“Ya no van a estudiar porque quiere dinero estar comprando papeles, ellos se sienten mal porque los profesores no van a dar clases en las aulas”. Son palabras de Antonia Luz Melara de Benítez, madre de tres estudiantes, debido a que se acerca el inicio de las clases y no tiene los recursos para que sus hijos continúen su aprendizaje de manera virtual.
Sus hijos son: Gladis Mercedes. de 16 años; José Elías, de 12; y Florentina Luz, de 10. Ya fueron matriculados en el C. E. Las Crucitas en Panchimalco, pero no saben si se podrán acoplar al ritmo de la escuela sin una computadora, sin dinero para internet y por las dificultades que pasaron el año pasado.
Antonia sostiene que si los profesores no regresan a las aulas, prefiere que sus hijos no estudien.
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“Dinero no tenemos para estar comprando y recargando. No tenemos medios, apenas vamos consiguiendo para pasar el día”, expresó la madre.
Desde que suspendieron las clases presenciales, en marzo del 2020, y empezaron las virtuales, los hijos de Antonia no pudieron conectarse con sus profesores sino hasta septiembre que la madre vendió un cerdo y compró un teléfono.
“Yo lo hice porque los niños se sentían tristes porque otros compañeros estudiaban y ellos no. Les costó alcanzar los meses perdidos”, comentó. Para lograr conexión a Internet para el teléfono, los niños tienen que subirse al techo de la vivienda.
Según la investigación “Conectividad Rural en América Latina y el Caribe – Un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia”, presentada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Microsoft en octubre del 2020, al menos 77 millones de personas que viven en territorios rurales de América Latina y el Caribe carecen de conectividad con estándares mínimos de calidad.
“El estudio, que concentró su trabajo en 24 países latinoamericanos y caribeños y ofrece un completo panorama sobre la situación de la conectividad rural en la región, revela que un 71% de la población urbana de América Latina y el Caribe cuenta con opciones de conectividad, ante menos de un 37% en la ruralidad, una brecha de 34 puntos porcentuales que mina un inmenso potencial social, económico y productivo. En total, un 32% de la población de América Latina y el Caribe, o 244 millones de personas, no accede a servicios de internet”, sostiene la investigación.
El estudio revela que El Salvador está en el grupo de países con niveles más bajos de conectividad junto a Belice, Bolivia, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Perú y Venezuela, que representan a un 28 % de la población rural de la muestra. “En ellos, entre el 71% y el 89% de unos 32.5 millones de personas no accede a servicios de conectividad de calidad”.
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La misma situación de la familia Benítez de Panchimalco la vive la familia Jiménez del cantón San Juan en Tacuba, Ahuachapán, uno de los municipios con mayores índices de desnutrición infantil en El Salvador. Los Jiménez no tienen computadora ni acceso a Internet. Los padres, Tito Jiménez Pérez (47 años) y María del Carmen Urrutia (45) no tienen un empleo para costear la compra de datos para celular. Lo poco que ganan es del trabajo en el campo.
El hijo más afectado por las carencias es Kevin Ismael, de 10 años, quien tendrá que repetir el tercer grado. Sus padres, al no poder leer ni escribir, no lograron ayudarle para que desarrollara las guías de estudio a distancia repartidas por el Mined. El hijo mayor, Tito Antonio, de 17 años, desarrollo las guías con dificultad por la mala conexión, pero logró pasar a octavo grado. “El menor no pudo hacer las guías porque no les entendió. La dificultad es porque no tenemos los ingresos”, comentó la madre de ambos.
El padre recibe cinco dólares al día cuando hay trabajo en el campo, de ese dinero invierte $1.10 en la compra de datos para dos días. “Estamos de acuerdo en ponerlos estudiar, pero nosotros las guías no les entendemos. Nosotros como pobres que somos, no podemos tener todo lo necesario del hogar. Es una lástima que Kevin no aprendiera a leer”, expresó el padre.
La Fundación Educo sostiene que las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a contar con un nivel de vida digno y adecuado, a la salud, a la educación entre otros. Ninguno de esos derechos debería de primar uno sobre el otro y el Estado tiene igual obligación de garantizarlos.
En el caso de la Educación, “debe de buscarse estrategias que permitan que las familias cuenten con los recursos tecnológicos y de conectividad necesarios, para ello el Estado debe de coordinar con la empresa privada, con las municipalidades y con las organizaciones de la sociedad civil”, explicó Manuel Santos, jefe de Planificación de Educo.
Foto EDH/Jonatan Funes