Abrir los archivos militares de la guerra civil relacionados con la masacre de El Mozote de 1981; la extradición de Nicaragua del expresidente de la República, Mauricio Funes, para que responda en El Salvador por delitos de corrupción y la eliminación de los gastos reservados (partida secreta) del Órgano Ejecutivo están entre las promesas que Nayib Bukele hizo cuando buscaba llegar a la presidencia de la República y, aunque las ratificó tras asumir el cargo, aún no las ha cumplido.
La especialista en derechos humanos, Celia Medrano, asegura que la incoherencia entre el discurso y los hechos ha sido una constante en el actual Gobierno. Ella subraya que hay promesas de combatir la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias, pero únicamente contra personas que no son del gabinete de Bukele ni de sus círculos cercanos.
Mientras que Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), califica el incumplimiento de esos compromisos adquiridos por el gobernante como una “retórica falsa y maliciosa”.
En el caso de la negativa de dar acceso a los archivos militares en el caso El Mozote, el profesional advierte que Bukele menoscabó el derecho al acceso a la información, desobedeció una orden judicial, violó los derechos humanos de la gente a la que se le ha negado el derecho a la justicia y revictimizó a los sobrevivientes o familiares de las miles de personas que fueron masacradas por el Ejército.
Para el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, expresa que durante la campaña electoral “se tiende a abusar de la retórica al prometer cosas que no se pueden lograr” y eso, dice, es lo que hizo el mandatario.
“Las promesas fueron una estrategia para capturar el voto porque, una vez en el Gobierno, cambia la perspectiva. Desde afuera se puede decir cualquier cosa, pero la perspectiva cambia ya ejerciendo el cargo”, sostiene Escobar.
Desacato y violación de derechos
“Estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro: de la A a la Z. Es más, si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer hasta la Z”. Esa fue la respuesta que dio Bukele, en noviembre pasado, tras conocer que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, le ordenó al Gobierno entregar todos los archivos militares relacionados con los operativos realizados por el Ejército en Morazán.
El juez también requirió los archivos de las unidades militares de todo el país en los que se resguarden documentos correspondientes a planes militares de campaña o planes militares de operaciones especiales realizados durante entre 1980 y 1982.
Pocos días después de asumir el mandato, Bukele se comprometió en Casa Presidencial con un grupo de descendientes de las víctimas de El Mozote a invertir e impulsar el desarrollo en la zona y con ello “demostrarle al mundo que sí se pueden hacer las reparaciones que no se habían hecho en el pasado porque no había voluntad para hacerlas”.
Pero, esta semana, el presidente incumplió la orden del juez de dar acceso a dichos expedientes. El lunes, delegados del Ministerio de Defensa bloquearon el ingreso al Estado Mayor de la Fuerza Armada a una comitiva encabezada por Guzmán, quien junto a fiscales, acusadores particulares y peritos llegaron para empezar a buscar los archivos.
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La razón por la que se les bloqueó el ingreso, según un mando militar, fue porque no estaban enterados de la diligencia y permitirles entrar a hacer la inspección pondría en peligro archivos relacionados con la seguridad nacional.
“Es una afrenta que revictimiza a las personas que han sido menoscabadas por esta situación. Acá no hay ninguna diferencia entre las lágrimas de Mauricio Funes (durante un evento en El Mozote) y las acciones de Nayib Bukele. Los dos no permitieron que la Fuerza Armada fuera examinada de manera pública por el Órgano Judicial”, resalta Sandoval.
El representante de ALAC- FUNDE interpreta que con ese hecho el poder civil quedó supeditado al poder militar cuando eso, dice, se superó con los Acuerdos de Paz, en 1992.
Celia Medrano también cree que el gobernante revictimizó a las víctimas del caso El Mozote al “ilusionarlas” con la promesa de que esta administración marcaría la diferencia y actuaría contra la impunidad.
“Estamos ante un Gobierno más que arrastra la impunidad de ayer y la impunidad de ahora”, cuestiona la experta en derechos humanos.
Escobar ve en la negativa de no desclasificar los archivos militares una muestra de que Bukele “no se separa del temor reverencial a las fuerzas armadas, ni al comportamiento encubridor de los partidos políticos tradicionales y da continuidad a esa lógica de impunidad”.
