Del 24 al 30 de septiembre anterior, el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) gastó poco más de 249,000 dólares en comprar espacios publicitarios en diversos canales de televisión salvadoreños.
Entre el 6 y 7 de octubre, en el sitio Comprasal, fue publicado un listado de 15 contrataciones que Defensa hizo en diversas franjas de la programación local.
La información de cada contratación es tan escasa que se desconoce bajo qué modalidad hicieron esos contratos. No publicaron documentos importantes como los términos de referencia o los contratos entre la institución pública y las empresas a las cuales se contrató el servicio.
En el sitio Comprasal, que es el sistema electrónico de compras públicas, sólo existe una descripción general del proceso, los montos y las empresas a las cuales les fueron adjudicadas las pautas publicitarias.
El 7 de octubre, El Diario de Hoy gestionó la versión del Ministerio de la Defensa, a través de la Dirección de Comunicaciones y Protocolos, sin embargo, el responsable de esa oficina dijo que se debía enviar una carta dirigida al ministro y que dependiendo de la agenda, él determinaría si concedía una entrevista o designaba a alguien más.
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Cuarenta días después de enviada la carta, no se había obtenido respuesta a la gestión.
De acuerdo a los escuetos datos de las 15 compras, los spots fueron publicados con más frecuencia los días 24 y 25 de septiembre, durante programas deportivos, juveniles, de música, de noticias y hasta de asesoría migratoria, según consta en los documentos.
La contratación de difusión de los spots pagados por el Ministerio de la Defensa Nacional habría sido a pocos días de que la Asamblea Legislativa recomendara la destitución del ministro René Francis Merino Monroy, luego de la interpelación que le hicieran los legisladores sobre la participación de la Fuerza Armada durante el asalto a ese Órgano de Estado, el pasado 9 de febrero, perpetrado por elementos de la Fuerza Armada (FAES) y de la Policía Nacional Civil (PNC) junto al presidente Nayib Bukele.
Esa misma semana en la que se comenzó a difundir los spots pagados por la Fuerza Armada, esta institución había negado el ingreso al recinto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) al juez de Instrucción Jorge Guzmán y a peritos que verificarían la existencia de archivos militares relacionados con el caso conocido como Masacre de El Mozote.
El lunes 21 de septiembre, fecha para la cual estaba programada la inspección en las instalaciones militares, un coronel apostado en una de las entradas a las instalaciones del EMCFA, negó el acceso al letrado y a los peritos, a pesar de que el presidente Nayib Bukele, comandante general de la Fuerza Armada, había prometido, meses antes, abrir los archivos militares para conocer la verdad sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
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Tanto el asalto a la Asamblea Legislativa para presionar a diputados la aprobación de un préstamo de $109 millones para gastos de seguridad, como la obstrucción de la justicia en el caso de la inspección de archivos militares, han causado repudio internacional y duras críticas al papel de la Fuerza Armada.
El gobierno, mientras tanto, entre agosto y septiembre, difundió propaganda en diversos medios de comunicación, mediante la cual se presentaba a la Fuerza Armada como una institución nueva.
Violación a la LACAP
De acuerdo con abogados consultados, expertos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), Defensa no está cumpliendo con lo que ordena esa ley en cuanto a poner a disponibilidad información sobre las compras que realiza.
El inciso segundo del artículo 1 de la referida ley establece que: “Las adquisiciones y contrataciones de la Administración Púbica se regirán por principios y valores tales como: no discriminación, publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad, probidad, centralización normativa y descentralización operativa, tal como están definidos en la Ley de Ética Gubernamental”.
Además, en Comprasal deberían estar publicados los términos de referencia o las bases de competencia, el número de expediente, así como el contrato; sin embargo, en este último apartado se indica que la “UACI encargada de gestionar proceso no ha cargado la versión pública del documento de contratación”.
Los montos de cada compra, en cambio, permiten verificar con cuáles empresas se pautó con mayor frecuencia. Por ejemplo, a la empresa Indesi, S.A. de C.V. (Grupo Megavisión) se le pagó la suma total de 53,110 dólares por la pauta publicitaria de los referidos spots.
Así también, a Canal 12, Defensa le pagó la suma de 40,960 dólares; a Canal 2, $47,019.30; a Canal 6, $34,645.80 y a Canal 4, $28,656.
Esas fueron las mayores asignaciones, del total de 249,174.40 dólares, según la información disponible en Comprasal.
Ayer, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) realizó una audiencia oral contra la Presidencia de la República debido a que esa institución negó información a la ciudadana Violeta Roca, quien solicitó que se le informara sobre el monto total asignado en publicidad para la producción y difusión en medios de comunicación y plataformas digitales del spot o cuña radial denominados “La nueva Fuerza Armada”. La resolución del IAIP aún está pendiente de conocer.