Como si de una película se tratara, este gobierno nos proporciona lo que parece ser un nuevo capítulo de sus compras sin transparencia y a sobreprecio. Todos los días vemos una nueva edición de “Locos por las compras”, protagonizada por distintos funcionarios y pagadas con el dinero de los salvadoreños.
La corrupción es cada día más latente, poniendo en riesgo la credibilidad financiera de nuestro país, altamente endeudado y con un nivel de inseguridad jurídica, que ahuyenta la inversión y con ello, el empleo.
Los salvadoreños nos indignamos al conocer que el ministerio de Salud adjudicó a una empresa del presidente de FONAES, un contrato de $250 mil dólares para proveer mascarillas, con sobreprecio del 121%, violando además la Ley de Ética Gubernamental. Y qué decir de las mascarillas de suela de zapato o las botas vendidas por los parientes del Ministro de Salud.
El presidente de la República separó del cargo apenas a uno de los funcionarios implicados y aseguró que en este caso pediría dos auditorías: una a la Corte de Cuentas y otra a la pasiva Cicies, pero hasta la fecha no se sabe nada al respecto.
Se ha vuelto costumbre que el gobierno no publique ni contratos de compra, ni facturas ni documentos que las respalden, a pesar de que el decreto que les permitía hacer compras directas, caducó hace meses.
Por otro lado, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones prohíbe a funcionarios públicos ofertar para ser contratistas de bienes y servicios del Estado y aun cuando creyeran que un decreto impediría ser auditados, estaba vigente la Ley de Ética Gubernamental.
Pero a este gobierno hay que estar recordándole continuamente que no tiene más facultades que las que expresamente le da la ley, porque aunque lo saben, ya se les hizo costumbre violarla; un claro ejemplo de ello son las compras.
A más de cinco meses de haberse declarado la pandemia, todos sabemos que hay una infinidad de casos con visos de corrupción, siendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería uno de los más señalados hasta la fecha.
Y existen buenas razones para ello, porque amparado en argumentos ilegales, el MAG ni siquiera ha liquidado los fondos que le transfirieron a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID).
A pesar de tratarse de millones de dólares provenientes de dinero de los salvadoreños, el MAG no publicó órdenes de compra de productos y se ha negado a proporcionar la documentación que le exige la Corte de Cuentas de la República, aun cuando está obligado por ley.
Es evidente que la emergencia que derivó de la pandemia fue aprovechada por el gobierno, para hacer mal uso de los fondos públicos.
Buscar lucrarse de la pandemia, por parte de funcionarios del Ejecutivo, no sólo es corrupción, también es inhumano, porque tras cada compra de artículos con sobreprecio, hay menos dinero disponible para el equipo tan necesario para el personal de salud que trabaja en primera línea.
Hoy solo esperamos que el gobierno pare con el abuso y mal uso de los fondos públicos y que las instituciones encargadas por ley, hagan que se rinda cuentas de cada dólar proveniente del erario. Los salvadoreños lo reclaman, la República lo demanda.
Diputada.