El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se comprometió el jueves a realizar proyectos sociales en el cantón El Mozote, Morazán. Esa es la misma población que busca esclarecer la masacre ejecutada por el Ejercito en 1981 y que el mandatario ha negado el acceso a los archivos militares de la época.
Durante la matanza fueron ejecutadas unas 1.000 personas en el marco del conflicto civil (1980-1992).
También, durante su visita a la localidad, el mandatario señaló que “la guerra fue una farsa. Como los Acuerdos de Paz”. “Vamos a hacerle honor a la memoria histórica de El Mozote, haciendo un destino turístico para que la gente venga”, declaró.
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Además, en esa localidad el gobierno anunció que reconstruirá la plaza central, mejorará las calles y construirá un centro geriátrico, entre otras obras.
Paradójicamente han sido cuatro las ocasiones en las que la Fuerza Armada, con respaldo absoluto de Bukele, se ha negado a permitir la ejecución de la diligencia judicial en cuatro de sus guarniciones militares, en las cuales, según Jorge Guzmán, el juez del caso, solo buscan recabar posibles evidencias que esclarezcan la matanza cometida en 1981 en el conflicto armado.
El presidente Bukele ha justificado el bloqueo en que el juez del caso no tiene jurisdicción, algo que le han rebatido especialistas en derecho; además ha argumentado el carácter confidencial de los documentos que se resguardan en las sedes militares e incluso ha dicho que la intención de ingresar a las instituciones es para revisar planes estratégicos de seguridad.
El ex procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales reaccionó tras el discurso del mandatario señalando que fue “falsario y de odio” y que estuvo cargado de promesas demagógicas.
Morales agregó en un tuit publicado la noche del jueves que la sangre y el sufrimiento de las víctimas de El Mozote no tienen precio.
El Mozote, la matanza de diciembre de 1981
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército, ejecutaron, según cifras oficiales, a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes.
Otras 712 personas sobrevivieron el ataque y se vieron obligadas a abandonar la zona, pues sus viviendas fueron quemadas por la sospecha de que colaboraban con la entonces guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN).
“La realidad de El Mozote es que aquí se perpetró una de las masacres más horrendas en la historia de Latinoamérica (…)”, recordó Bukele.
Tras reconocer que lo ocurrido “fue terrible”, el mandatario pidió que se conozca la verdad, en medio de reclamos de familiares y de organizaciones de derechos humanos por el presunto ocultamiento de documentos militares relacionados al caso.
El pasado sábado el presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), Óscar Leonel Tobar, lamentó que el ejército salvadoreño se haya negado a entregar archivos de la masacre al juez que ve el caso.
En ese tribunal figuran como imputados 16 militares implicados, acusados de 13 delitos. Sobre los archivos, Bukele dijo que ordenó al ejército que entregarán “todo lo que tengan” sobre el caso.
En 1993, una comisión creada por la ONU para investigar crímenes de la guerra culpó de la masacre a un grupo de militares, en el que figuran el comandante del batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia.
Monterrosa y Azmitia murieron el 23 de octubre de 1984 al caer el helicóptero en el que viajaban, a cinco kilómetros de El Mozote, derribado por la guerrilla.