Gobierno de Bukele presenta presupuesto de 2021 con faltante de $2,306 millones

El Ejecutivo proyecta seguir adquiriendo deuda para pagar los compromisos que no se logren cubrir con los fondos provenientes de los impuestos que pagan los salvadoreños. La brecha sube más porque debe incluir el pago de pensiones, créditos de corto plazo, y otros.

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Foto Archivo

Por Katlen Urquilla

2020-09-29 10:20:05

El gobierno de Nayib Bukele presentará hoy un plan de presupuesto para 2021 en el que de entrada proyecta que le faltarán $2,306.7 millones para cumplir con todos los compromisos fiscales.

De acuerdo a los datos plasmados en la Política Presupuestaria de 2021 que ha divulgado el Ministerio de Hacienda, un documento que por ley debe presentar el gobierno junto al presupuesto, el otro año obtendrían $5,983.2 millones en ingresos y donaciones, pero los gastos estimados serían de $7,980.2 millones.

Eso implica que hay un déficit de $1,997 millones, pero al sumar $309.7 millones de pago de pensiones la brecha sube a $2,306.7 millones. Este monto equivale al 8.8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Carolina Alas de Franco, investigadora del Departamento de Estudios Económicos de Fusades, advertía que el déficit para el próximo año no debe sobrepasar el 7.5%, porque de lo contrario las finanzas del país se complicarán.

Este año el déficit fiscal se cuadriplicó, respecto a 2019, según datos del Banco Central de Rerserva (BCR).

Además de los gastos fijos que debe cubrir cada año, como pago de salarios a los empleados estatales y compra de bienes y servicios, el gobierno debe pagar varias deudas adquiridas este año en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, como por ejemplo los $645.8 millones en Certificados del Tesoro (Cetes) colocados este mes, ya que es un préstamo para ser cancelado en un año plazo; también colocó Letras del Tesoro (Letes) por $1,476.9 millones, según datos hasta agosto pasado, es decir que ha usado el 94% de lo que la ley le permite en deuda de corto plazo. Tanto los Cetes como los Letes fueron colocados a altas tasas de interés.

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Y a eso se suma el pago anual de pensiones, escalafones a maestros y personal médico, entre otros.

“Hay simples cosas que uno sabe que hacen que crezca el presupuesto, por ejemplo, los escalafones que son por ley, o el pago de deudas como las que se están contrayendo que son tan caras y se tienen que pagar en 2021, como la de Letes y Cetes”, apunta la economista Tatiana Marroquín.

El faltante de fondos significaría que el Ejecutivo deberá buscar préstamos para cubrir el déficit y, de ser así, el presupuesto tendrá que ser aprobado con 56 votos en la Asamblea, lo que vaticina un álgido debate legislativo.

Para este año la Asamblea le aprobó al Ejecutivo un presupuesto de $6,426.1 millones, además $3,000 millones en préstamos, lo que ha provocado que la deuda ya ronde el 93% del PIB.

De tal forma que adquirir más deuda el otro año sumada a la que arrastre de 2020 pondría complicado el panorama para su aprobación debido a la brecha fiscal que lleva.

Pero el gobierno anticipa que recurrirá a contraer deuda por medio de créditos internacionales y de títulos valores, y que los gastos de las instituciones se financiarán con fondos provenientes de los impuestos que pagan los salvadoreños.

“Los techos serán financiados con los Fondos GOES; así como con los recursos externos que se perciban de los diferentes países y de organismos e instituciones internacionales en concepto de donaciones y préstamos; y en caso de existir una brecha no financiada, se recurrirá a la colocación de títulos valores”, dice en el documento de Hacienda.

Y agrega que los resultados en los ingresos tributarios de este año, afectados por el cierre económico ante la emergencia sanitaria, “han sido determinantes para estimar la disponibilidad de recursos del ejercicio fiscal 2021”.

En el documento se agrega que las estimaciones se sustentan en las perspectivas de crecimiento de la economía para el cierre del ejercicio fiscal 2020 y la proyección para 2021, establecidas por el BCR.

