La Fuerza Armada de El Salvador entorpeció la inspección judicial a los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote, que estaba programada para que comenzara en la mañana de este lunes y que se desarrollaría a lo largo de dos meses en varias guarniciones militares.
Los militares que estaban de servicio en la sede del Ministerio de la Defensa y del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada no permitieron la entrada del juez segundo de instrucción de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, de los peritos y de la Fiscalía General de la República (FGR).
A la sede de ese complejo militar se puede entrar por dos portones colocadas en el lado oriente y poniente, pero ambas amanecieron hoy con barricadas de hierro reforzado con alambre razor. Un militar explicó a un funcionario de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) que los obstáculos en la entrada se debía a que esperaban la llegada de una manifestación.
En la entrada poniente, el teniente coronel de apellido Cortez, y dos oficiales, uno de apellido García y otro de apellido Padilla, estaban al frente de la tropa que custodiaba ese acceso. Cortez fue el encargado de hablar con delegados de la PDDH.
Por ese portón intentaron entrar varios pick ups con personal de la FGR, y también los peritos que han sido juramentados para tal propósito. Los militares les negaron el paso.
Sin embargo, el Juez de la causa, Jorge Guzmán, intentó ingresar por el portón oriente, donde un oficial de alto rango identificado como Carlos Vanegas le informó que no le permitirían realizar la diligencia.
De acuerdo con fuentes miltiares que hablaron a condición del anonimato, Vanegas (Carlos Evert Vanegas) es el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa.
Un currículo publicado en el sitio gubernamental Portal de Transparencia y actualizado hasta el julio de este año indica que el coronel Carlos Evert Vanegas García, es el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa. Además de su grado de coronel, es abogado y notario de la República.
Ante la negativa de poder ingresar a las instalaciones castrenses, el juez Guzmán le informó a Vanegas que levantarían un acta haciendo constar la obstrucción. Luego le preguntó si estaba dispuesto a firmar el acta, a lo que el coronel le dijo que no lo haría.
Acto seguido el juez y su comitiva se retiraron.
El desplante que la Fuerza Armada hizo este lunes a la justicia salvadoreña y a las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de 1980 a 1992, ocurre diez meses después de que el presidente de la República, Nayib Bukele, prometiera abrir los archivos militares sin que fuera necesario una orden judicial.
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“Es más, si el juez nos pide (abrir los archivos del conflicto) de la A a la F, nosotros vamos a hacer a la Z. Sin necesidad de orden judicial nosotros hemos estado por reinvindicar los derechos de las víctimas del conflicto armado; o hemos demostrado con hechos y no con palabras”, dijo Bukele durante una conferencia de prensa en octubre de 2019.
Bukele es el Comandante General de la Fuerza Armada debido a que es el Presidente de la República. Una orden de él bastaría para que se hiciesen públicos los archivos del conflicto.
Sin embargo, a pesar de la retórica presidencial, las víctimas del caso El Mozote, al parecer tendrán que conformarse con que el cuartel de la Tercer Brigada de Infantería, con sede en la ciudad de San Miguel, ya no ostente el nombre del teniente coronel Domingo Monterrosa, a quien en el proceso judicial se le señala como el principal responsable de la masacre.
El 1 de junio de 2019, a pocas horas de haber tomado posesión como presidente de la República y convertirse en Comandante General de la Fuerza Armada, Bukele dio la orden de borrar el nombre de Monterrosa de la guarnición militar que hasta entonces llevaba el nombre del militar que murió luego de que el helicóptero en que viajaba junto a otros jefes militares, explotara en el aire en los cielos del municipio de Joateque, departameto de Morazán, a pocos kilómetros del caserío El Mozote.