“Los intencionados vacíos que lleva la reforma al Reglamento de la LACAP facilitan la manipulación, alteración o destrucción de la información, así como evita la obligación de su publicidad, todos estos elementos de la reforma, sin duda alguna, abren la puerta de par en par a la corrupción”, advierte Funde ante el decreto que el presidente Nayib Bukele aprobó el 10 de agosto.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) señaló ayer mediante un pronunciamiento que las reformas se hicieron “de manera sigilosa” y que ven con suma preocupación la intención del Ejecutivo de opacar el acceso a la información en las compras públicas.
Bukele y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, firmaron un decreto que contiene tres reformas al reglamento en sus artículos 44,47 y 48, las cuales están vigentes desde el 27 de agosto y no fueron anunciadas por Casa Presidencial, como suelen hacer con otros decretos.
La primera reforma es para permitir que las ofertas de contratistas en los procesos de libre gestión y compras directas se puedan enviar por correo electrónico, lo cual no está permitido en la LACAP; la ley establece que ese proceso se hace mediante el sitio público Comprasal.
“Las reformas aprobadas por el Ejecutivo en las cuales se omite el registro obligatorio de los procesos de ofertas en el Sistema Electrónico de Compras Públicas (Comprasal) dejando como opción la utilización del correo electrónico comprometen la transparencia en materia de adquisiciones y contrataciones en las modalidades de libre gestión y contratación directa”, señaló Funde.
Y afirmó que si bien la Ley de Procedimientos Administrativos acepta el correo electrónico como medio de comunicación formal ylegal, “lo grave de las reformas, además de anular la obligación de registrar información en Comprasal, es que no establecen las garantías de autenticidad, integridad y conservación de la información”.
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La segunda reforma que aprobó Bukele es para que las convocatorias de licitaciones públicas sean también en medios digitales, lo cual no está contemplado en la ley, cuyo texto vigente dice que se debe hacer en Comprasal y “por lo menos en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional”.
Funde enfatizó que “la LACAP establece mecanismos para que los diferentes Órganos del Estado y sus dependencias efectúen las compras bajo principios de ética, publicidad y transparencia”, por lo tanto “su reglamento no puede contravenir lo establecido en la misma ley, esto sería inconstitucional”.
Y la tercera reforma que hizo la Presidencia eliminó los requisitos para llevar un registro de los que retiran bases de licitación para participar en un proceso de contratación de un bien o servicio con el Estado.
Estos cambios, afirmó Funde, van contra la transparencia en las compras estatales y ponen en riesgo que la ciudadanía esté informada de cómo se invierten los fondos públicos, es decir dinero que proviene de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
“Con las reformas a la LACAP se dificultaría que la población esté mejor informada del manejo que hacen las instancias del Estado de sus recursos”, apuntó Funde.
Y destacó que gracias a la LACAP y la información publicada en Comprasal el periodismo investigativo ha venido dando a conocer importantes evidencias de posibles y numerosos hechos de corrupción en las compras públicas.
“Durante la emergencia, el Ejecutivo ha demostrado su falta de compromiso por respetar la legislación, promover la transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía. Esto ha sido más evidente en las compras realizadas para atender la pandemia, donde se ha tratado de ignorar/evadir los controles legalmente establecidos”, afirmó la entidad.
También Marjorie de Trigueros y Javier Castro, ambos del Departamento de Estudios Legales de Fusades, señalaron que las reformas son un retroceso a la transparencia, a la publicidad de las compras públicas y a la rendición de cuentas.
Destacaron la forma “inconsulta y repentina” de las reformas y que el Ejecutivo exceda sus facultades.
“Estamos viendo un exceso en las facultades de potestad reglamentaria que tiene el Órgano Ejecutivo porque el reglamento lo que hace es desarrollar la ley, no puede ir más allá de esa ley y mucho menos contradecirla y querer reformarla”, afirmó Castro.
Al margen de ley, Bukele hace reformas al reglamento de la ley de adquisiciones y compras