“Esperamos que tanto el Estado Mayor como la presidencia de la República estén con las víctimas”, dijo Amanda Castro, una de las integrantes de “Salvadoreños y salvadoreñas Construyendo Memoria” que este lunes por la mañana se manifestó frente al Estado Mayor ante la mirada atenta de algunos militares que hacían fotos y videos.
“Le pedimos al presidente que no vuelva esto un pleito político. Si los defensores de los militares acusados pueden acceder a los archivos ¿por qué el juez no puede?” , señala Irma Serrano.
“Estamos aquí, queremos verdad”, grita un grupo de 15 mujeres con camisas blancas que han pegado los nombres de las víctimas de El Mozote en el alambre de púas que protege el Estado Mayor.
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Amanda Castro afirmó que no basta con que el presidente Nayib Bukele haya mostrado unos AMPOS (cartapacios para guardar archivos), sino que es necesario que la diligencia judicial se lleve a cabo y que el juez y los peritos puedan hacer las inspecciones en los recintos militares en busca de información relacionada con la masacre de El Mozote.
El grupo canta a ritmo de una ronda infantil: “¿Y los archivos y los archivos, ¿dónde diablos estarán? , pregúntenle al general”.
El pasado jueves, el juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera reprogramó para el 12 de octubre la inspección en el Alto Mando de la Fuerza Armada para revisar los archivos de la institución castrense sobre la masacre de El Mozote, la cual estaba prevista para este lunes.
Sin embargo, en el escrito el juez explica que ha recibido los documentos del ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, y del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Tonathiu Castro, en torno al impedimento al ingreso y revisión de los archivos de la Fuerza Armada del pasado 22 de septiembre, que serán anexados al expediente judicial.
El 22 de septiembre, el aplicador de justicia, la Fiscalía General y la Procuraduría de Derechos Humanos desarrollarían una inspección en el Alto Mando de la Fuerza Armada para evidenciar la información y archivos que existen en torno a la masacre de El Mozote, pero les negaron el acceso a las instalaciones militares, impidiendo una diligencia de carácter judicial ordenada por un juez.
Organismos internacionales se pronunciaron en contra del bloqueo al acceso de los datos del caso por parte del gobierno de Bukele al considerarlo como un claro y nuevo desafío a una orden judicial.
También la postura del Ejecutivo contradice lo que el gobernante prometió a las familias de las víctimas del caso El Mozote de que reinvindicaría sus derechos y permitiría “sin necesidad de orden judicial” el acceso a los documentos de la A a la Z. Pero esto no lo ha cumplido.