Gastos reservados para espionaje
La eliminación de los gastos reservados del presupuesto (por la que se canaliza el gasto de la inteligencia estatal) es otra de las promesas que hizo Bukele antes de ganar la presidencia. Él argumentó que la quitaría porque “los últimos seis presidentes han usado la partida secreta para mover fondos públicos sin rendir cuentas”.
En su momento, los diputados de oposición aseguraron que el Gobierno no eliminó los gastos reservados en el presupuesto para este año, sino que los redistribuyó a otras dependencias gubernamentales. Agregaron que, en vez de tener un ahorro, se incrementó el presupuesto, el déficit fiscal y el gasto público.
Investigaciones de la Fiscalía General revelaron que la partida secreta fue utilizada en los gobiernos de Funes y Antonio Saca para malversar más de $600 millones en ambas administraciones.
“Se hace la promesa en campaña electoral, aprovechando el contexto de la corrupción de los anteriores gobiernos, con la utilización de la partida secreta. Era una buena estrategia proponerle a la gente que, si él ganaba, esa corrupción de más de $600 millones iba a desaparecer”, expone Escobar.
Pero el coordinador de ALAC-FUNDE manifiesta que lo que hizo el Ejecutivo fue “modificar en papel” la partida de gastos reservados, pero al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) se le sigue inyectado elevadas sumas de dinero.
“Seguramente (los fondos) se están utilizando de forma incorrecta. Ya han surgido indicios de que parte de ese dinero se utiliza para la tregua con pandillas o para el espionaje a periodistas o (personas de) la sociedad civil”, dice Sandoval.
Medrano declara que la promesa incumplida de eliminar la partida de gastos reservados no solo evidencia “viejas y cuestionadas prácticas que continúan”, sino que además se han dado acciones dirigidas a garantizar mayores blindajes: “como generar desde, un decreto ejecutivo, que el presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado es secreto de Estado, una acción claramente inconstitucional”.
Algunos compromisos que siguen sin cumplirse
EXTRADICIÓN DE EXPRESIDENTE MAURICIO FUNES DE NICARAGUA
Nayib Bukele prometió que en los primeros 100 días de su mandato, que se cumplieron el 8 de septiembre de 2019, iba a lograr la extradición del expresidente Mauricio Funes. Él está asilado en Nicaragua, desde 2016, cuando el Ministerio Público giró orden de captura contra él y su grupo familiar por delitos de corrupción. Para Wilson Sandoval, de ALAC-FUNDE, este es un hecho jurídico que el gobernante no lo puede hacer de ninguna forma, por lo que señala que Bukele “faltó a la promesa sin ningún sustento”.
Creación de una comisión contra la impunidad
En la campaña electoral y al llegar al Ejecutivo, el mandatario prometió crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), similar a la que hubo en Guatemala, cuyas investigaciones llevaron a arrestar y procesar a un expresidente. Pero esta comisión no fue creada como Bukele lo anunció. Hace más de un año, se oficializó el comienzo del proceso, pero expertos en transparencia y anticorrupción señalan que es de “papel”, ya que no tiene la independencia necesaria para su buen desempeño.
Disminución de las muertes violentas
Otro compromiso que adquirió el mandatario era reducir los homicidios con la implementación de un plan de recuperación de territorios controlados por las pandillas. Pero investigaciones periodísticas han revelado supuestas negociaciones entre el Gobierno con grupos delincuenciales, consistentes en privilegios penales para los pandilleros presos a cambio de reducir los homicidios y darle apoyo electoral al partido Nuevas Ideas. La Fiscalía General ha abierto una investigación al respecto.
Construcción de aeropuerto en La Unión
El gobernante se comprometió a construir el Aeropuerto del Pacífico, en La Unión, para convertir la zona oriental en un polo de desarrollo económico, desarrollar el turismo internacional y activar el Puerto de la localidad. A la fecha, solo se ha anunciado el inicio del proceso de licitación del estudio de factibilidad para la construcción de la terminal. El costo estimado del proyecto es de $150 millones.
Eliminación de la partida secreta
En la campaña electoral, Bukele prometió eliminar los gastos reservados (la partida secreta) del presupuesto del Estado para evitar que se diera “el robo que siempre existió” en las administraciones pasadas. Organizaciones que velan por la trasparencia aseguran que esos fondos se le siguen inyectando al Organismo de Inteligencia de Estado y el Ejecutivo se niega a rendir cuentas de ellos.