En poco más de un año y medio, la presidencia de Nayib Bukele ha mostrado signos claros de un sistemático ataque a la institucionalidad y el Estado de derecho en El Salvador: ha irrespetado fallos judiciales, ha acosado a opositores, ha cerrado puertas a la transparencia y, peor aún, ha utilizado a los cuerpos de seguridad como los brazos armados de sus caprichos políticos.
Esto no ha pasado inadvertido en Estados Unidos, principal aliado de El Salvador. A las puertas de un cambio de gobierno, y en medio de esfuerzos de Bukele por pagar lobistas para limpiar su imagen en Washington, su aliado norteamericano recortará la asistencia que da a las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
A lo largo de su incipiente presidencia, Bukele ha dado signos de ataques a la institucionalidad que no han pasado desapercibidos en Washington DC.
Este recorte forma parte del extenso paquete presupuestario y de estímulo para combatir al coronavirus que ambas cámaras del Congreso de EE. UU. aprobaron recientemente y que el presidente Trump ratificó el pasado domingo 27 de diciembre.
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Entre los anexos al proyecto principal, venía una cláusula dirigida a combatir la corrupción en Centroamérica, la cual incluye este recorte de fondos del Departamento de Estado para adquisición de equipo estadounidense de defensa para El Salvador, Guatemala y Honduras.
Bukele restó importancia a legisladora que promovió el recorte
A lo largo de su incipiente presidencia, Bukele ha dado signos de ataques a la institucionalidad que no han pasado desapercibidos en Washington DC. Si bien la administración Trump guardó silencio ante algunos abusos claros de poder, por considerar a Bukele aliado en sus políticas migratorias, ambos bandos del legislativo se pronunciaron en numerosas ocasiones en contra de los golpes al Estado de derecho del mandatario salvadoreño.
Una de las legisladoras que dio su firma en estos pronunciamientos exigiendo el respeto a la institucionalidad fue Norma Torres, quien integra la Cámara de Representantes por el estado de California. En su momento, Bukele restó importancia a Torres y otros legisladores que se pronunciaron contra sus abusos, dijo que no eran representativos y hasta dejó entrever que solo habían firmado por firmar, sin saber qué contenían las misivas.
La misma legisladora a quien restó importancia fue quien promovió el recorte parcial de fondos para las fuerzas armadas que fue avalada por el Senado y sancionada por Trump.
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Este proyecto legislativo también contempla otro tipo de sanciones a funcionarios gubernamentales que hayan lesionado la democracia en El Salvador, Honduras y Guatemala. El gobierno de Joe Biden, que tomará posesión el 20 de enero, tendrá poco menos de 6 meses para entregar una lista de individuos que considere corruptos en el Triángulo Norte y el país procederá a cancelar las visas y establecer sanciones, según lo aprobado por ambas cámaras legislativas.
Esto, combinado con el plan Biden para Centroamérica, que plantea duras consecuencias a los corruptos, es un revés para los países del Triángulo Norte que se acostumbraron al estilo transaccional del gobierno de Trump: ellos colaboraban fielmente con políticas migratorias a cambio de recibir el espaldarazo de Washington y una mirada displicente ante los evidentes abusos de poder.
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La exembajadora de Estados Unidos El Salvador, Mari Carmen Aponte, dijo hace unos meses a El Diario de Hoy que bien haría el presidente Bukele en esperar un trato diferente del gobierno de Biden, del cual adelantó que tendría una postura más fuerte ante abusos de poder.
Malas noticias para Bukele, buenas para El Salvador
En ese sentido se pronunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien en Twitter reaccionó a la noticia diciendo que esto supone “buenas noticias para El Salvador. Malas noticias para Bukele”.
Vivanco, quien ha sido un asiduo crítico de los abusos del presidente y hasta fue bloqueado en Twitter por el mandatario, dijo que “sus reiterados abusos tienen costo internacional. Y con el fin de Trump ese costo sólo aumentará”.
EEUU recorta ayuda militar a El Salvador
Buenas noticias para El Salvador.
Malas noticias para Bukele.
Sus reiterados abusos tienen costo internacional.
Y con el fin de Trump ese costo sólo aumentará.
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) December 29, 2020
El funcionario de HRW calzó su tuit con una imagen del 9 de febrero, el evento más icónico del abandono de Bukele al Estado de derecho, cuando encabezó una toma militar y policial de la Asamblea Legislativa para presionar por un crédito. Este suceso fue acaso el parteaguas de la imagen internacional del presidente salvadoreño y el final de la “luna de miel” que muchos observadores internacionales tuvieron con Bukele.
Este recorte no abarca al grueso de la cooperación para el combate al narcotráfico y otras tareas, pero sí es un mensaje para los países del Triángulo Norte.
“Esto pone a estos países al mismo nivel que las dictaduras y los estados fallidos”, afirmó Adam Isacson, miembro de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), un centro de estudios para la promoción del Estado de derecho en la región.
Napoleón Campos, experto en asuntos internacionales y candidato a diputado por Nuestro Tiempo, afirmó que “¡Nayib Bukele lo volvió a lograr! Perdió Fomilenio III para El Salvador y ahora la asistencia militar de EE. UU. (El presidente) Trump firma la ley que califica de corrupto a Bukele y que le imputa daños graves a la Democracia y el Estado de Derecho”.
Por su parte, la embajadora designada de Bukele en Washington, Milena Mayorga, mostró sorpresa por este recorte y en una entrevista con The Associated Press (AP) llamó a reconsiderar la decisión, además de resaltar un supuesto compromiso democrático de Bukele.