La Fiscalía General acusó esta mañana a ocho dirigentes sindicales del Órgano Judicial por desórdenes públicos provocados durante el cierre de instalaciones judiciales en cuatro ocasiones en marzo y junio pasado.
Los dirigentes sindicales acusados son: Roswal Gregorio Solórzano Hernández, Roxana Estela Gómez De Joma, Domingo De Jesús Rivas Hernández, Julio César Maraver, Vanessa Guadalupe Arias Cornejo, Joaquín Adilio Rodríguez, Reina Maribel Sigarán de Lemus y Rubén Stanley Quinteros Tobar. Todos son acusados de desórdenes públicos y ejercicio violento del derecho. A Roswal Solórzano se le suma apología del delito.
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Los acusados son dirigentes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), del Sindicato de Empleados Judiciales (SINEJUS), y del Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales 30 de junio (SEJES 30 DE JUNIO).
Los hechos violentos por los que fueron acusados se dieron en distintas fechas. El primero ocurrió el 19 de marzo pasado. En esa ocasión, miembros de tres sindicatos de trabajadores del Órgano Judicial impidieron el acceso de empleados y usuarios a las instalaciones del Centro Integrado de Derecho Privado Social, Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia de San Salvador, el Palacio Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador, entre otros a nivel nacional.
La segunda actividad callejera se realizó el 11 de junio pasado. En esa ocasión, sindicalistas atendieron el llamado del dirigente Roswal Solórzano de actuar contra la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, y cerraron por más de seis horas un tramo de la Alameda Juan Pablo, con lo que violaron la libertad de tránsito de la población; además de bloquear los accesos al Instituto de Medicina Legal y edificios anteriormente señalados.
La tercera vez que realizaron acciones de cierre de las instalaciones judiciales ocurrió el 25 de junio pasado. En esta oportunidad no permitieron el acceso al centro judicial “Dr. Isidro Menéndez” y el centro integrado de Derecho Privado y Social, con lo que afectaron “la celebración de audiencias y diligencias judiciales”.
Cuatro días después, 29 de junio, volvieron a cerrar a la fuerza el centro judicial “Dr. Isidro Menéndez” y el Centro Integrado de Derecho Privado y Social, según la Fiscalía General.
Para los próximos días, el juzgado de Paz que recibió la acusación tendrá que citar a los ocho dirigentes sindicales para notificarles de los cargos y para programar la audiencia inicial.
Sindicalistas bloquean acceso al centro judicial Isidro Menéndez e impiden audiencias