El Gobierno asegura que ya inició el pago de incremento de la pensión mínima mediante fondos que ha tomado de la Cuenta de Garantía Solidaria, es decir, del ahorro de los cotizantes de las AFP para poder obtener una pensión vitalicia cuando se les acabe el dinero de sus cuentas individuales, y otra parte se fondeará con recursos del presupuesto de 2021.
“El aporte del Gobierno consiste en complementar las necesidades de fondos para todos los que recibirán el aumento. La principal fuente proviene de la Cuenta de Garantía Solidaria, un mecanismo creado para que los mismos cotizantes construyan el respaldo financiero de este beneficio, es decir, de la pensión mínima. En general, la disponibilidad en la referida cuenta solidaria no es suficiente y ahí es donde entra el Gobierno”, apuntó Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, y añadió que otra parte vendrá del fondo general de la Nación de este año.
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“Las pensiones ya se comenzaron a cancelar con el incremento, el rango entre $207 a $304 ya está siendo cancelado, tenemos los recursos, vamos a entregarlo a todos los pensionados que queden dentro de ese rango”, manifestó la comisionada presidencial, Carolina Recinos, este martes al salir de una entrevista televisiva.
Los analistas económicos Rafael Lemus y Tatiana Marroquín advirtieron que el dinero para cumplir con el pago del aumento de las pensiones, el gobierno lo tomaría de los ahorros de los que cotizan a las AFP porque el Estado no cuenta con recursos para hacerlo, al menos, eso es lo que afirma, expresaron.
“¿De dónde va a agarrar? Va a agarrar de la cuenta de Garantía Solidaria, que es contra el seguro de la pensión de 20 años. Cuando se agote la cuenta ¿Quién paga?, es esta cuenta de garantía, pero si la uso para pagar a otros, le estoy quitando la oportunidad de que ese dinero regrese cuando le toque vivir 20 años después de jubilado”, reflexionó Lemus.
Lo crítico de la situación, según Lemus, es que en principio el Gobierno podrá tomar recursos de esa cuenta que se financia con aportes colectivos de los cotizantes de las AFP, “pero después de un tiempo la garantía solidaria enfrentará responsabilidades y no será suficiente y tendrá que salir el Estado a responder”, abonó Marroquín.
La insolvencia financiera del gobierno y ante la imposibilidad de colocar Letes por el elevado endeudamiento obligó al gobierno a tomar recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria, expresó Marroquín.
“Los más afectados serán los que cotizan a las AFP porque si (el gobierno) no encuentra financiamiento, mermará ese ahorro, afectará a las personas que tienen pensión vitalicia. En la cuenta de garantía solidaria, en el sistema privado de pensiones después de un tiempo que se le acaba el dinero, allí sale la cuenta de garantía solidaria a poner un techo”, expresó Marroquín.
El gobierno prefirió sacrificar la Cuenta de Garantía Solidaria de los que cotizan a las AFP antes que ceder a entregar dinero a las alcaldías, ya que en el préstamo de $250 millones que la Asamblea reorientó del BID para pagar el aumento a la pensión mínima iban $125 millones para que las alcaldías desarrollen proyectos municipales. El decreto fue vetado por el presidente Nayib Bukele, pero los diputados acordaron este lunes superarlo.
Incluso, Zelaya, expresó que si Bukele le pide opinión sobre la superación del veto que hicieron los diputados al dinero reorientado para financiar dicho incremento, su recomendación es que debe ratificar su rechazo.
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“Yo no puedo opinar por el presidente porque su facultad es exclusiva de acuerdo a la Constitución de vetar o sancionar, pero lo previsible es que el presidente lo vete. Si el presidente que es lo normal nos manda a consultar a nosotros como Ministerio de Hacienda sobre esos decretos, le vamos a decir que lo mejor es vetarlos”, afirmó Zelaya.
Al tiempo que aseguró que 9 de cada 10 pensionados ya comenzaron a recibir su pensión incrementada y que quienes aún no han recibido el aumento es porque tiene trámites pendientes que resolver.
El lunes, los diputados de la comisión de Hacienda acordaron superar el veto presidencial a tres decretos, uno de ellos tiene que ver con el financiamiento para elevar la pensión mínima de $207 a $304 mensuales.
La Asamblea avaló reorientar un préstamo de $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para tomar de ese dinero $125 millones para poder subir la pensión mínima, pero Bukele lo vetó argumentando que no le consultaron sobre el nuevo destino de los recursos; el resto $125 millones serían para proyectos de desarrollo municipal.
Bukele también vetó otro decreto conteniendo un crédito por $50 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que, según los diputados, iba destinado a la compra de vacunas contra el COVID-19, lo cual contradice lo que Hacienda afirmó, que la Asamblea estaba dejando de lado el dinero para la compra del medicamento contra el virus.
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Otro decreto que podría ser ratificado por la Asamblea es el 807, que contiene disposiciones transitorias para autorizar a los gobiernos locales a utilizar hasta el 50% de los fondos asignados en los decretos legislativos 650 y 728 en los fines establecidos en la Ley FODES. Estos últimos asignaban a las municipalidades $191.7 millones, en el marco del financiamiento destinado a hacer frente a la emergencia por el Covid-19.