El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en El Salvador (ALAC) presentó este martes una denuncia contra el Consejo de Ministros, incluyendo al Presidente de la República, Nayib Bukele, por reservar información sobre las Actas de reuniones del Consejo de Ministros, las cuales según el artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) son información pública de carácter oficiosa.
La denuncia se presentó ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) con el objetivo de que se inicie un proceso sancionatorio (patrimonial) contra los funcionarios del Órgano Ejecutivo.
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A los servidores públicos se les acusa el cometimiento de la infracción grave de la letra e) del artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la cual consiste “en invocar como reservada información que no cumple con las características señaladas en la ley. Dicha conducta obedece a que los servidores públicos denunciados, en acto administrativo de reserva, manifestaron lo siguiente: ‘declárese reservada la información presentada al Consejo de Ministros o producida y generada por el mismo, que (i) contiene opiniones y recomendaciones que sirven de base para las deliberaciones y decisiones del Consejo de Ministros en tanto no se hayan adoptado decisión definitiva; (ii) comprometa las estrategias en los procedimientos administrativos necesarios para la consecución de las mismas, según lo establecido en el art. 19 literales ‘e’ y ‘g’ de la LAIP”.
Wilson Sandoval, coordinador de ALAC, explicó que esta acción tuvo su origen luego de que la oficial de información pública de Casa Presidencial (CAPRES) Gabriela Gámez, decidiera poner en reserva información por adelantado y que ni siquiera se ha generado a la fecha.
El coordinador de ALAC considera que hay dos hipótesis por las que ocultan la información de dichas actas.
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La primera, es que las reuniones de Ministros no tienen un eje transversal en elementos técnicos, es decir, que las decisiones se toman de forma muy autoritaria desde el Presidente de la República y donde los ministros tienen una participación menor o reducidas a opiniones sin ninguna vinculación para el Gobierno y en esas actas se configuran este tipo de actitudes. La segunda, es que las acciones en sí mismas ni siquiera se estén dando o no existan.
En el Consejo de Ministros se deciden temas de mucha importancia como por ejemplo las garantías constitucionales por la pandemia, el refuerzo presupuestario entre otros.
“Nosotros hoy por hoy estamos vetados como ciudadanos de poder observar como se está desarrollando este espacio de participación y de toma de decisiones porque la información ha sido reservada” lamentó Sandoval.
Pese a que en el art. 22 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE) se menciona el tema de participación e ilustración, y hay una acción de asesorar, Wilson cuestiona que no se sabe cómo se da y ni siquiera si se da.