Fortalecer la lucha contra la corrupción desde la Sección de Probidad, promover la independencia de la judicatura y rechazar los intentos de otros poderes de someter al Órgano Judicial, proponen los candidatos a magistrados por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
El CEJ, una de las gremiales de abogados más antiguas de El Salvador, postula a los profesionales Francisco Díaz Rodríguez, Jaime Campos, Ricardo Tablas y Martín Martínez. Los cuatro competirán el domingo en las elecciones del gremio de abogados.
“Nunca en la historia más reciente las instituciones de la democracia de la República se habían visto tan acosadas como en este momento en que hay desobediencia a las leyes, desacato a las órdenes judiciales”, expresó el abogado Francisco Díaz Rodríguez, quien ha sido miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y ha ocupado otros cargos en la administración pública.
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“Da la impresión de que les estorba la ley, de que hay restricciones que no quieren aceptar, se está pretendiendo es botar todas las piezas del tablero y poner un nuevo tipo de juego a conveniencia”, advirtió.
“El Órgano Judicial es el fiel de la balanza que ponga los límites al poder del Estado y los ciudadanos”, explicó en entrevista con El Diario de Hoy.
Por lo anterior es importante que quienes resulten electos magistrados sean independientes no sólo de los partidos políticos, sino también de intereses económicos, gremiales o sindicales, religiosos y toda presión pública, es decir, absoluta, agregó Díaz Rodríguez.
“Se necesitan magistrados que juzguen hechos con base en la Constitución y la leyes y su conciencia y su capacidad jurídica”, enfatizó.
El abogado Campos subrayó que hay que fortalecer las instituciones para fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema. “Por ello la Corte debe convertirse en líder en el combate de la corrupción y para ello se necesitan funcionarios probos y responsables”, enfatizó.
En este sentido, fueron enfáticos en que con el gremio de abogados no funciona el llamado de Bukele a “elegir funcionarios que trabajen con el presidente” como lo ha hecho con la Asamblea Legislativa.
“No podemos tener sesgos ideológicos, porque si los hay no podemos garantizar que seremos imparciales en las resoluciones”, explicó Campos.
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Los abogados del CEJ proponen potenciar la Sección de Probidad, cuya ley, que data de 1959, debe ser actualizada y debe adaptarse a otras instituciones que combaten la corrupción, además de que tiene pocos investigadores y requiere de facultades coercitivas para recolectar información y nuevos criterios que tendrá para detectar el enriquecimiento ilícito de funcionarios, explicó el abogado Martín Martínez.
Su colega Ricardo Tablas considera que el país enfrenta la tentación de gobernantes de abarcar todo el poder, como sucedió con los expresidentes Funes y Saca y ahora con Bukele, quien hasta ha expresado que “si fuera dictador, ya hubiera mandado a fusilar” a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el tribunal que tutela los derechos humanos de los salvadoreños.
Ante una amenaza como esta, dice el abogado Díaz Rodríguez, “no hay más que poner el pecho y puede ocurrir. Lamentablemente nos hace retroceder a los años 70, pero hay que estar dispuestos a enfrentarlo”.
Para Tablas, le corresponde al gremio de abogados defender el Estado de Derecho frente a esas amenazas.
“El Órgano Judicial debe mantenerse hasta el último momento en la defensa de los principios constitucionales que sostienen un sistema de gobierno democrático, representativo y republicano”, afirmó.
“Hay que tener valentía e independencia”, dice por su parte el abogado Campos, “frente a las presiones que todo funcionario enfrenta de grupos de todo tipo”.
“Si no hay un clima democrático ni transparencia, la inversión se aleja, y el Órgano Judicial tiene mucho que ver en esta materia, con procedimientos rápido, soluciones efectivas y por eso es importante el rescate de la credibilidad de los ciudadanos”, explicó.
Cautela con reforma constitucional
Los profesionales del Derecho advirtieron que una reforma constitucional como la que está promoviendo el gobierno Bukele no puede pasar por alto las “cláusulas pétreas” que definen el Estado, sus características y procedimientos ni redactar una nueva Carta Magna a instancias de una comisión que dice reunirse con diversos sectores, a conveniencia, para sacar sus conclusiones.
“Un magistrado debe proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y mantener los límites al poder”, subrayó Martínez. “Por tanto, no puede haber una reforma si se modifican puntos como la alternabilidad de los gobernantes en el poder o el sistema republicano que tenemos plasmado desde 1983”, advirtió el profesional.
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Para el abogado Díaz Rodríguez, la Constitución actual tiene todo para mantener la vida democrática del país y fue mejorada con las reformas de 1991, que cambiaron la forma de elección de la Corte, que posibilitaron el nacimiento de la Policía Nacional Civil y garantizaron la apoliticidad de la Fuerza Armada y definieron su papel. “Con estas quedó una Constitución más que aceptable”, explicó.
“Hablar de una nueva Constitución es parte de esa idea de botar el tablero y volver a colocar las piezas al antojo…”.
“Se pueden promover reformas a la Constitución, pero dentro del marco constitucional”, sentenció.
Finalmente, los abogados llamaron a su gremio a participar masivamente en las elecciones del domingo y elegir a candidatos capaces, honestos y valientes.
En esta parte, recordaron que la Corte tutela los derechos fundamentales de los ciudadanos y preservan los derechos de las minorías.