La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) urgió el viernes a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resuelva la apelación presentada por los abogados defensores de los seis acusados en el caso Jesuitas para que el proceso judicial sea reabierto en contra de los que consideran autores intelectuales.
“Una vez que se dé una respuesta de la Sala de lo Penal, si es favorable para nosotros, lo que haría el juez sería pedirle a la Fiscalía de la República que inicie un nuevo requerimiento para tener la audiencia inicial donde se sienten todos los imputados , se le lean sus derechos y se les lea las acusaciones y empiece formalmente el juicio”, dijo José María Tojeira, director del Idhuca.
Tojeira señaló que la Fiscalía General prepara el caso de investigación en el que ha llamado a declarar a varias personas, ya sea como testigos como imputados.
El rector de la UCA, Andreu Oliva, explicó que el fallo dado en España “obliga moralmente a la justicia salvadoreña a continuar con ese proceso que ya se inició en el año 2017 y que nosotros vamos a seguir empujando”.
Agregó que “la continuación del proceso judicial en El Salvador, ya iniciado, pero malintencionadamente detenido, para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del horrendo crimen, es una deuda de la justicia, y no debe seguir esperando más”.
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Por su parte, el fiscal general, Raúl Melara, aseguró esta tarde que pedirán una certificación de la sentencia condenatoria del coronel Inocente Montano a las autoridades judiciales de España para reforzar la investigación que lleva el Ministerio Público en el país.
“Esta sentencia que se ha dado hoy sobre el coronel Montano , genera un paso histórico e importante para que nosotros podamos obtener más información ¿qué es lo que procede ahora?. Vamos a tramitar un suplicatorio a España porque en ese proceso se da a conocer información nueva, hay declaraciones de testigos con los cuales la Fiscalía no contaba hasta el momento”, dijo Melara, tras inaugurar la oficina fiscal de Usulután.
Entre las pruebas nuevas se destaca a testigos como el teniente Yushy René Mendoza, quien declaró en el juicio. Mendoza fue condenado a 30 años de prisión en El Salvador por los crímenes de los jesuitas y luego exonerado con la Ley de Amnistía, derogada en 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tras conocerse el fallo en contra del coronel Inocente Montano por los asesinatos de cinco sacerdotes jesuitas de origen español, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) se pronunció de manera oficial al señalar que la justicia salvadoreña está en deuda por no haber juzgado a los que considera “autores intelectuales”.
En ese sentido, la UCA señala que “la continuación del proceso judicial en El Salvador, ya iniciado, pero malintencionadamente detenido, para determinar quiénes fueron los autores intelectuales del horrendo crimen, es una deuda de la justicia, y no debe seguir esperando más”.
Agrega que “el camino de reparación pasa por el conocimiento de la verdad, la práctica de la justicia y el perdón”.
Sostiene que el proceso penal que los familiares de los sacerdotes jesuitas promovieron en España tiene “un valor subsidiario en favor de la justicia salvadoreña”.
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Agrega que “aunque la condena del coronel Montano es muy importante para el avance de la justicia en el caso, lo es aún más por su extraordinario servicio a la verdad”.
Considera la UCA que las pruebas y los testimonios presentados en el juicio revelaron “el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil”.
Antes había escrito en su cuenta de twitter: “Hoy se dio un gran paso a la verdad. La justicia salvadoreña sigue en deuda”.
Además el mensaje está acompañado de un video en la que aparecen imágenes de una multitud de personas con fotografías de los sacerdotes asesinados y con la leyenda: “Nuestros mártires siguen vivos. No los destruyen, ni se olvidan, y siguen generando humanidad, dignidad, espíritu crítico y constructivo y poco a poco van venciendo a sus asesinos”.
Por su parte, el vicepresidente Félix Ulloa dijo que como gobierno respetaban el fallo de la Audiencia Nacional de España.
“La justicia aunque sea tarde, llega. En este caso el mensaje que se está enviando, de un crimen que se cometió hace prácticamente treinta años o más, que no hay impunidad y que no se pudo juzgar este caso en El Salvador por el origen de las víctimas, España lo hace hoy y vamos a respetar lo que ha sido el fallo de las autoridades judiciales de España”, dijo Ulloa.
El general Mauricio Vargas, diputado por ARENA, consideró que el proceso judicial estuvo lleno de “malintenciones” para poder dañar al coronel Montano, quien según Vargas, no tenía ningún mando directo en la Fuerza Armada. Al momento de los asesinatos, Montano era viceministro de Seguridad Pública.
“Yo definitivamente no tenía mayores esperanzas de una resolución diferente, ya que el caso tomó giro de posiciones e intervenciones que dejan muchas dudas razonables respecto al señalamiento y a la afirmación de que él estuvo metido en esa situación, que él tenía un mando directo, eso es completamente falso, eso no es cierto, él no tenía una conducción operativa, no giraba órdenes al interior de la Fuerza Armada, ni mucho menos a los directores de los cuerpos de seguridad, él cumplía una función de política administrativa de seguridad”, dijo Vargas.
Al diputado arenero, quien sirvió de testigo de descargo en el juicio en España, no le queda ninguna duda de que Montano es inocente.
“Absolutamente nadie ha señalado directamente que él haya dado (una orden), una prueba testimonial no existe, ni existen declaraciones. De una u otra manera hacen llegar estirando la pita de la justicia de una manera, para mí demasiado tendenciosa y se lo han llevado a él, porque quieren tener a un chivo expiatorio al respecto”, dijo Vargas.