El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha tomado relevancia durante la pandemia. En las retinas de todos quedaron aquellas imágenes de tres comisionadas solicitando información denegada, y que de acuerdo al fallo del Instituto es pública, frente a un cuartel militar y un dron sobrevolando.
Hoy el Instituto tiene nueva conformación y hace unos días fue electo comisionado presidente Ricardo Gómez Guerrero, quien fue exprocurador adjunto de derechos humanos.
Como todo nuevo funcionario, piensa imprimirle un sello diferente a esta institución. Acá lo conversado con Gómez Guerrero.
¿Cómo ocurre su nombramiento luego de una presidencia interina y una conformación irregular del instituto?
Yo estuve en la Procuraduría de Derechos Humanos desde 1993, justamente cuando despega en su trabajo de verificación y supervisión de toda la temática de derechos humanos. Ahí me formo, mi tiempo de estudios y todo, me gradúo en su momento. Al terminar mi tiempo en la institución me eligieron titular adjunto (2016-2019) por el mismo hecho que yo trabajaba en la institución, la titular tenía conocimiento de mi trabajo. Al llegar la actual gestión del Procurador Apolonio Tobar, es un cambio normal que se tiene que dar: yo renuncio a la institución. A principio de año me vuelvo a conectar con la Universidad Francisco Gavidia, donde se me contrata como investigador asociado del observatorio de políticas públicas. En esa línea la Universidad ha abierto el proceso de elección, me hace la propuesta formal. Así es como entro al proceso. El punto que me da validez es que son instituciones que supervisan a todo el Estado y esa parte ya la conocía. Las universidades eligen sus ternas y el Presidente toma la decisión de mi ingreso al Instituto.
¿El Presidente de la República lo designó Presidente del IAIP?
Es rotativo, recordemos que quien estaba fungiendo era un abogado del sector justamente de Universidades, cuando renuncia queda en funciones la comisionada del mismo sector, entonces el cargo que se llena para ese vacío es el del presidente.
Ya que mencionó al ex comisionado René Cárcamo, ¿cómo está el caso?
Antes de llegar al IAIP, sé que hubo una situación compleja que entiendo está en manos de la Fiscalía, que será la instancia la que diga lo pertinente. Desde mi llegada no se ha hecho alusión al mismo. Internamente no hay un proceso al respecto en aras de mantener la transparencia del Instituto, internamente se tomaron una serie de medidas. Entre ellas, la colegiación fue robustecida en el sentido que la mayoría de decisiones se toman de manera colegiada.
Se conoció que hay situación legal que se reclama porque una comisionada tendría algún nexo político.
Es el caso de una comisionada suplente. Ella fue notificada por Casa Presidencial, que por ley puede remover por casos concretos. Al igual que los procesos de la Asamblea, tiene que haber proceso y de haber incumplimiento tenga la facultad de remover. En esa línea de posible vinculación que le señalan a la comisionada, el Presidente (Bukele) envía un documento en el que se le suspende provisionalmente como medida cautelar. Eso no quiere decir que ella sea verídico 100% (el señalamiento), esto es un proceso legal, ella va tener un proceso administrativo, la oportunidad de aportar sus elementos para desvirtuar eso. El Instituto no puede contrariar. Teniendo esta situación, se ha tenido que mover las suplencias para hacer coordinación más eficiente, para que podamos seguir funcionando y no se atrase el trabajo.
Hay denuncias de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) de que Casa Presidencial estaría bloqueando la elección de los comisionados del sector periodistas. ¿Cómo ve la denuncia, tomando en cuenta la designación pasada, cuyo funcionario renunció por la presión?
Lo principal, como el proceso que se dio de mi parte, es que la instancia ejerza la ley, ahí están los parámetros. Tengo entendido que participan las entidades de periodistas. Hasta ahí sé. El proceso de elección es el 2 de septiembre, tiene que ser una persona encajada en el sector.
¿Qué sello quiere imprimirle usted a la institución que ahora preside, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en la pandemia?
Viniendo del sector de Universidades, le apuesto a la temática de la difusión amplia de Instituto y las facultades que le otorga a la ciudadanía como verdadero representante del ejercicio del derecho a la información pública. Hay un trabajo diario de la institución en recepción de apelaciones y a la vez en distintas entidades en las oficinas de información de cada entidad de muchas personas, particularmente periodistas, investigadores y otras personas que requieren a diario información, pero he podido ver que no es toda la población la que está al tanto de lo que implica solicitar información. Y eso debe ampliarse, porque somos ciudadanos que pagamos impuestos y somos los contralores de los actos de las políticas públicas y debemos ejercer ese derecho de solicitar información.
Otros comisionados se sentían atados de manos para poder hacer cumplir la Ley de acceso a la información. ¿Usted pedirá reformas hacia una mayor capacidad?
Hay que apostarle a que los funcionarios comprendan que brindar información es contribuir a su propia gestión, a rendir cuentas de su propia gestión, y no busca mecanismo para dilatar o no dar información. Todavía falta que el funcionariado comprenda la dinámica y no lo vea como una afrenta. Nosotros le facilitamos al ciudadano de brindar y facilitar la información, esa no es dinámica personal de los comisionados, sino que se cumpla la ley.
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