Tras relatar los hechos que vinculan al director de la Policía y viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas, como el responsable de no acatar el mandato de la comisión especial de la Asamblea que indaga el uso de fondos para la pandemia; la Fiscalía concluye que el funcionario debe ser procesado por el delito de “incumplimiento de deberes”, por lo que solicita a la Asamblea que le quite el fuero constitucional a Arriaza Chicas.
“El suscrito, en carácter de Fiscal General de la República, concluye que en el presente estadio procesal, luego de practicadas las diligencias de investigación urgentes y necesarias, como lo establece la ley y según se han enumerado, existen los elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad positiva de que se ha cometido los hechos punibles calificados como Incumplimiento de Deberes previsto y sancionado en el artículo 321 del Código Penal, y que el responsable directo de su comisión es el señor MAURICIO ANTONIO ARRIAZA CHICAS, en calidad de autor directo conforme al Art. 33 Pn (Procesal Penal)”, reza una de las conclusiones que se plasman en el requerimiento fiscal.
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Dentro de los elementos probatorios que fundamentan la pretensión de la Fiscalía, se detalla que en las diferentes diligencias realizadas, se “extraen indicios que han permitido extraer suficientes elementos de convicción para sostener con probabilidad positiva –más allá de duda razonable, como se sostiene en la jurisprudencia anglosajona-, no sólo la existencia del detallado delito, sino –asunto de importancia para este Máximo Tribunal-, la probabilidad tangible de que el Director General de la Policía Nacional Civil ahora también Viceministro en cuestión es autor directo del hecho atribuido, pues, concurren circunstancias precisas y concordantes que resultan vinculantes con una relación lógica y cierta que determinan el cuadro de autoría del señor MAURICIO ANTONIO ARRIAZA CHICAS”.
En el requerimiento fiscal se explica que el director de la Policía conocía su obligación de acatar la orden de la Asamblea de llevar con apremio a los funcionarios citados, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya y el de Salud Pública, Francisco Alabí.
El escrito relaciona la nota que envió Arriaza Chicas a la Asamblea justificando a Zelaya que estaba ocupado para no asistir a la convocatoria.
“Con respecto a la nota presentada por el Comisionado a la Comisión Especial ya antes señalada, se enmarca dicha actuación en lo que la doctrina establece como Fraude de Ley consistente en la vulneración de una norma jurídica al amparo de otra norma o disposición legal, se trata de camuflar o disfrazar una conducta como si fuera otra para burlar una norma”, explica el fiscal general, Raúl Melara.
La Fiscalía señala que Arriaza Chicas no contaba con facultad alguna para contra argumentar, cuestionar, o sugerir modificaciones a la decisión tomada por la autoridad competente, en este caso de la comisión especial, “por el contrario, la única obligación legalmente establecida para él en este caso, era darle cumplimiento a la orden emitida, conforme lo plasmado en el artículo 165 del Código Procesal Penal”.
Además, la comisión estaba facultada para obligar al director de la PNC a llevar con apremio a los funcionarios en mención de acuerdo al artículo 56 del Reglamento Interno de la Asamblea, la cual establece que “los funcionarios y empleados públicos, inclusive los de instituciones Oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada y declaración de personas requeridas por estas comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial y además, proporcionarán por escrito cualquier información que se le solicite”.
El director de la Policía ha desobedecido no solo a la Asamblea, también se ha negado a acatar órdenes de la misma Fiscalía que le ordenó desalojar la calle que conduce al relleno sanitario de Nejapa de personas que afirmaron ser sindicalistas de la comuna capitalina, quienes durante varios días obstaculizaron el ingreso de camiones de desechos de la alcaldía de San Salvador, lo que provocó promontorios de basura en la capital.
Su actuación “fuera del marco legal”, viene desde febrero también, cuando en la militarización de la Asamblea, la PNC tuvo un rol protagónico junto a la Fuerza Armada, según lo han denunciado los mismos diputados de la comisión especial que indaga los hechos del 9 de febrero pasado.
Los legisladores acusan que el Gobierno ha “instrumentalizado” a las instituciones que deben dedicarse a perseguir el delito, para volverlos aparatos de “intimidación y persecución”.