En el marco de la pandemia varias organizaciones de la sociedad civil encendieron las alarmas entorno a los casos de violencia contra la niñez y adolescencia, que incluye agresiones físicas, sexuales, psicológicas y emocionales, entre otras.
Como lo muestra un informe emanado de las Juntas de Protección a la Niñez del CONNA, solo entre enero y septiembre 2020 se reportaron 5,930 amenazas o vulneraciones a la integridad personal y 7,980 afectaciones.
De las afectaciones a niños y adolescentes 3,890 (49.30 %) fueron físicas; 1,955 (24.78 %) sexual; 1,194 (15.13 %) psicológicas; emocional 761 (9.64); moral 89 (1.13) y cultural 2 (0.03 %).
Esta problemática no solo supone un reto para las familias, sino también para los docentes del sector público y privado, según advierte Nathaly Novoa de Romero, asesora de protección de derechos de la infancia de la organización no gubernamental Educo.
Sin embargo, Novoa de Romero, afirma que es necesario trabajar en sensibilizar a los docentes, enseñarles a identificar casos, así como los mecanismos para denunciarlo, incluso de forma anónima.
“Desde el momento que se convierten en titulares (de sus cargos) entran en la obligación de dar aviso y poder colocar una denuncia (sobre estos hechos)”, comenta.
Y es que según Novoa de Romero, la Ley de la Carrera Docente, en su artículo 31 (5-A) establece que están obligados a: “Denunciar cualquier hecho de violencia sexual que sufran los alumnos o demás miembros de la comunidad educativa”. Lo propio establece la Lepina.
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Explica que los educadores deben estar atentos a ciertas conductas de los escolares que indiquen la existencia de un problema: si se ven deprimidos, tristes, ansiosos, con miedo, baja autoestima, si no quieren trabajar.
La especialista de Educo advierte que es bien difícil medir si hoy en día los docentes cumplen el mandato, porque esto depende de las circunstancias que viven, de los lugares geográficos en donde se desempeñan y de los mismos centros escolares.
No obstante ella cree que “si se diese esta mayor sensibilización, el conocimiento hacia dónde acudir y que hay rutas anónimas esto podría aumentar la decisión de decir voy a notificar esta situación que está pasando”.
Novoa de Romero, a partir de su experiencia en Educo, organización no gubernamental que desarrolla proyectos dirigidos a beneficiar a infantes de zonas rurales, expone que en puntos del territorio donde trabajan han identificado casos de docentes que tienen temor a denunciar directamente este tipo de hechos, de que se les pueda identificar como denunciantes y convertirse en parte del proceso judicial.
La asesora de protección de derechos de la infancia precisa que los educadores, sobre todo aquellos que recorren grandes distancias para llegar a sus escuelas o pasan por sitios muy solos, temen ser acosados, amenazados o convertirse también en víctima de los posibles agresores o las familias de los pequeños.
Sostiene que también hay casos de educadores que han colaborado para que violencia sexual hacia estudiantes se conozca, pero esto ha ocurrido por ejemplo en comunidades en algunos territorios en donde hay una estructura comunitaria sólida, que ha vivido procesos de sensibilización y conocen a dónde y cómo acudir.
“Hay docentes que lo hacen (denunciar) y buscan otras alternativas para dar aviso, a través de personas de confianza, de las autoridades locales”, comenta.
Según explica, han observado que en algunos sitios los abusos sexuales han sido dados no de manera individual, sino grupal, es decir tratando de que el caso llegue a conocimiento de las autoridades a través de personas de confianza, autoridades locales, del Comité Local de Derechos.
Sobre los comités locales de derecho cita que estas son instancias que, según lo establecido en la Lepina, deben existir en cada municipio para conocer sobre vulneración de derechos individuales o abusos a los niños y niñas y convertirse en gestores de casos hacia la Junta de Protección o hacia la Fiscalía General de la República.
“Quizás en los últimos cuatro años, en el tema de abuso sexual, unos ocho o 10 casos se han logrado identificar (en territorios en donde opera Educo) a través de docentes; y se ha movido el caso a través del Comité Local de Derecho”, indicó.
Novoa de Romero sostiene que a pesar de que con el modelo de educación virtual, impulsado por la pandemia, será más complejo que los profesores detecten algo a través de las pantallas de los dispositivos estos siempre tienen que estar alertas a cualquier indicio.
Expone que si bien los docentes que trabajan con niños de la zona rural tienen menos oportunidad de detectar estas situaciones dado que estos tienen menos acceso a computadora, dispositivos de alta gama e internet, pueden aprovechar de observar cómo se comportan sus alumnos cuando van a dejar las guías de estudio que tienen que trabajar en casa.
La especialista externa que los maestros de la zona rural también pueden buscar apoyo en aliados como líderes comunitarios, las juntas directivas de los ADESCOS, líderes religiosos que saben quienes conocen la situación de las familias para que estén pendientes de los infantes.
Comenta que existe el “Protocolo de actuación y abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas de El Salvador, una herramienta creada en 2013 de forma conjunta por el CONNA, Fondo de Naciones Unidas y Ministerio de Educación, mismo que puede orientar a los educadores sobre la temática de abuso sexual.
Igual recuerda que estos casos se pueden denunciar de forma anónima a números gratuitos como el 123.
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