Sin embargo, los datos oficiales indican que la caída de la economía rondará entre el 6.5% y el 8.5% aunque gremiales empresariales estiman que el desplome será de más del 9%.

“Las estimaciones de gastos que sustentarán el presupuesto del ejercicio fiscal 2021, se realizarán en el marco del proceso de reactivación económica del país post pandemia por COVID-19, por lo que se prevé una asignación de techos presupuestarios institucionales justos e inclusivos, vinculados estrechamente a las diferentes prioridades estratégicas”, dice en la Política Presupuestaria del otro año.

Esto contrasta con la falta de un plan económico del gobierno para la reactivación económica. De hecho, miles de micro, pequeños y medianos empresarios aún esperan un alivio financiero para reactivar sus negocios y otros no resistieron.

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El gerente económico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Waldo Jiménez, informaba este lunes que se estima que 3,500 empresas ya quebraron debido al prolongado cierre económico por más de cinco meses y que se quedaron esperando la ayuda que el gobierno prometió.

Además, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador confirmaba que las ventas se mantienen al 50% y aún ahora hay negocios que no han podido abrir o recontratar a su personal.

Los tres pilares del presupuesto
De acuerdo a la Política Presupuestaria del gobierno, el plan de gastos del otro año se concentrará en tres pilares: reactivación económica, seguridad y bienestar social.

“Como parte de las prioridades estratégicas ante los impactos de la pandemia por COVID-19 y con el objetivo de fortalecer la gestión del sector público como el ente facilitador de la actividad productiva y proveedor eficiente en la prestación de los servicios públicos para estimular el desarrollo integral del país, es importante promover un proceso de transformación de las Instituciones que conforman el Órgano Ejecutivo, Instituciones Descentralizadas No Empresariales y Empresas Públicas no Financieras”, indica Hacienda.

Para ello, apuntan que harán una “revisión de la estructura institucional actual y de sus procesos de trabajo”, para hacer un reordenamiento y transformación, a fin de que se cumplan con las exigencias de la “nueva visión” del Gobierno.

Al hacer eso, el Ejecutivo considera que “permitirá disponer de una administración pública más simplificada, ordenada y eficiente, generando una mayor sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Economistas advierten que una de las prioridades en el presupuesto 2021 debería ser la eliminación de gastos innecesarios como viáticos, viajes y bonificaciones, además de congelar contrataciones o alzas salariales.

“El presupuesto debe tener equilibrio entre gastos por la pandemia, salud y estabilidad fiscal”, indicaba Alas de Franco.

El Gobierno informó la semana pasada que dentro de las Normas de Formulación Presupuestaria que incluirá el Presupuesto 2021 no se podrán programar plazas nuevas, indicó que estarán prohibidos los incrementos salariales de carácter general y por cualquier fuente de financiamiento y que se prohibirá programar eventos sociales con fondos públicos.

¿Qué acciones implementará?
Dentro de las medidas que el gobierno plantea echar a andar el otro año, están centralizar funciones de instituciones que estén haciendo lo mismo, dice en el documento divulgado por Hacienda.

“Efectuar una revisión del marco legal de las instituciones de la Administración Pública, con el propósito de identificar aquellas que están ejerciendo funciones similares y dispersas, y que puedan ser centralizadas en una sola Entidad Pública”, indica.

También propone “corregir y eliminar la duplicidad de funciones, lo que implicará una readecuación de la estructura presupuestaria institucional”.

Para ello, el Ejecutivo adelanta que hará un diagnóstico de las diferentes funciones y propósitos que ejercen instituciones descentralizadas no empresariales, es decir entidades autónomas, para “valorar el aporte que ejercen sobre la Unidad Primaria a la cual están adscritas”.

Según la Política Presupuestaria, van a analizar los procesos de trabajo para la prestación de los servicios públicos y determinar aquellos donde sea factible realizar la atención a través de plataformas digitales. Asimismo, evaluarán la implementación del sistema de teletrabajo como un instrumento para la modernización de las instituciones públicas.

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