El 19 de agosto de 2019, el Ministerio de la Defensa Nacional decidió reparar un helicóptero que estaba fuera de servicio desde el 2007, por desperfectos mecánicos. La reparación fue promovida a través de la Contratación Directa No. 05/MDN/2019, denominada “Retorno a vuelo del helicóptero Bell 412-EP FAS 253 de la Fuerza Aérea Salvadoreña”.
El 26 de agosto de 2019, en el memorando No. 3495/DACI/AC/DAC, el director de adquisiciones y contrataciones institucional, recomendó que se realizará una contratación directa por tratarse de servicios altamente especializados que no son prestados en el país.
“Que el helicóptero Bell 412-EP matrícula FAS 253 se encuentra en condición inoperativa, fuera de línea de vuelo desde el año 2007, por lo cual requiere una inspección y reparación especial en sus componentes mayores, estructuras y sistemas, la cual se debe realizar en un centro de servicio (Customer Service Facility) certificado y autorizado por el fabricante de la aeronave (Bell Helicopters), debido a que requiere instalaciones certificadas, herramientas especiales, personal especializado, certificado y las autorizaciones de mantenimiento de línea (Field maintenance) y reacondicionado de componente (Component Overhaul) a fin de que se garantice la aeronavegabilidad de la aeronave. De los cuales en la industria aeronáutica de El Salvador no se cuenta con este tipo de centros de servicio especializados, por lo cual se requiere que este tipo de trabajos se realicen en el exterior, con el objeto de cumplir con las regulaciones internacionales”, reza el considerando uno de la resolución de contratación directa.
No hubo respuesta del Ministerio de Defensa
Desde el lunes anterior, se gestionó una entrevista con el ministro de Defensa o con quien él designara, para obtener la versión institucional sobre la adjudicación del contrato de reparación del helicóptero Bell 412-EP FAS 253. Hasta la tarde de este martes, no hubo una respuesta directa; sin embargo, en este reportaje se consigna lo plasmado en la resolución firmada por el ministro.
La consideración II de la misma resolución recalca la necesidad de que la reparación se hiciera por un centro de servicio especializado y autorizado, puesto que la nave es de dos motores que le proveen una mayor potencia y seguridad en operaciones aéreas.
De acuerdo con el mismo documento, el helicóptero que lleva 13 años fuera de operaciones, puede ser usado como ambulancia aérea, transporte de carga externa y para efectuar rescates verticales, entre otras.
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Una última consideración para reparar la aeronave fue la siguiente: “Por la variedad de operaciones que la aeronave está en la posibilidad de realizar, puede ser empleada en operaciones de apoyo a la Policía Nacional Civil, tomando en cuenta que El Salvador atraviesa por una situación de inestabilidad en materia de seguridad social, generada por grupos delictivos organizados que amenazan la paz y la tranquilidad de la población en general…”
El 2 de septiembre siguiente, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, firmó la resolución en la que se le ordenaba a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, que hiciera las gestiones correspondientes para adquirir el servicio que pondría en servicio el referido helicóptero.
El 17 de septiembre, Defensa recibió ofertas de dos empresas interesadas en el contrato. Una estadounidense y otra salvadoreña.
El 29 de octubre de 2019, Merino Monroy firmó la resolución No. 28-ADJ-2019, mediante la cual se otorgaba el contrato a la empresa oferente Central American Aviation Services, S.A. de C.V. (CAAS). La oferta de esa empresa fue de $1,875, 238.01.
De acuerdo con la referida resolución, también participó la firma Proaeronautics Inc, una empresa estadounidense cuya oferta económica fue de $1,631,187.20, es decir, $244,050.81 menos que la presentada por la sociedad a quien el Ministerio de Defensa le adjudicó el contrato.
¿Por qué elegir la oferta más cara?
Defensa adjudicó el contrato a CAAS cuya oferta implicaba un desembolso de casi un cuarto de millón de dólares más.
En el documento, la institución castrense argumentó que CAAS había considerado en su oferta todas las reparaciones de la aeronave y que, además, el monto incluía el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La oferta de Proaeronautics Inc, en cambio, no incluía el 13% del IVA y otros impuestos de ley, y no consideraba todas las reparaciones que el helicóptero necesitaba, por tanto, se le consideró no elegible.
