El Ministerio de la Defensa ha vuelto a negar al juez de Instrucción de San Francisco Gotera el acceso a los archivos militares para determinar si hay evidencias relacionadas a la masacre de El Mozote durante la guerra. Esta mañana le ha bloqueado el paso en la Segunda Brigada Aérea , de Ilopango.
A las 8:30 de la mañana estaba prevista la llegada del juez a la referida sede militar para seguir con el proceso de inspección de archivos, derivada de su resolución judicial, pero delegados de Defensa lo recibieron para decirle que no le estaba permitido dejarlo entrar.
“Sigue el bloqueo. Hemos observado cómo el capitán Carlos Escobar bloqueó el paso del juez, cometiendo el oficial diversos delitos pero evidentemente por órdenes superiores, sin que explicara quién dio esas órdenes, pese a que le juez se lo preguntó”, relató David Morales, abogado de las víctimas de la masacre y quien estuvo presente en el proceso de inspección.
Morales cuestionó el hecho de que el gobierno actual siga con esa actitud de negarse a cumplir una orden judicial y que el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, y el presidente Nayib Bukele sigan con la actitud “de proteger a criminales de guerra y afectar las investigaciones”.
Esta es la tercera vez que el gobierno de Bukele le veda el paso a una autoridad judicial para que revise los archivos y eso conduzca a recabar posibles evidencias que ayuden a establecer la verdad y los responsables de uno de los hechos más sangrientos ocurridos en diciembre de 1981 en el marco de la guerra que vivió El Salvador.
El primer impedimento lo tuvo el juez Jorge Guzmán en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y ayer tampoco le permitieron entrar a la Fuerza Aérea.
El presidente Bukele ha justificado el bloqueo a que ingrese una autoridad judicial en que el juez a cargo del caso no tiene jurisdicción, algo que le han rebatido especialistas en derecho; además ha argumentado el carácter confidencial de los documentos que se resguardan en las sedes militares e incluso ha dicho que la intención de ingresar a las instituciones es para revisar planes estratégicos de seguridad.
Ayer, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que los archivos militares de la época de la guerra, que son los que el juez decidió revisar no son confidenciales como lo argumenta el gobierno. Pese a esta resolución judicial, el gobierno ha vuelto a bloquear el paso y se ha negado a que sea ejecutada una orden.
Mañana se tiene previsto que el juez siga con las inspecciones en la Brigada de Artillería, situada en San Juan Opico, La Libertad, y el próximo jueves se continuaría en el Archivo General de la Nación, en San Salvador.