El presidente Nayib Bukele designó a principios de este mes al vicepresidente Félix Ulloa para proponer reformas a la Constitución, pero no especificó en qué sentido. El acuerdo ejecutivo 295, publicado el 1 de septiembre en el Diario Oficial, solo dice que van encaminadas a “una legislación moderna y eficiente, acordes a las necesidades actuales de la sociedad”.
Al respecto, el abogado Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, recordó que la reforma a la Constitución tiene límites, pues “no se puede reformar el sistema político ni la alternancia en el gobierno, hay una limitación en ese sentido. Hay que ver cuál es el sentido de la reforma para ver si es democráticamente aceptable o no”.
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“Para el desarrollo de las actividades antes detalladas, el delegado en mención dispondrá de las más amplias facultades legales, pudiendo nombrar y designar para su asistencia a un Equipo Ad Hoc de Profesionales en Derecho, con carácter Ad honorem”, dice el referido acuerdo.
Para reformar la Constitución se requieren dos períodos legislativos. En primera instancia se requieren 43 votos, es decir mayoría simple de la Asamblea. En la siguiente legislatura se ratifican los cambios con mayoría calificada, es decir 56 votos.
En ese sentido, Escobar puso énfasis en el hecho de que “el presidente no tiene iniciativa para la reforma constitucional, lo que podría hacer Ulloa es armar un proyecto y pasárselo a diputados afines al presidente para que lo aprueben. En segundo lugar tienen un plazo fatal para aprobar las reformas, la elección legislativa del 28 de febrero”, matizó el abogado tras conocer esa designación.
Por su parte, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, manifestó que “es sumamente preocupante que el Gobierno quiera impulsar en estos momentos de gran inestabilidad institucional el estudio y propuesta de reformas a la Constitución acorde a las ‘necesidades actuales de la sociedad'”.
A juicio de Castro, El Salvador tiene una buena Constitución, y el problema “ha sido su irrespeto y no es cierto que esté obsoleta”.
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Asimismo, explicó que un ejercicio de reforma a la Constitución no puede responder nunca a los intereses de los políticos o gobernantes de turno y en el caso de nuestro país, donde ha habido graves quebrantamientos al orden constitucional como en el 9F, y luego durante la gestión gubernamental en la emergencia, en donde se ha violado el principio de división de poderes y se han vulnerado derechos fundamentales, “convierten al Órgano Ejecutivo en el menos indicado para promover iniciativas para reformar la Constitución”.
Castro reitera que “es preocupante que en esta coyuntura se quieran iniciar procesos de reforma constitucional, y que esto pueden llevar a debilitar el sistema de frenos y contrapesos, y acumular poder, con lo que se trastocaría gravemente el sistema republicano y democrático” y añade, en la línea de Eduardo Escobar, que otro punto a tomar en cuenta es que en ningún escenario “se puede tocar las cláusulas pétreas, pues son normas irreformables, es aspectos tales como la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, y la forma y sistema de gobierno”.
A finales de agosto, varios juristas que participaron en el foro ciudadano “Valoremos la Constitución” pidieron no caer en “los cantos de sirena” de cambios a la Constitución. A juicio de cinco abogados jóvenes, lo que hay que cambiar es la cultura de irrespeto a la ley, no la Constitución. Esto último les genera suspicacia por posibles pretensiones de mantenerse en el poder más allá de los límites actuales.
OPINIÓN: ¿Reformas a la Constitución?