Un periodista preguntó a Herbert Anaya Sanabria, cuando éste obtuvo su libertad en febrero de 1987, después de 9 meses como preso político en el penal “La Esperanza”, si él tenía miedo por las amenazas a muerte que había recibido. Este 26 de octubre, a 34 años de su asesinato, la respuesta a esa pregunta por parte del presidente de la entonces Comisión de Derechos Humanos no gubernamental marcó un hito intergeneracional e histórico: “La agonía de no trabajar por la justicia es más fuerte que la posibilidad cierta de mi muerte… Esta última es solo un instante, lo otro constituye la totalidad de mi vida…”.
Fue asesinado cobardemente, en el estacionamiento del conjunto de condominios en los que vivía en la colonia Zacamil. Le dispararon frente a sus pequeños hijos cuando se disponía a llevarlos a la escuela temprano en la mañana. También cobardemente el gobierno de turno intentó salirle al paso a la condena nacional e internacional que se desató por este crimen e intento evadir responsabilidades secuestrando y obligando bajo tortura a que un joven usado como chivo expiatorio declarara públicamente que los asesinos eran miembros del grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo. Tal versión logró hacer dudar a muchos, incluso integrantes de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, quienes posterior a investigaciones más profundas concluyeron que el Estado salvadoreño era responsable tanto de los hechos como de las acciones posteriores orientadas a garantizarles impunidad a los verdaderos autores materiales e intelectuales.
Pese a que este caso es el primero que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó fuese reabierto posterior a la derogación de la Ley de Amnistía en julio de 2016, no hay avances. Los indicios de responsabilidad que apuntaban hacia la ahora disuelta Policía de Hacienda no fueron siquiera trazados, específicamente aquellos que enfilaban hacia al coronel Rinaldo Gólcher, director de este cuerpo de seguridad que había amenazado abiertamente a Herbert Anaya de graves consecuencias a su integridad si continuaba en su labor de denuncia. Precisamente por esa labor, Herbert fue secuestrado por Escuadrones de la Muerte, detenido arbitrariamente y torturado. Aún dentro de la cárcel, trabajó en un documento que detallaba más de 30 tipos de tortura que se practicaban en instalaciones militares y de cuerpos de seguridad contra opositores políticos. Días previos a su asesinato voces anónimas que se difundían en una radio clandestina vinculada a las estrategias comunicacionales castrenses de contrainsurgencia mencionaban constantemente su nombre llamando a acallar su voz.
En memoria de Herbert Anaya, la Asamblea Legislativa declaró en el 2013 cada 26 de octubre como “Día Nacional del Defensor y Defensora de Derechos Humanos”. Pasaron más de 20 años desde que la iniciativa fue presentada por diferentes organizaciones ante el Órgano Legislativo, chocando con la franca oposición o la conveniente indiferencia de toda la diversidad de fuerzas políticas representadas en el Congreso, que veían en dicha declaratoria el riesgo de abrir heridas de una guerra en la “que todos fueron injustos” como reza el informe de la Comisión de la Verdad.
Esta fecha nos obliga no solo a reconocer la labor de quienes han dado su vida por la defensa de los derechos humanos. Nos impele a seguir su compromiso, ser apóstoles de su heroísmo, a ser coherentes en nuestra práctica cotidiana con los principios de los derechos humanos y a no cesar en los esfuerzos para los que los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad salgan de las sombras de la impunidad que les acogen.
En los actuales tiempos, en que resuenan ecos autoritarios y nuevamente la intolerancia y la confrontación amenazan la poca institucionalidad lograda después de años de conflicto armado, debemos, como sobrevivientes o como herederos, de continuar el legado que los defensores y defensoras de derechos humanos han dejado en nosotros. Somos parte del fuego de vida que ellas y ellos representan, y estamos llamados, sobre todo, a avivar su luz en la memoria colectiva de este país.
Periodista especializada en derechos humanos y educación para la paz.