La problemática planteada sobre si en El Salvador necesitamos una Corte, Sala o un Tribunal Constitucional se reduce a una cuestión de semántica. La Sala de lo Constitucional es un verdadero Tribunal Constitucional y el planteamiento de si ella debe ser parte o no de la Corte Suprema de Justicia resulta irrelevante cuando se analiza a profundidad las funciones que la Sala de lo Constitucional ejerce y el rol que ha jugado en el mantenimiento de la institucionalidad democrática en El Salvador.
El nombre no es lo más relevante de una institución, sino las funciones que desempeña. La Sala de lo Constitucional, con base en los artículos 174, 183 y 247 de la Constitución, tiene como fin primordial la protección de los derechos fundamentales de todas las personas en El Salvador; y además, asegurar el ejercicio equilibrado del poder, controlando las facultades y límites constitucionales de todas las instituciones del Estado. Se trata de un tribunal de última instancia, ya que sus decisiones no se encuentran sujetas a control ulterior de otro tribunal del país, ni siquiera de la Corte Suprema de Justicia, cuyas actuaciones también son sujetas a control constitucional.
Además, se trata del último intérprete de la Constitución en El Salvador. Aunque todas las personas estamos habilitadas a realizar interpretaciones propias de la Constitución, la hecha por la Sala de lo Constitucional es la que unifica el criterio que deben tomar en cuenta todas las autoridades administrativas y judiciales al momento de tomar sus propias decisiones. Se trata de una interpretación vinculante y de obligatorio cumplimiento por todos.
El papel de los tribunales constitucionales en las democracias alrededor del mundo ha cambiado en las últimas décadas. Ellos ya no se limitan a la vieja concepción de ser el “legislador negativo” que anula leyes, sino que tienen un rol más activo en la creación de jurisprudencia, defensa de derechos constitucionales y control del poder político. Con sus diversas resoluciones y sentencias, a pesar de que no sean del agrado de muchos, la Sala de lo Constitucional simplemente ha asumido el rol que le corresponde en una democracia. Resulta una discusión carente de validez el intentar modificar la organización y composición de una de las instituciones que más ha funcionado en la última década cuando lo único que realmente variaría es el nombre asignado.
Todo lo antes explicado estaba claro desde 1983. Y fue magistralmente resumido por el doctor González Camacho, diputado constituyente, en la siguiente intervención retomada de la transcripción literal de las discusiones del proyecto de Constitución de 1983: “Hay un aspecto sustancial, que para nosotros quizás es lo básico y lo más importante, es el meollo. Al aprobar la Sala de lo Constitucional hemos en realidad aprobado aquí, hemos creado una verdadera justicia constitucional, hemos creado un tribunal constitucional, nada más que forma parte de la Corte Suprema de Justicia, pero es un verdadero tribunal constitucional, que tiene dos grandes misiones: una, garantizarle a los ciudadanos el ejercicio de los derechos ya consagrados en la Constitución […]. Pero hay algo más de enorme importancia y trascendencia política. Es esta Sala de lo Constitucional la que interpretará la Constitución, cuando ante ella se presente algún recurso de inconstitucionalidad […]. Entonces esa Sala de lo Constitucional, ese tribunal constitucional, con visión histórica de lo que es El Salvador, mantendrá el proceso democrático”.
La Sala de lo Constitucional es un verdadero Tribunal Constitucional y los esfuerzos deberían estar orientados a fortalecer la justicia constitucional, no solo a cambiarle el nombre. Uno de los primeros pasos es cumplir las órdenes que emanan del máximo tribunal de justicia de El Salvador.
Abogada constitucionalista.