El Órgano Judicial y la Corte de Cuentas de la República (CCR) son algunas de las 31 entidades del gobierno a las que el Ministerio de Hacienda les asignó menos recursos para funcionamiento de 2021 en comparación con el destinado para el presente año.
Este lunes, la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, para que explique el uso que dará a los fondos destinados para ese Órgano Judicial el próximo año.
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Sin embargo, señaló que la Corte Suprema refleja un gasto asignado por el Gobierno menor al 6% que la Constitución de la República establece para el Máximo Tribunal.
“Viene menos del 6% que corresponde, al parecer porque después estimaron más ingresos. Primero escucharemos el planteamiento de ellos”, expresó Anabel Belloso, del FMLN, al preguntarle si modificarán el monto asignado.
De acuerdo al artículo 172 de la Constitución de la República, al Órgano Judicial le corresponde “una asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”.
Para funcionamiento de la Corte Suprema en 2020, el monto asignado fue de $302.2 millones; sin embargo, para el próximo año el Ministerio de Hacienda le destinó $289.9 millones, es decir, $12.3 millones menos, ya que se consideraron los ingresos tributarios obtenidos por Hacienda hasta septiembre de este año.
Sin embargo, estos crecieron y se presume que el presupuesto de la Corte Suprema deberá ser mayor.
De acuerdo al proyecto del presupuesto de la Nación presentado por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la Asamblea Legislativa el pasado 30 de septiembre, el gasto nacional para 2021 está cifrado en $7,453.5 millones, representando un aumento de $1,027.4 millones en comparación con el de 2020.
Con ese crecimiento, el 6% que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia en presupuesto para el próximo año debería ser de $447.2 millones, pero el Gobierno le asignó $289.9 millones, lo que equivale a $157.3 millones menos de lo que en realidad se le debió asignar por Constitución.
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Esto, tomando en consideración el alza de $1,027.4 millones en el gasto nacional para 2021 en relación con el de este año.
Pero también, la brecha fiscal que deberá ser financiada con más deuda subió de $1,200 millones el presente año a $1,342.5 millones.
Zelaya justificó el día que llevó el proyecto de presupuesto a los diputados que han priorizado otras áreas, por ejemplo, a Educación le asignaron $1,320.4 millones que equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB); a Salud le destinaron $1,034 millones que representa el 3.9% del PIB; luego a Seguridad le otorgaron $655.3 millones, que es el 2.5% del PIB; al Ministerio de la Defensa le han dado $248 millones, entre otras instituciones que reflejan aumentos en su presupuesto.
La Asamblea tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar el Gasto Nacional del Estado solicitado por el Ministro de Hacienda. El presupuesto debe tener 56 votos de los diputados, es decir, mayoría calificada porque conlleva adquisición de deuda para una parte de su financiamiento.
De no lograrse el acuerdo legislativo a más tardar el 31 de diciembre, automáticamente el gobierno tendría que funcionar con el monto del presupuesto utilizado para este año, que es de $6,426.1 millones.
