El gobierno de Nayib Bukele negocia desde hace meses y con mayor intensidad un acuerdo Stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en vista del poco margen que tiene para manejar la elevada deuda acumulada a la fecha y la urgente necesidad de financiamiento que tiene ante las demandas sociales.
Aunque las negociaciones comenzaron desde que el organismo prestó al país $389 millones en abril del año pasado en el marco de la pandemia, estas se han intensificado en los últimos meses, estimulados por la interrogante de si el partido oficialista, Nuevas Ideas, obtendrá la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa en las próximas elecciones.
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El 27 de enero el Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, confirmó a un grupo de inversionistas en una reunión virtual privada que se han mantenido reuniones activas con el gobierno salvadoreño para contratar un programa después de las elecciones.
Un día después de las declaraciones de Werner, el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI por sus siglas en inglés) pasó de 7.5 puntos a 6.62 puntos, pues los inversionistas interpretaron que hay muchas probabilidades de que este se firme.
Hace unos meses el riesgo país se elevó hasta alcanzar un diferencial de 11 puntos debido al alto endeudamiento y al difícil entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Consultoras de servicios financieros como Amherst Pierpoint ya se preguntan en sus análisis si El Salvador será el próximo país de la región en tomar un programa financiero con este organismo, en vista de que los vecinos Costa Rica y Panamá lo han hecho recientemente. Costa Rica aprobó un acuerdo por $1,700 millones y Panamá otro por $2,700 millones.
Sin embargo, las conversaciones se mantienen con muy bajo perfil a la espera de los resultados electorales.
Y es que tener un acuerdo con el FMI es asumir una serie de compromisos fiscales, muchos de los cuales no son populares entre la población, comenzando por su principal requerimiento: subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y siguiendo con la aplicación de un impuesto predial y la implementación de medidas de contención del gasto, entre ellos la reducción de empleos públicos.
En Costa Rica esa es parte de la receta que el país debe seguir al pie de la letra para tener los fondos que el FMI le otorgue si el Congreso llega a aprobarlo.
El solo anuncio de un acuerdo con el FMI en octubre 2020 provocó en Costa Rica tres días consecutivos de protestas entre la población pues rechazan un aumento de impuestos en medio de la peor crisis económica a raíz de la pandemia.
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Acuerdo en 2009
Pero esta no sería la primera vez que El Salvador consigue un acuerdo con el Fondo Monetario. En 2009 firmó un programa Stand-by por $800 millones, aunque el dinero nunca fue desembolsado.
Para tomar ese dinero el FMI le exigió al país un ajuste fiscal del 3% del PIB y para lograrlo le sugería aumentar el IVA, aplicar un impuesto predial y mejorar la eficacia de la recaudación de impuestos.
Después de tres años de evaluación el FMI suspendió el acuerdo en vista de que el país incumplió todos los requerimientos impuestos.
En 2009 la economía del país cayó -3 % debido a la crisis financiera de Estados Unidos en 2008 que afectó a nivel global. El acuerdo con el FMI era un respaldo financiero que le permitió acceder a otros préstamos internacionales.
Ese año la deuda del país no sobrepasaba el 60 % del PIB y el déficit fiscal era del 3 %. El requerimiento del organismo en esa oportunidad era hacer un ajuste del 3 % del PIB para estabilizar sus finanzas.
Pero esta vez el escenario es diferente: debido a una prolongada cuarentena para evitar contagios de COVID-19 se estima que la economía salvadoreña habrá caído 9 % en su PIB y será el que más afectado saldrá en la región centroamericana.
La deuda acumulada en los últimos años, que se sumó a una acelerada colocación de más deuda adquirida en 2020 por el gobierno de Bukele, ha llevado a elevar al 90 % la deuda total del país.
Además, el déficit fiscal sobrepasa el 10.5 % del PIB, el más alto de Centroamérica.
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Programa necesario
El economista Luis Membreño dice que concretar un programa con el FMI, ya sea que se obtenga o no una mayoría del partido oficialista en la Asamblea Legislativa, es un paso necesario pues esto permitirá que el Gobierno establezca obligaciones a cumplir y además se tenga la supervisión de un organismo internacional. “El acuerdo debería darse porque eso permitirá que se cumplan objetivos fiscales y el FMI esté supervisando”, afirmó.
Lo mismo recomendó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) que también ha planteado la necesidad de que una instancia externa esté evaluando constantemente el cumplimiento de metas fiscales.
Membreño aclaro, además, que contrario a los requisitos que el FMI solicitó al país en 2009, esta vez podría estar flexibilizando sus requerimientos ante una nueva realidad por la pandemia.