Hay dos gastos que reflejan anomalías en los ministerios de Agricultura y en el de Obras Públicas: el de la compra de granos básicos y atún enlatado para los paquetes alimentarios y el transporte de los mismos para los afectados para la pandemia, cuestionaron ayer los diputados de la comisión especial de la Asamblea que indaga el manejo de recursos estatales en la emergencia.
De acuerdo a la información presentada ayer por el titular de Agricultura, Pablo Anliker, el gobierno distribuyó en total 7.6 millones de paquetes alimenticios durante la pandemia; sin embargo, no pudo detallar a los diputados el costo unitario de 4.5 millones de bolsas grandes de alimentos que fueron elaboradas por el MAG y distribuidas por distintas instituciones del Estado.
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En la presentación que Anliker llevó a la Asamblea se detalla que el gobierno distribuyó 4.5 millones de “Canastas PES” que son las más grandes. Anliker dijo que los insumos y el empaquetado lo hizo el Ministerio de Agricultura.
Otras 800,000 canastas medianas fueron compradas ya empaquetadas por el MAG; 1.1 millones fueron “cestas solidarias pequeñas” que fueron también compradas por Agricultura y entregadas a 254 alcaldías; 1.2 millones fueron cajas de alimentos adquiridas por la institución y distribuidas por las diversas entidades del Estado.
En este punto, el diputado Rodolfo Parker, del PDC, hizo hincapié al funcionario para que dijera a qué empresas el Ministerio de Agricultura compró el atún enlatado que iba en los paquetes.
“¿Qué empresa señor ministro vendió a El Salvador el atún enlatado? ¿nombre de la empresa? ¿cuál es su nacionalidad? y ¿cuál fue el monto del contrato?”, cuestionó.
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Para contestar, Anliker se tomó su tiempo, ya que debió consultar antes a sus asesores la respuesta que debía dar, casi diez minutos después de que Parker lanzó la interrogante. (Ver nota aparte).
“En la pregunta, la hallamos un poco confusa, porque dice una empresa que nos vendió atún, no hay una sola, por eso es que necesitábamos revisar el dato para aclararle, porque se le ha comprado a Grupo Calvo aquí en el país, y se ha comprado a Marhel Group, también en México, por eso estábamos con la duda que era sólo una empresa”, explicó Anliker.
Agregó que a la empresa mexicana le compraron $11.7 millones de atún enlatado y $5.2 millones a Grupo Calvo.
“Quiero aclarar que no le compramos más a Grupo Calvo porque no tenía capacidad de darlo en ese momento, porque tenía grande demanda de exportación”, explicó Anliker.
Al respecto, Parker reveló que “para registro, cualquier ciudadano puede verificar que Marhel Group está vinculada a B-Eminent, es una empresa relacionada con el caso de lavado de dinero Lava Jato de Brasil, el caso de lavado de dinero más grande de Brasil”, manifestó el diputado pedecista.
“No sé de donde ha sacado esa información para esa acusación. Esto es público, muchas empresas pueden tomar sus medidas que se les acuse ante los medios, en México tienen derecho a demandar, alguien que esté hablando con esa categoría de acusaciones”, le respondió Anliker.
Pero las revelaciones de Parker no terminaron allí, también le pidió a Anliker que dijera qué empresa fue contratada para coordinar la logística para el empaquetado de bolsas de alimentos, su nacionalidad y el monto del contrato.
“Para logística se contrató a Molinos San Juan, empresa salvadoreña por $2.8 millones y a Nicemoon, que es panameña, por $5.1 millones. Todo está en los contratos que ustedes tienen”, expresó Anliker.
A lo que el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, le exhortó: “Usted está acá para responder las preguntas, si ya están, qué bueno, porque eso le facilita”.
Parker enfatizó que la empresa panameña Nicemoon son directivos de otra firma de nacionalidad venezolana y de otra compañía panameña relacionados a “una red de corrupción de empresas en Panamá y Venezuela” y que debía dejar constancia de todo lo anterior porque las compras se hicieron con fondos públicos.
Otro aspecto que criticó la diputada Yanci Urbina, del FMLN, es sobre los montos invertidos del Fondo de Prevención y Mitigación de Riesgos (Fopromid), ya que según la presentación de Anliker la erogación realizada con ese dinero es de $145.8 millones, pero el dinero previsto en total para la emergencia es de $265 millones.
Anliker consultó de nuevo con sus asesores y contestó que: $62 millones, son “cuentas por pagar de las compras realizadas”, pero Urbina valoró que no podía hacer ese movimiento sin tener un respaldo legal para comprometer los recursos que aún no tenía.
La adquisición de granos básicos a Sinaloa, México, también fue cuestionada. En este punto, Anliker dijo que optaron por comprarlos a México porque era el país que más produce los productos y que está a pocas horas de El Salvador, debido al cierre de la frontera con Honduras por la pandemia.
“Qué tiene de malo que venga de Sinaloa, es un Estado de México, agrícola, trabajador”, refutó Anliker.
Parker puso sobre la mesa una contradicción entre el gobierno y el MAG, en cuanto a la cantidad de toneladas métricas de granos compradas a México.