Los diputados aprobaron este jueves la destitución vinculante del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, por “violaciones a los derechos humanos”, antes, durante y después del 9 de febrero en su participación de la toma militar de la Asamblea.
Según el informe final aprobado con 58 votos en sesión plenaria, se establece que Arriaza Chicas violó el derecho al voto electoral al propiciar las condiciones para presionar e intimidar a los diputados a votar por una acción en la que no estaban de acuerdo, siendo que los legisladores representan a la ciudadanía por haber sido electos en votación popular.
Dado que la resolución aprobada por los diputados es de carácter vinculante, Arriaza Chicas ya está destituido como director de la Policía. Sin embargo, a juicio de la efemelenista Cristina Cornejo, si el presidente Nayib Bukele no acata, entonces él incurrirá en el delito de desobediencia.
En el informe se determina que “a partir de la noche del día 7 de febrero de 2020, los agentes de seguridad asignados a diputados fueron separados de sus labores ordinarias, los Agentes de Protección a Personalidades Importantes (agentes PPI) fueron convocados a la ex sede del grupo de reacción policial, permaneciendo allí hasta las 11 de la mañana del día 8 de febrero.
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Esta orden vino desde la PNC, cuando los agentes finalmente salieron de las instalaciones donde habían sido convocados no les permitieron llevar sus armas, por lo cual debían volver a sus tareas de proteger a los diputados sin tener ningún arma”.
“Son funcionarios del Estado y no son mayordomos de una persona”
Los diputados hicieron gala de sendas expresiones cuestionando lo ocurrido el pasado 9 de febrero. El diputado de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas, aseguró que los funcionarios públicos tienen límites y estos están determinados por la Constitución.
“Son funcionarios del Estado y no son mayordomos de una persona. La obediencia y la sumisión tienen límites y es la Constitución. El 9 de febrero fue un día oscuro para esta Nación. Es clarísimo la violación a la Constitución, no hay menor duda”, aseveró Vargas.
Agregó que el 9F demostró que el Gobierno instrumentaliza a las instituciones de seguridad y lo sigue haciendo. “Esto debe ser una señal preocupante para los salvadoreños. Estamos regresando a esa historia que tuvo nuestro querido El Salvador, y que lo cerramos mediante una reforma al sistema político con altos costos para la sociedad”, ahondó.
Mientras que la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, sostuvo que el presidente Nayib Bukele cometió un acto de sedición, delito que fue denunciado por los diputados ese mismo día en la Fiscalía, de que estaba atentando contra el orden institucional del país, “allí está la denuncia, igual lo hicimos contra Walter Araujo, con premeditación y alevosía, actor intelectual y material, porque él (Bukele) se sentó en esa silla (del presidente de la Asamblea) y dirigió la plenaria y dijo: hoy sabrán quien manda”, recordó Díaz.
El diputado Guillermo Gallegos, de GANA, fue el primero en intervenir y explicó que no votarán por el informe de destitución vinculante del director de la Policía, lo cual consideró “un abuso”. Además, adelantó que el presidente Bukele no ejecutará lo que la Asamblea apruebe este jueves.
“Esta decisión no la va a cumplir el presidente de la República por ilegal y por inconstitucional, eso no es correcto. Nosotros no vamos a votar por este dictamen”, afirmó Gallegos.
Ante esto, los diputados concluyen en el informe que fue leído este jueves que “es evidente que las acciones realizadas por las autoridades estaban coordinadas y fueron planificadas con tiempo suficiente de antelación, pues por una parte dejaron sin la protección de los agentes PPI a los diputados de la Asamblea Legislativa, mientras que efectivos militares tomaron posesión de los alrededores del Palacio Legislativo”.
También aprobaron recomendar la destitución del Ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, asimismo, dan aviso a la Fiscalía del posible cometimiento de los delitos de “rebelión y sedición” a ambos funcionarios y al presidente Nayib Bukele; al Jefe del Estado Mayor Presidencial, General Manuel Antonio Acevedo López; del Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, General Carlos Alberto Tejada Murcia.
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“Las acciones ejecutadas, están enmarcadas en el Título XVII del Código Penal: ‘Delitos Relativos al Sistema Constitucional y la Paz Pública’, en donde se encuentran los tipos penales de rebelión, sedición, proposición, conspiración y apología para cometer rebelión o sedición, previstos y sancionados en el Artículo 340 y siguientes de dicho cuerpo normativo”, reza parte del informe.
Según los diputados del FMLN y ARENA, después de estudiar los videos, pruebas y testimonios recibidos en la comisión especial que indagó lo acontecido el pasado 9 de febrero, se determinó que los funcionarios en mención son responsables de haber participado de un “Golpe de Estado”.
