El gremio de trabajadores Sitrasalud – Fosalud informó que empleados de primera línea que laboran con el Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) han sido sancionados y despedidos por denunciar la falta de equipos de protección personal, incluso adecuados para la atención de pacientes con Covid -19.
Entre el personal afectado se encuentran varios que laboran en las unidades móviles, indican.
“Pedimos a esta administración que cesen todas las intenciones y retiren todos los proceso sancionatorios, disciplinarios por el solo hecho de haber denunciado irregularidades en el Fosalud. Es un revanchismo que tiene que desaparecer”, afirmó Alberto Monge, secretario general del mencionado sindicato.
Ivette Magaña, una de las trabajadoras del Fosalud, reiteró que desde que empezó la pandemia les ha tocado adquirir el equipo de protección, porque la institución no les proveyó lo requerido.
“Nunca nos dieron el equipo de protección personal suficiente y el bono que el presidente dio a bien entregar el 90 % sirvió para compra de equipo de protección personal y de traslado a nuestros centros de trabajo”, detalló.
Magaña señaló también que alrededor de unos 300 empleados que están por ley de contrato todavía son discriminados, puesto que no se les trata por completo bajo las normas de la institución.
El secretario general del Sitrasalud – Fosalud, cuestionó que las autoridades de fondo no honren el compromiso que el presidente Nayib Bukele y el ministro de Salud, Francisco Alabí, asumieron de valorar, respetar y cuidar al trabajador del sector salud.
VISITA NUESTRO ESPECIAL: Son héroes de blanco, pero también víctimas
La gremial, en un comunicado emitido esta mañana en el marco de una conferencia, resaltó que muchos trabajadores han muerto y otros se han contagiado en la atención de la pandemia y lamentó que tras la reapertura de la economía siendo “héroes de primera línea” sean objeto de sanciones.
“Muchos de los argumentos utilizados para estos procesos son tergiversados o inconsistentes”, advierten en el escrito.
Los trabajadores demandan que los 300 empleados que están bajo la modalidad del contrato individual sean pasados a Ley de Salario y que a partir del próximo año se concrete el incremento salarial que les prometió el mandatario.