“Los mayores indicios en estos casos (supuestos de corrupción) han sido aportados por la Cicies y eso es algo bueno porque quiere decir que este convenio de cooperación está dando sus frutos y está poniendo la institucionalidad a trabajar”, dijo el fiscal general, Raúl Melara al revelar que ese organismo internacional ha comenzado a colaborar en la investigaciones de supuestos casos de corrupción.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) es el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que apoya a la Fiscalía General en investigaciones relacionadas a casos de corrupción gubernamental.
Melara reconoció que “todos los procesos de investigación que se realizan en las instituciones públicas se han abierto por indicios que presentó la Cicies”.
Explicó que la Cicies ha realizado una serie de auditorías al proceso de adjudicación y asignación de fondos públicos en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19.
“Al encontrar alguna serie de irregularidades lo pone en conocimiento de la Fiscalías para que inicie las investigaciones. Esto se suma a otros indicios que ya se tenían más las denuncias y avisos que han sido presentados”, dijo Melara.
Estas investigaciones han permitido a la Fiscalía General allanar 13 instituciones públicas y empresas privadas que han sido proveedoras del Estado en la emergencia.
Melara confirmó que además del Ministerio de Salud Pública, también se hacen registros en los ministerios de Hacienda, Agricultura, Medio Ambiente, Anda y Fonaes.
“Esos son parte de la investigación. Hay un par de instituciones del Estado, entiendo que Anda y Fonaes, por los casos que se han dado”, dijo Melara.
Agregó que “esto debe de enmarcarse dentro de algo rutinario, esto es un proceso de verificar la existencia o no del cometimiento de delitos”.
Desmintió los rumores de que la Fiscalía General no ha presentado las órdenes de allanamiento como se ha querido hacer ver en las redes sociales.
“Me da pena ajena las declaraciones que dan algunas cuentas gubernamentales o algunos periodistas, Fiscalía no va a hacer nada ilegal, no se va hacer nada que no esté amaparado en la ley, todo el procedimiento se ha desarrollado con normalidad”, dijo el fiscal.
Reveló que para algunas entidades gubernamentales se pidió la extensión del allanamiento por la gran cantidad de documentación que se está revisando, por lo que en algunas se sigue con los registros y en otras ya terminaron, sin especificar en cuáles.
Melara llegó ayer a las oficinas de Salud Pública a verificar que el allanamiento continuara sin ninguna interrupción.
La noche de este martes, unos 90 fiscales llegaron al referido ministerio para reforzar los equipos de verificación y decomiso de los documentos relacionados a las compras públicas que supuestamente han sido amañadas.
Pero los allanamientos abarcan a las empresas privadas que proveyeron algún tipo de producto al Estado en el referido período.
Melara califica procedimiento policial de irregular
“Fue un procedimiento llamémosle irregular de parte de la Policía, porque se trató de obstaculizar el ingreso de los fiscales al ministerio para poder seguir realizando las investigaciones ”, dijo Melara.
La tensión entre policías y fiscales se dio porque los agentes policiales les exigieron la documentación de las armas de fuego que portaban y les obstaculizaron el ingreso al ministerio para seguir con el registro.
Algunos de los policías dijeron que ellos cumplían órdenes superiores.
Melara fue claro al señalar que el cumplimiento de órdenes ilegales trae consecuencias penales de manera personal.
“No se deben seguir órdenes ciegas vengan de donde vengan, dijo Melara.
Agregó que “nadie va a responder por ellos, cuando le vayan a tocar la puerta, el jefe lo va a dejar solo y va ser él el que va enfrentar el proceso penal”.
Dijo además que “si lo de ayer fue un intento de obstaculización o de querer amedrentar, eso no funciona como Fiscalía, nosotros vamos a seguir investigando lo que se tenga que investigar”
Para Melara, esas acciones de la Policía son “señales preocupantes porque este tipo de hechos son los que hacen que la Policía pierda cada vez más credibilidad y que nosotros como Fiscalía perdamos más la confianza en ellos (PNC)”, dijo Melara.
En ese sentido, el Fiscal General señaló que no se puede “dejar pasar actos de corrupción ni del presente ni del pasado…También desde hace años se habla que la Fiscalía tenga su propio cuerpo de investigación y así no depender de nadie”.
para continuar con el allanamiento, pese a que existe una orden de juzgado que lo avala.
Agregó que al final se llegó a un acuerdo con el subdirector de Áreas Especializadas de la Policía, comisionado de la Policía Omar García Funes de que la Policía solo mantendría un dispositivo de seguridad en los contornos del ministerio.
Ayer por la tarde, el presidente Nayib Bukele escribió en su cuenta de Twitter: “¿Por qué todos los allanamientos, ataques, solicitudes de antejuicio y desafuero (no relacionados), fueron hechos el mismo día?. El fiscal arenero ya está en campaña. Como le dije al Fiscal una vez, y justamente por esa misma razón: “Recuerde que uno cosecha lo que siembra.”.
Melara le respondió en su cuenta: “Es cierto. Cada quien cosecha lo que siembra. Aplica en la vida y aplica para todos”.
Ministro de Seguridad llama “sinvergüenzas” a fiscales por allanamientos
El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, arremetió contra los procedimientos y registros que realiza la Fiscalía en varias instituciones de Gobierno por presuntas compras irregulares.
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“Están poniendo en peligro la vida de la gente, porque afectan incluso sistemas informáticos. Creo que han llegado a niveles que ni siquiera nosotros podíamos imaginar. Son unos sinvergüenzas”, publicó en Twitter el funcionario.
También el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, criticó el procedimiento fiscal en las instituciones gubernamentales. Durante una conferencia este miércoles, Castro incluso advirtió al Ministerio Público que “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y recibirán respuestas de nuestra parte en el marco de la ley”.
Sin embargo, la obstaculización que policías y empleados del Ministerio de Salud hicieron la tarde del martes durante el allanamiento en cumplimiento a una orden judicial ha configurado varios posibles delitos, a juicio de abogados, siendo estos los delitos de desobediencia, fraude procesal y actos arbitrarios.