Además de la afectación por la pandemia, los residentes de ocho municipios de Chalatenango, se ven imposibilitados de continuar con sus labores económicas y agrícolas, debido a que el Gobierno ha intensificado la vigilancia militar en la zona límite entre Honduras y El Salvador, una extensión que abarca a varias localidades del norte del país que viven del comercio interno de granos básicos y de leche.
Los municipios afectados son: Citalá, San Ignacio, San Fernando, El Carrizal, Ojos de Agua, Arcatao, Nueva Trinidad y Nombre de Jesús. El alcalde de San Fernando, Matías Erazo, un municipio fronterizo con Honduras explicó ayer en la Asamblea que en principio creyeron que se debía al control sanitario por el COVID-19; sin embargo, la militarización se ha intensificado al grado que no permiten que los salvadoreños que residen justo en los puntos fronterizos se puedan movilizar ni acceder a servicios médicos en los centros hospitalarios de El Salvador.
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“En mi calidad de alcalde hemos visto una afectación de la vida cotidiana de los pobladores del paso fronterizo, hay afectación de tipo económico, en el tema agrícola, y también de la ganadería, otro tema es que los salvadoreños que residen del otro lado de la frontera, no pueden recibir atención médica y han separado a las familias”, expresó el alcalde de San Fernando.
Agregó que la mayor parte de la población de ese municipio se desplazan por el río Sumpul que divide ambos países, ya que realizan sus labores agrícolas en territorio hondureño, pero viven en la zona limítrofe, “es preocupante para salvadoreños y hondureños en esa zona fronteriza”, remarcó el alcalde de San Fernando.
Dijo que han realizado gestiones con las autoridades de la Fuerza Armada que son los encargados de restringir la libre circulación de las personas y con Migración, y ayer acudieron a la Asamblea a pedir el apoyo de los diputados.
“Es el ciudadano común el que está siendo afectado, es doloroso e increíble que hay este tipo de restricciones cuando son personas que trabajan para llevar el sustento a sus familias. Es una situación muy lamentable y la gente está resintiendo, hemos sido afectados por la pandemia y ahora tenemos esa restricción, es un impacto negativo muy grande”, razonó el jefe edilicio.
Lo anterior se da pese a que la Sala de lo Constitucional en sus resoluciones ha ordenado al Ejecutivo que no puede restringir la libre circulación de las personas afectando sus derechos humanos, a menos que exista un estado de excepción decretado por la Asamblea Legislativa. Por el momento no está vigente ninguna ley relativa a impedir el libre tránsito de los ciudadanos.
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La petición del alcalde de San Fernando fue acompañada por las diputadas del FMLN, Karina Sosa y Audelia López, quienes señalaron que pedirán al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas y al director de Migración, Ricardo Ernesto Cucalón, que les rinda un informe que contenga las motivaciones que impulsan a las autoridades a restringir la libertad de tránsito de las personas salvadoreñas en zonas fronterizas, específicamente en Chalatenango.
“Vemos con mucha preocupación la situación que están viviendo habitantes de Chalatenango, sobre algo que ha sido normal para ellos que es la vida de frontera en donde desempeñan sus actividades, sin embargo, durante la pandemia llegaron militares a vigilar ese paso fronterizo, se entendía que era en el contexto de la pandemia y para resguardo de la población, sin embargo, visitamos San Fernando y pudimos constatar que está militarizado ese espacio fronterizo y que no dejan pasar a salvadoreños ni mucho menos ingresar a su país, nos parece muy delicado y genera una afectación a la vida normal de los habitantes”, explicó la diputada Sosa.
Agregó que una semana después de que llegaron a inspeccionar las denuncias de los alcaldes, la Fuerza Armada redobló la vigilancia.
El presidente Nayib Bukele reaccionó en su cuenta de Twitter defendiendo el cerco militar y haciendo acusaciones sobre posible “narcotráfico” en el que podrían estar vinculados diputados y alcaldes, a lo que los diputados reaccionaron.
Diputados critican que el presidente “difama” a los alcaldes
“A mí el presidente me da mucha vergüenza, así se los digo, mucha vergüenza la imagen que sigue profundizando aquí en el país y a nivel internacional, como se nota que él nunca ha pateado el terreno, bueno, se nota que la visita que hizo a San Miguel para el bypass llevaba una chumpa, como que no sabe que en San Miguel hace calor, yo lo invito a que vaya y que platique con la gente para que escuche las necesidades que tienen, nosotros sí lo hicimos”, expuso Sosa.
Señaló que en vez de darles alternativas de solución a los salvadoreños que tienen sus parcelas al otro lado de la frontera y sus vacas también, a sus hijos estudiando del otro lado y las familias partidas, los tilde de ser narcotraficantes, “son salvadoreños con derechos vulnerados todo por la cabeza cerrada de quien conduce este país”, ahondó Sosa.
Mientras que el subjefe de fracción de ARENA, Julio Fabián, exhortó a Bukele que si cuenta con pruebas de sus acusaciones debería mandar a traer desde ya a los alcaldes, ya que estos no tienen fuero constitucional.
“Es una opinión bastante irresponsable del presidente, no es que quiera defender a personas involucradas en la temática que el expresó, pero si él tiene pleno conocimiento que algún alcalde está ligado al narcotráfico lo primero que debe hacer es mandarlo a capturar y un alcalde no tiene fuero. Pero generar una difamación de esa naturaleza cuando no se tiene plena certeza porque son acusaciones bien delicadas en la que cualquier ciudadano se puede sentir ofendido”, manifestó Fabián.