Leopoldo Ortega, director jurídico de HSBC Latinoamérica, afirmó ayer a El Diario de Hoy que así como están dadas las fechas del caso, es muy probable que el banco inicie pronto un arbitraje contra el Estado salvadoreño y que en ese caso, el más perjudicado no será la contraparte (José Antonio Salaverría) sino el pueblo salvadoreño, que tendrá que responder a través del Estado si hubiera una condena.
“Si iniciamos el proceso de arbitraje, dado las condiciones como estamos a la fecha, es muy probable que lo vamos a iniciar y quien va a acabar pagando es el propio pueblo, el país, El Salvador”, señaló.
“Quien va a tener que restituirle a HSBC los montos pagados por los daños y perjuicios, pues claramente no va a ser Salaverría, va a ser el Estado e indirectamente el pueblo de El Salvador”, añadió.
Pero además, Ortega afirma que iniciar un arbitraje le traerá al país más problemas de imagen y de atracción de inversión.
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“Sin lugar a dudas, el clima de atracción de inversión se va a ver afectado con este tipo de decisiones. Las agencias calificadoras ven entre otros tipos de parámetros, la aplicación del Estado de Derecho, de la justicia y tendrá impacto”, añadió.
En su carta HSBC hace referencia al “Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones con el Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”, abreviado con las siglas APPRI UK-El Salvador que ambos países firmaron en 1999 y que por tanto, debe cumplirse como parte de los compromisos adquiridos.
Para Ortega, este documento así como el cumplimiento del Estado de Derecho son básicas para todas las instituciones financieras que quieran invertir en el país.
“En general, instituciones financieras, corporativas que quieran invertir en El Salvador, inclusive gobiernos, tan es así que el gobiernos”, afirmó.