Este lunes inició la inspección de los archivos del Centro de Documentación y Archivo Monseñor Rivera y Damas, con lo cual se pretende probar la vida civil de las víctimas de la masacre de El Mozote.
La inspección fue dirigida por el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, a cargo del proceso de investigación de la masacre cometida a principios de diciembre de 1981, en el marco de una operación militar contra la guerrilla del FMLN, llamada “Rescate de Morazán”.
A pesar de que el 17 de enero el Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, afirmó que no permitiría la diligencia judicial, a media semana cambió de posición, prometiendo que sí franquearía el acceso a los archivos.
“En realidad, la postura de la iglesia es siempre a favor de las víctimas, a favor de la justicia y la verdad. Estamos encantados de que se lleve a cabo esta diligencia porque ayudará a la justicia”
Este lunes, Escobar Alas se hizo presente al Arzobispado y al brindar declaraciones a periodistas que cubrían la diligencia, explicó por qué se había adoptado inicialmente la posición que causó mucha controversia y críticas hacia la Iglesia Católica, llegándolos a comparar, incluso, con la actitud del Ministerio de la Defensa Nacional y de la Presidencia de la República, que no han permitido que el juez Guzmán inspeccione archivos en diversas sedes militares.
“En realidad la postura de la Iglesia es siempre a favor de las víctimas, siempre a favor de la justicia y la verdad. Lo que pasa que en otra época, estos archivos fueron objeto de una intención de quitárselos a la Iglesia. Y eso no puede ser porque entonces quedan en manos de terceros y se revictimizaría a las víctimas”, explicó el jerarca católico.
Alas añadió que fue precisamente para proteger los derechos de las víctimas que recurrieron a un amparo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para evitar que esos archivos fueran arrebatados a la Iglesia y que la Corte les dio la razón y el derecho de custodiarlos.
“Estamos encantados de que se lleve a cabo esta diligencia”
“Es a la Iglesia que brindaron sus declaraciones las víctimas. Y ante esta situación, nosotros por el bien de las víctimas, dijimos que no era posible que nos pidieran documentos, que pudieran incautar documentos, porque tenemos que salvaguardar los derechos de las víctimas. Sí (tenemos que) colaborar con la justicia pero sin detrimento de las víctimas, por eso dijimos en un primer momento, que la sentencia (de la Sala de lo Constitucional) misma no nos permitía”, añadió el Arzobispo.
“Esperamos que en los próximos días ese material pueda ser certificado y agregado al proceso. En su mayoría son partidas de nacimiento, boletas de vacunación de niños, boletas de la cooperativa.”
Según Alas, el cambio de posición respecto a la mostrada el 17 de enero, ocurrió después de que hablaran con el juez de la causa y este les explicara que de ninguna manera tomarían documento alguno, que lo que quería era inspeccionar, ver cuáles documentos, cuáles declaraciones le serán útiles en el proceso en favor de las víctimas y que de tales les solicitaría copias certificadas.
“En eso no tenemos ningún problema; el problema era que nos lo quisieran quitar. Es verdad, modificamos la posición, si es así, con todo gusto. Es más, ese es el objetivo nuestro, por eso hemos conservado todo eso, esa es la finalidad del archivo. Estamos encantados de que se lleve a cabo esta diligencia porque esto ayuda a la justicia. Nosotros hemos trabajado en el archivo por más de cinco años clasificándolo. Sobre la masacre de El Mozote, precisamente, tenemos un sector bien establecido de los documentos que corresponden a esa masacre”, puntualizó el arzobispo.
“Documentos que prueban la vida civil de las víctimas”
Al respecto, David Morales, uno de los abogados querellantes, afirmó que ya se tiene identificados los archivos que se van a inspeccionar. Explicó que el Arzobispado rindió un informe en 2018 con el inventario de estos materiales que tenía en su poder y que por lo tanto estaba claramente establecido qué estantería y sección del archivo se inspeccionaría como parte de la diligencia judicial.
“Fue una confusión inicial (decir que no permitirían el acceso) un malentendido. Siempre hemos dado documentos. Hoy es el inicio de un proceso que esperamos sirva a las víctimas ”
“Esperamos que en los próximos días ese material pueda ser reproducido, certificado y agregado al proceso. En su mayoría es material relacionado a partidas de nacimiento, cédulas de identidad, boletas de vacunación de niños, boletas de la cooperativa y otros documentos que muestran la vida civil de esta comunidad. No era un campamento guerrillero, sino población civil que fue masacrada en 1981”, acotó el abogado quien fue una de las voces que rechazó la posición inicial de la Iglesia Católica en cuanto a no permitir el acceso a los archivos.
Por su parte, el cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien también se hizo presente al Arzobispado, afirmó que la sección que contiene documentos sobre la masacre de El Mozote es muy importante y que esperan contribuya mucho a conocer la verdad y conseguir justicia para las víctimas.
Rosa Chávez también admitió que en un principio la Iglesia había dicho que negaría el ingreso al archivo pero que al tener clara la intención de que lo que se pretende no es incautar archivos, se cambió la posición en favor de las víctimas. Dijo que todo se había tratado de un malentendido.
En la diligencia también hay presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos. Denis Abarca, procurador adjunto para los derechos civiles e individuales, afirmó que las partes interesadas en el proceso judicial ayer mismo habían establecido una lista de documentos que han sugerido que se revisen.
Las quejas del abogado
En el proceso judicial se acusa a más de una docena de altos jefes militares entre los cuales están quienes conformaron la cúpula de la Fuerza Armada y quienes comandaban las unidades militares que participaron en la operación militar.
A la diligencia se presentó el abogado Rodolfo Garay Pineda, quien defiende a algunos militares implicados; justo cuando el letrado se disponía a señalar que se estaba cometiendo una violación a su derecho de estar presente durante la inspección, debido a que no le permitían ingresar a la oficina donde están los archivos, colaboradores judiciales le notificaron que podía ingresar a la misma.
Según los abogados querellantes, se prevé que la diligencia dure aproximadamente una semana.
Morales, el abogado querellante, reiteró que ningún documento será secuestrado, como se entendió en un principio, sino que se harán copias certificadas las cuales serán agregadas al proceso judicial.
Contrario a la actitud mostrada por parte del Ministerio de la Defensa, que ha negado reiteradamente el acceso a sus archivos, el Arzobispado se mostró muy complacido de permitir la inspección a sus archivos.
En agosto y septiembre del 2020, el juez Guzmán intentó ingresar a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, a la Brigada de Artillería y en fechas posteriores a otras guarniciones militares con el fin de incautarse de documentos militares relacionados a la masacre, sin embargo, la Fuerza Armada no lo permitió, a pesar de que meses atrás el presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada había dicho que permitiría irrestrictamente la inspección de los archivos castrenses.