“En la actualidad pareciera ser que hay movilización, que posiblemente, responde a un plan de control territorial que efectivamente pueden llegar a ejercer las pandillas en el contexto o en la preparación de las próximas elecciones de febrero”, dijo Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad y de prevención de la violencia.
Aguilar estuvo este martes en la entrevista matutina de Radio YSUCA, en la que abordó el fenómeno de las pandillas, el plan Control Territorial y el futuro de la seguridad ciudadana para el próximo año.
Aguilar aseguró que cuenta con información que señala que las pandillas siguen con el “monopolio de muchos territorios que controlan”, pero que también están incursionando en otras zonas territoriales donde antes no tenían presencia.
Ese despliegue pandilleril lo comparó con la migraciones que hicieran las pandillas durante la tregua de 2012, en el que “hubo desplazamiento de grupos de pandillas a las zonas rurales del país y que ahora están controladas por estas estructuras (de pandillas)”.
Para Aguilar, el plan Control Territorial no ha reducido la violencia criminal en los municipios priorizados para su implementación.
“En los municipios que no estaban contemplados en el plan, hay una reducción más sensible de homicidios respecto a los municipios que han sido priorizados con el plan”, dijo Aguilar.
Lo que llama la atención de la investigadora es “la reducción de las capturas de pandilleros, ha habido una reducción significativa que también es llamativa en un contexto de fuertes indicios de una eventual negociación entre el gobierno y las tres principales pandillas”.
Aseguró que el problema de la desaparición de personas, su posterior asesinato en algunos casos y el ocultamiento de los cuerpos “se ha convertido en una extendida práctica criminal por parte de las pandillas que genera un elevado subregistro en la estadística nacional ( de homicidios)”.
Lo que preocupa a Jeannette Aguilar es la carencia de una política integral de seguridad y que el gobierno le de prioridad a “una política mediática en la retórica gubernamental”.
Agregó que “en la práctica no hay indicadores constatables y verificables de la existencia de una estrategia integral y mucho menos de una estrategia de represión del delito. Lo que vemos son patrullajes, no habido, incluso, de lo que se anunció como las primeras fases del plan Control Territorial”.
Además dijo que es preocupante “el desmantelamiento de la institucionalidad en materia de prevención que con mucha dificultad se ha venido construyendo, pero también la falta de políticas de atención a la niñez, a la juventud y de atención a víctimas”.
También cuestionó el “uso abusivo e indiscriminado” de la Fuerza Armada en funciones que no le confiere la Constitución, para convertirse en “un actor que ha vulnerado los derechos humanos”.