Julissa Rivas, de 59 años, es otra sobreviviente de las agresiones cometidas por parte de la Fuerza Armada. “Una vez unos soldados me violaron y después me golpearon hasta dejarme inconsciente. Unas amigas me recogieron, pero pase horas tirada en la calle”, recuerda. Comenta que ya perdió la cuenta de todas las agresiones y abusos que ha sufrido a lo largo de su vida.
Julissa, al igual que Nancy, inició su transición a temprana edad. A sus 15 años empezó a prostituirse. Recuerda que no le importaba la situación política, para ella lo primordial era ser mujer. “Desde pequeña me gustaba vestirme como mujer. De siete años me ponía los zapatos de mi hermana y los brassieres de mi mamá. Ella me regañaba, pero a mí no me importaba”.
Huir de un soldado era imposible, explica. En silencio recibió humillaciones, agresiones y captura. En 1984 corría el rumor que un batallón militar secuestraba a mujeres trans en el centro de San Salvador, por la zona roja conocida como La Praviana.
Ese rumor se convirtió en una advertencia para evitar meterse en problemas, un recordatorio de que ellas no tenían garantizados derechos como personas. Si alguien de la comunidad desaparecía, lo mejor era no andar indagando porque lo más seguro era que ya estuviera muerta y por exigir justicia otras terminarían de la misma manera. Había que continuar la vida rezando para no ser la próxima víctima.
En 1993 inició la escalada de violencia pandilleril en el país. Las cifras de muertes violentas, desapariciones y secuestros se empezaron a asemejar a los ocurridos durante la guerra. Esa violencia también golpea a la comunidad LGTBI. Fue hasta el 2010 que la violencia contra las personas LGBTI comienza a ser vista como un problema de seguridad pública.
En 2015, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó reformas a los arts. 129 y 155 del Código Penal. En el caso del art. 129 se considera dentro de las agravantes del homicidio el que “fuere motivado por odio racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género o la orientación sexual”.
La condena es de 30 a 50 años de prisión. Para el caso del art. 155, de los delitos relativos a la autonomía personal, se consideran como agravantes especiales “si las amenazas fueren motivadas por odio racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género o la orientación sexual”. En estos casos, la pena va de tres a seis años de cárcel.
Una espiral de violencia sinfín
Organizaciones de derechos humanos para la comunidad LGTBI registraron 19 muertes en el 2019 y 2 en 2020 por crímenes de odio y solo los casos de Camila Díaz y Anahy Miranda han sido judicializados.
La Policía Nacional Civil ocupa el segundo lugar entre las instituciones del Estado que más vulneran los derechos de las personas LGBTI, con un 36 % de los casos, solo superada por el personal de salud pública que son un 46 % de los casos, de acuerdo con el Informe que Aspidh preparó para la Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de violencia contra la población de mujeres trans en El Salvador para 2013.
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El delito que más se comete en contra de estas mujeres son las amenazas (35 %), seguido de los asesinatos (28 %), de acuerdo con el mismo documento. Para las mujeres trans, la violencia es imparable. Cuando no son discriminadas y/o violentadas por sus familiares y rechazadas por la sociedad, son violentadas por la policía. Y con el tiempo han sumado a las víctimas de extorsión de las pandillas, quienes les cobran cuotas si ejercen el trabajo sexual, si tienen un salón de belleza o cualquier otro tipo de emprendimiento.
Uno de los pocos momentos en los cuales se sienten libres y seguras para expresar su identidad de género es durante la marcha del orgullo gay que inició en 1997. Y eso no significa que no reciban expresiones violentas mientras caminan. Julissa estuvo en esa primera marcha. Tiene como recuerdo una fotografía en la que aparece con sus amigas Verónica, Diana y Vanesa. La única que está viva es ella.
“Da miedo ser una mujer trans por todas las situaciones de intolerancia, la gente lo ve de menos, lo humillan y no debería ser así”, dice Julissa. Entre sus vivencias está la vez que un hombre comenzó a golpearla. Ella logró bajarse del vehículo y ponerse a salvo, en un país donde ser trans es una lucha diaria con la vida.