, es la Asamblea Legislativa la única figura con facultades para hacerlo.
Además de los centros de contención, el informe recoge las diferentes detenciones arbitrarias que se realizaron los días siguientes al anuncio de la cuarentena domiciliar, especificando que en este tema, el Gobierno tuvo la obligación de justificar dichas detenciones a través de medidas sanitarias y no lo hizo.
Siempre en el marco de la cuarentena domiciliar, la Policía Nacional Civil (PNC) cometió abusos de autoridad actuando en nombre de lo decretado por el Presidente, por ejemplo, en abril de 2020 un joven resultó con lesiones graves en sus piernas cuando agentes policiales dispararon en contra de él cuando se negó a pagar un soborno a cambio de no ser remitido a un centro de contención.
Asimismo, según información proporcionada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en 2020 también incrementaron las agresiones a periodistas y, de acuerdo con el informe, el 90 % de las agresiones a la prensa vienen desde los diferentes ministerios, funcionarios y del presidente del país.
El irrespeto a la Constitución y las Leyes
Según FESPAD, el Gobierno irrespetó una gran cantidad de leyes durante el año 2020, entre las que destacan el incumplimiento del Código de Salud, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la Ley de Creación del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), del cual el Gobierno debe alrededor de $360 millones en pagos atrasados a las alcaldías; además, ha incumplido en reiteradas ocasiones la Ley de Ética Gubernamental.
Además de las leyes anteriores, durante el 2020 y, sobre todo, durante el estado de emergencia, el Ejecutivo incumplió la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) al otorgar contratos sin previas licitaciones y por usar dinero público a través de otros mecanismos ajenos a la LACAP.
Además, durante los primeros meses del 2021, el Ejecutivo también ha violado el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos al publicar propaganda partidista con fines electorales cuando la misma ley se lo prohíbe, además de inaugurar obras públicas durante el período en que no está permitido. Por estas acciones se han emitido varias sanciones por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Sin embargo, lo que más destaca en el informe es el constante irrespeto a la Constitución de la República que se impulsa desde la Presidencia, en el que prevalece la reiterada desobediencia a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.
De hecho, según FESPAD, una de las acciones que más demostraron el desconocimiento de Bukele hacia la Constitución, fue la ocurrida el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente interpretó a conveniencia un artículo que “facultaba” a la población a iniciar una insurrección si los diputados no se reunían en la sesión extraordinaria que el mismo presidente del Ejecutivo había, extralegalmente, convocado.
“Los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele no conocen la Constitución de la República, no saben de los avances democráticos en El Salvador, ni de derechos humanos y de sus responsabilidades a este respecto; y quienes puedan conocer de estas temáticas fundamentales, las desprecian, las ignoran y las atropellan con toda mala intención”, concluye el informe.