El Ministerio de Defensa entregó 2,441 armas de fuego nuevas y la empresa Centrum le dio dos obuses (piezas de artillería) incompletos.
Esa es la tesis que maneja la Fiscalía General para acusar a dos exministros de Defensa, al expresidente del partido Arena, dos jefes militares y otra persona ; de supuestos actos de corrupción en el trueque o permuta de armamento entre el Ministerio de Defensa y la empresa Centrum. Por esos supuestos actos de corrupción, el Estado perdió $2,051,893,00, según la Fiscalía.
El Ministerio Público presentó ayer tarde la acusación en contra de los exministros de Defensa, David Munguía Payés y Atilio Benítez; así como, el representante legal de la empresa, Gustavo López Davidson.
También son acusados el coronel Manuel de Jesús Romero y Héctor Abel Herrera Mejía, este último gerente general de Centrum.
El general Rafael Melara Rivera es considerado como prófugo de la justicia. La Fiscalía General informó que Melara Rivera se encuentra fuera del país.
La acusación fue presentada en el Juzgado Quinto de Paz, que programó la audiencia inicial para el miércoles próximo. Los fiscales del caso explicaron que han pedido al referido juzgado que les ordene la detención preventiva a los cinco acusados presentes y que le gire la orden de captura al ausente.
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La investigación fiscal detalla que el exministro de Defensa, Atilio Benítez, fue el encargado de firmar el contrato de permuta (cambio de algo por otra cosa) de armas obsoletas o en mal estado con la empresa Centrum a cambio de dos obuses (piezas de artillería).
El contrato establecía que Defensa le daría 14,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, 2,706,472 cartuchos calibre 7.62, y 9,800 repuestos para fusil G-3 en mal estado. Todo con un valor de $2,051,893,00.
A cambio de ese armamento obsoleto, Defensa recibiría dos obuses (piezas de artillería) M-71 nuevos calibre 155 mm., un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un jack de 20 toneladas, una engrasadora automática a presión.
“Ahí lo que tenemos es una gran cantidad de hierros retorcidos y que lo más que pueden valer es por el precio que pueden dar por la fundición”, dijo uno de los fiscales del caso.
En ese sentido, la Fiscalía acusa a López Davidson de haber entregado al Ministerio de Defensa dos obuses “repotenciados”, es, decir, que para la representación fiscal esas piezas estaban en “mal estado operacional” y accesorios faltantes.
Además habría incumplido con la capacitación al personal del Ministerio de Defensa, tal como está en el contrato, según la Fiscalía.
Señala que los representantes legales de las empresas invitadas a la permuta resultaron ser empleados de López Davidson en Centrum.
También se incrimina a Benítez de haber autorizado que se incluyeran 2,441 pistolas ametralladoras FMK-3 nuevas, las cuales no eran parte del armamento permutado, según el contrato, dijo la Fiscalía.
Lo anterior a pesar de que le advirtieron a Benítez que solo incluyera el armamento obsoleto y en mal estado por el revalúo que se haría en agosto de 2011.
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La acusación fiscal señala que Munguía Payés autorizó las primeras modificaciones al contrato con la empresa Centrum en cuanto a reducir de 36 a 24 meses el plazo de la fianza del cumplimiento de contrato.
Además la Fiscalía lo señala de haber ordenado que se modificara la recomendación del Jefe del Estado Mayor de rechazar la oferta de los obuses “repotenciados” que les hiciera la empresa Centrum.
A un mes de vencerse el plazo de la fianza de cumplimiento de contrato, Munguía Payés otorgó una prórroga al plazo del contrato, por lo que en una resolución aparece tres meses y en la otra diez meses , pero en la misma resolución.
Además permitió que se venciera la fianza de $2,051,893,00, a pesar de que supuestamente sabía de que “los obuses no eran funcionales”.
El general Rafael Melara en un principio suscribió un oficio en el que recomendaba que se rechazara la oferta de la empresa Centrum sobre los obuses repotenciados. Sin embargo, Melara insertó una recomendación contraria a la original.