Los alcaldes de San Fernando y Arcatao en Chalatenango, municipios fronterizos con Honduras, aseguraron ayer que no están en contra de la presencia militar en las zonas fronterizas, sino que se les impida el paso a los salvadoreños que van a Honduras o los que vienen de ese país a El Salvador.
El alcalde de San Fernando, Carlos Álvarez, aseguró que hay salvadoreños que trabajan o tienen terrenos en territorio hondureño por lo que tienen que viajar a ese país. También hay salvadoreños que por distintos motivos residen en Honduras, pero que tienen que viajar a San Fernando, Arcatao u otros municipios, ya sea por una consulta médica u otro trámite.
“Ellos viven allá por diversas razones, se han establecido allá. Ellos no pueden cruzar a pesar de que tienen su DUI vigente, tienen todos los derechos que un salvadoreño pueda tener, pero ellos no pueden hacer uso de atención médica, de educación ni hacer trámites, esta totalmente restringido (el paso)”, dijo Álvarez.
Aseguró que las restricciones impuestas por las autoridades militare afectan a jornaleros, agricultores, ganaderos, y los que van a las cortas de café en Honduras.
“Han tenido pérdidas económicas, los ingresos familiares han venido en detrimento y las pérdidas que han sufrido los propietarios de inmuebles que son salvadoreños y que viven al otro lado”, agregó.
José Alberto Avelar, alcalde de Arcatao, aseguró que “si quieren tener un soldado cada diez metros en la frontera, yo no tengo problemas con eso, lamentablemente alguien sale perjudicado y en este caso, es la población humilde y trabajadora”.
A su juicio, el hecho de que se les impida el paso a los salvadoreños es una violación a los derechos de libre tránsito.
“Más bien lo que hay es una vulneración de derechos de la población. Estaba habiendo muchos abusos de autoridad pero a raíz de todas las denuncias que hemos hecho eso ha bajado”, dijo Avelar.
El ministro de Defensa, René Merino Monroy, aseguró ayer en una entrevista televisiva que el ejército vigila 195 puntos ciegos fronterizos para evitar tráfico de drogas y de personas; así contrabando de mercadería.
“Recientemente el presidente Bukele pidió reforzar la presencia en dichos puntos para evitar actos ilícitos”, dijo Merino Monroy.
A juicio de Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad, “se están violentando derechos a la gente que en los últimos 30 años circuló sin mayor problema en esa zona, porque tienen doble nacionalidad. Me parece irresponsable criminalizar de manera generalizada estos municipios”.