La democracia, en un estado de derecho, se basa en la obediencia a las leyes contenidas en la Constitución de la República, en respetar la separación de poderes y en que los funcionarios tengan únicamente las atribuciones que les da la ley. Y punto, les guste o no les guste a los gobernantes de turno. Por lo tanto, toda obra realizada por el gobierno, debe estar sujeta a diferentes procesos que comienzan con los permisos requeridos para realizarla.
Pero en los últimos años, como que los gobernantes de turno han desconocido, por propia conveniencia, todo lo anterior,y han actuado como propietarios de una finca, donde pueden actuar según se les antoje, muchas veces demostrando su total ignorancia para realizar proyectos de cierta envergadura, negándose a aceptar opiniones de especialistas, y sin pedir los permisos correspondientes, que muchas veces no serían concedidos.
Durante los gobiernos del FMLN fuimos testigos del megaproyecto destinado a mejorar el transporte público, naciendo así el SITRAMSS. Surgieron preguntas de quién dio los permisos para que una empresa de capital privado, usara a su antojo del Bulevar del Ejército y de la Alameda Juan Pablo II, mientras endulzaban los oídos de los capitalinos con una flota de cientos de buses que llegarían al país mediante un préstamo millonario otorgado por un banco de Brasil, que nunca llegó. ¿Qué entidad del gobierno rojo autorizó la destrucción de dos importantes vías de la capital? ¿Fue un acuerdo público privado contemplado en nuestra legislación? Los resultados están a la vista: dos importantes vías destrozadas y 37 unidades estacionadas sin dar servicio. ¿Hay alguien que responda por los millones gastados y la destrucción de las mencionadas arterias?
Y a pesar de las promesas de que no habría más de lo mismo, Bukele se convierte en un imitador mejorado de lo anterior. Decide por sí y ante sí convertir CIFCO en un hospital, que OPAMSS autorizó como provisional por la emergencia de la pandemia. Y sin estudios previos, pone al MOP a construir un hospital permanente, sin consultar a médicos o arquitectos especialistas en la construcción de hospitales. El presidente no ha explicado quién le autorizó a destrozar los pabellones de la Feria, y si tiene planes para construir CIFCO en otro lugar, o indemnizarla por el uso de sus instalaciones. El hospital prometido está cubierto del secretismo más sospechoso ya que aunque los funcionarios presuman de que es el más moderno de América Latina, no ha permitido que la prensa independiente entre a comprobar la verdad. En el estacionamiento de CIFCO, contiguo a CAPRES hay una estructura de hierro, un esqueleto que nadie sabe para qué va a servir. ¿Es posible deducir responsabilidades por el abuso de apropiarse de las instalaciones de CIFCO y el daño causado a una zona residencial con abundante turismo, cuyos negocios van a sufrir por el vecindario de un hospital? ¿Se consideró que esta zona es de difícil acceso para los pacientes de escasos recursos que buscan los servicios de un hospital público?
Estos dos ejemplos son únicamente el inicio de una larga lista de abusos cometidos por quienes están llevando al país por un rumbo equivocado, como la venta de la Lotería Nacional de Beneficencia a una empresa de capital israelí, según lo admitiera un dirigente de la misma, pero que las autoridades locales niegan, sin explicar el tipo de arreglo al que llegaron, ya que todo está envuelto en un secretismo turbio, demostración evidente de corrupción. ¿Quién podrá defendernos de este vandalismo?
Maestra.