La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lema (Cel) entregó esta mañana a la Fiscalía General de la República documentación que presuntamente aporta nuevas pruebas de irregularidades en la construcción de la presa El Chaparral durante administraciones anteriores, las cuales implican, según la institución, al expresidente Mauricio Funes y a Ada Mitchell Guzmán, quien se supone es su pareja actual.
“(Son) 32 cajas de evidencia con respecto a la corrupción que cometieron las gestiones de ARENA y del FMLN. No solo le robaron a la CEL como institución sino a todo el país”, afirmó el presidente de la autónoma, aseguró el presidente de la autónoma, Daniel Álvarez.
Álvarez pidió a Fiscalía agilizar las investigaciones y anticipó que en este caso “hay plazas fantasmas, tarjetas de crédito a nombre de funcionarios públicos”, las que a su juicio deben ser analizadas a fin de determinar si hubo cometimiento de delitos y si se la autónoma puede recuperar “el dinero que fue robado al pueblo salvadoreño”.
Según el funcionario, ellos como institución están haciendo su parte para combatir la corrupción en administraciones pasadas y para el caso mencionó directamente al expresidente Mauricio Funes, “su compañera de vida o yo no sé qué es y otros exfuncionarios”, como parte de los implicados en las presunta irregularidades.
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Álvarez detalló además que en las 32 cajas hay información relacionada a 19 contratos suscritos entre la autónoma y empresas tanto nacionales como extranjeras, entre los años 2015 a 2018 para la construcción del proyecto, en los que se revelarían las presuntas irregularidades.
Mientras que el gerente general de la Cel, Orlando Quijano, dijo: “Ahora pedimos a la Fiscalía General de la República deducir responsabilidades, a los implicados y sus grados de participación”.
Fiscalía tiene abiertos varias procesos judiciales relacionados a presuntas irregularidades en el proyecto de construcción de la presa situada en el municipio de Carolina, San Miguel.
Una de ellas es la que acusa al expresidente Funes, a Ada Mitchell Guzmán, José Menéndez Avelar (“Mecafé”) y Leopoldo Samour, expresidente de la Cel, de participar en una trama de pago de soborno por más de $3 millones.
En esa triangulación de dinero a través de empresas off shore, según el requerimiento fiscal, también implica al presidente y representante legal de la constructora italiana Astaldi, Mario Pieragostini. Todos los imputados en este caso están prófugos aunque de Funes y Guzmán es ya conocido que residen en Nicaragua, favorecidos inicialmente con el asilo y luego con la ciudadanía por el régimen de Daniel Ortega.
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Según las investigaciones fiscales, el supuesto soborno entregado a Funes se derivó del acuerdo directo entre la CEL y Astaldi del que no fue hallada documentación de respaldo que justifique cómo se llegó a establecer el monto entregado a la constructora de $108 millones, lo que equivalía a un 50 % de avance de la obra; sin embargo, supervisores de proyecto de parte de la Cel dijeron que la obra apenas tenía el 29 % de avance.
El proyecto El Chaparral ha estado envuelto en esa trama de supuesta corrupción y que no ha permitido su finalización. Los costos han resultado onerosos para el Estado, pues de $207 millones en que fue valuado inicialmente se estima que terminará superando los $700 millones.
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