“Por la variedad de operaciones que la aeronave está en la posibilidad de realizar, puede ser empleada en operaciones de apoyo a la Policía Nacional Civil, tomando en cuenta que El Salvador atraviesa por una situación de inestabilidad en materia de seguridad social, generada por grupos delictivos organizados que amenazan la paz y la tranquilidad de la población en general...”
Al ser contactada por El Diario de Hoy, la firma Proaeronautics Inc se mostró sorprendida por tales argumentos.
Afirmaron que solo recibieron una notificación por correo electrónico en la que se les informaba que no habían resultado elegibles.
La firma descartada negó que fuera cierto que no incluyeron todas las reparaciones en su oferta económica.
La empresa estadounidense dijo no recordar si en las bases de competencia se pedía que en el monto de la oferta económica se incluyera el 13% del IVA, no obstante, al enterarse del monto ofertado por su competencia, afirmó que, incluso si al precio ofertado se le agrega el referido impuesto, su oferta continuaba siendo más baja que la de la empresa a la que se le adjudicó el contrato.
El 13% de $1,631,187.20 es 212,054.33. Si ambas cantidades se suman, resulta $1,843,241.53, es decir que en comparación a lo ofertado por la empresa contratada, la oferta económica de la firma norteamericana era $31,996.48 más barata.
“Nuestra oferta incluyó todas las reparaciones que se nos indicaron en la solicitud de propuesta, además de ofrecer capacitación y apoyo más allá de la solicitud. Incluso, si se añadiera el IVA a nuestro precio, aún estaríamos por debajo del precio del adjudicatario”, afirmó Proaeronautics Inc.
“Competimos. Desafortunadamente no fuimos elegidos. Ojalá hubiéramos ganado. Teníamos muchas buenas soluciones para ofrecer”, acotó Proaeronautics Inc, a través de mensajería directa.
Adjudicada a empresa salvadoreña
A pesar de que el 26 de agosto de 2019, en el memorando No. 3495/DACI/AC/DAC, el jefe de la DACI del Ministerio de Defensa recomendó reiteradamente que se hiciera una contratación directa por tratarse de servicios altamente especializados que no eran prestados en el país, la empresa a la que se le dio el contrato tiene domicilio en El Salvador.
El contrato a través del cual se formalizó la adjudicación no está disponible en línea y no fue posible obtenerlo por El Diario de Hoy.
Sin embargo, en el Centro Nacional de Registros aparece inscrita, con fecha 19 de julio de 2006, la empresa Central American Aviation Services, S.A. de C.V., con domicilio en una oficina de la colonia Médica. Su rubro: reparación y mantenimiento de aeronaves.
En el 2006, la representante legal de dicha empresa era Mayra Ester Bonilla Contreras. Sin embargo, según documentos del Registro de Comercio, el 24 de octubre de 2019, Michael James Tutt, a título de representante legal de CAAS, presentó una modificación de domicilio.
Tutt es ciudadano canadiense. Aparece vinculado también a la empresa Central American Aviation Services Inc, con domicilio en el Estado de Nevada, Estados Unidos, y a la firma Central American Aviation Services, S.A. de C.V., constituida en Guatemala el 6 de junio de 2005.
Según documentos oficiales de la oficina que registra las compras del Gobierno de ese país, la empresa de Tutt es asidua contratista de la Fuerza Armada Guatemalteca y de otras instituciones de ese país, como la Presidencia de la República. Le compran servicios de mantenimiento de helicópteros o repuestos para esas aeronaves.
La tarde de este martes, El Diario de Hoy visitó el domicilio que CAAS ha indicado en documentos oficiales del CNR.
Sin embargo, en ese lugar (Local A, del nivel 5 del Edificio Los Héroes) solo funciona la oficina de Roxana Flores, abogada que dijo ser la apoderada legal de CAAS en El Salvador, a quien se le explicó el motivo de la visita.
Según confirmó la profesional, el contrato de reparación para esa aeronave es para 120 días calendario o cuatro meses.
CORRECCIÓN: Este artículo fue modificado a las 11:59 am del 19-08-2020, para enmendar el error de haber mencionado a la abogada Roxana Flores como “representante” legal de la empresa CAAS. Ella dijo ser la apoderada de dicha empresa. Pedimos disculpas a la letrada y a nuestros lectores por tal error.